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Paro agrario–anti minero da tregua ante promesa de instalación de una mesa de diálogo en Ayacucho

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En una jornada cargada de movilizaciones y tensiones, la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho, se convirtió en el epicentro de una movilización sin precedentes. Por la defensa del agua, el territorio y los derechos de las comunidades campesinas, miles de ciudadanos se unieron al llamado del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) para expresar su rechazo a la actividad minera en la provincia de Vilcas Huamán.

El punto de inflexión se alcanzó tras una reunión en el Gobierno Regional de Ayacucho, donde importantes figuras como el gobernador Wilfredo Oscorima Núñez, el alcalde de Vilcashuamán Maximiliano Córdova Quispe y el consejero regional Vidal Palomino Cárdenes, entre otros, acordaron una serie de medidas que buscan canalizar las demandas de la población.

El acuerdo más destacado fue la gestión ante la Presidencia del Consejo de Ministros para la creación e instalación de una Mesa Técnica de Desarrollo Territorial. Esta gestión que se comprometió realizar el polémico y alicaído gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, está prevista para el 27 de mayo.

Inicio: Paro provincial en Vilcas Huamán se realizó el 15 de mayo de 2024.

La formalización del espacio de diálogo a través de un acto resolutivo por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, permitirá abordará temas cruciales en defensa del sector agrario y la protección de las fuentes de agua, especialmente en zonas como la provincia de Vilcas Huamán y Huanta, donde la explotación minera amenaza las cuencas hidrográficas que permiten irrigar campos de cultivo de frutales, pan llevar y la pastos para la ganadería.

Asimismo, se acordó que la instalación de la mesa de trabajo se realice el 31 de mayo para atender las demandas específicas de la provincia de Vilcas Huamán, incluyendo proyectos de infraestructura vital como la construcción del puente en el tramo Sayacc-Mallocc, éste último tema habría sido introducido arteramente por los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho con la complicidad del presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, con la finalidad de obtener recursos para la ejecución de dicha obra, a través de los formas de licitación que les caracteriza a la gestión regional calificada de corrupta por la mayoría de la población de Ayacucho, por estar comprendido en las investigación del caso Rolex juntamente con la presidenta Dina Boluarte.

La congresista ayacuchana Margot Palacios Huamán expresó su solidaridad con los pobladores que acatan el paro agrario y destacó la importancia de escuchar las demandas legítimas de las comunidades. Además, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para priorizar el diálogo y la búsqueda de consensos a fin de acabar con actividades minaras que afectan la agricultura y ganadería en Vilcas Huaman y Huanta. Por otro lado, consideró que se debe encontrar un equilibrio justo entre las actividades económicas y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Al mismo tiempo de anunciar que, había presentado el Proyecto de Ley 7680 destinada a proteger los recursos hídricos, reflejando el compromiso de las comunidades locales en la preservación del medio ambiente y en la garantía de agua para las futuras generaciones.

El paro de 72 horas, que concluyó hoy, sin desarrollarse el tercer día, fue respaldado por alrededor de 3 mil personas y contó con el apoyo de diversas organizaciones sociales y comunidades campesinas. Entre las principales demandas se encuentran la cancelación de la actividad minera en la región, la declaración de zonas intangibles en las cabeceras de cuenca hidrográfica y la entrega del derecho del suelo y subsuelo a las comunidades.

La medida de fuerza fue precedida por una mesa de trabajo realizada el 25 de abril en Vilcas Huamán, que contó con la presencia de los congresistas Margot Palacios y Alex Flores, donde se acordó el paro de 72 horas de los días 21, 22 y 23 de mayo, como respuesta a la falta de atención del gobierno nacional a las demandas de la población. La ausencia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue criticada por los manifestantes, quienes exigieron su intervención en el conflicto.

Tras intensas negociaciones, se logró la firma de un acta que marca el inicio de una tregua, con el compromiso de instalar la Mesa Técnica de Desarrollo Territorial y atender las demandas de la provincia de Vilcas Huamán. Sin embargo, la población permanece vigilante y lista para retomar medidas de protesta si no se cumplen los acuerdos alcanzados en esta histórica jornada de movilización y diálogo.

Fuente: Web y redes de noticias

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Estudiantes toman campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en rechazo a medidas privatistas

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El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.

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Dirigentes agrarios denuncian presunto cobro de cupos en el PROVRAEM

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El dirigente social Nelson Palomino La Serna denunció que presuntamente se estarían cobrando cupos laborales para acceder a puestos en el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM). Según indicó en declaraciones a radio Studiovraem, una persona identificada como “María” estaría vinculada a estas prácticas y afirmó contar con audios que sustentarían sus señalamientos.

Por otro lado, el exsecretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), Julián Pérez Mallqui, cuestionó la designación de Rogelio Huamani Carbajal como director ejecutivo del PROVRAEM. Aseguró que su nombramiento habría sido “apadrinado” y que la dirigencia actual de la Fepavrae tendría conocimiento de esa situación.

Asimismo, Pérez criticó el rol del sindicato de la entidad, al que acusó de mantener acuerdos con directivos designados. Ante ello, solicitó que la dirigencia de la Fepavrae convoque a una reunión con representantes de la cuenca del VRAEM para evaluar medidas frente a estas presuntas irregularidades.

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Congreso peruano amplía plazo de afiliación partidaria para elecciones subnacionales de 2026

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La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el 9 de septiembre de 2025 una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía hasta el 30 de noviembre de 2025 el plazo para que nuevos militantes puedan afiliarse a partidos políticos y postular en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026. La propuesta, respaldada por bancadas como Podemos Perú y Renovación Popular, busca incrementar la participación ciudadana y renovar los liderazgos políticos a nivel local.

El dictamen, que requiere aún la aprobación del Pleno del Congreso, permitiría postular a personas que se afilien después del plazo original del 16 de junio de 2025, siempre que no mantengan múltiples afiliaciones. La medida aplica exclusivamente para los comicios subnacionales, pues el plazo para las Elecciones Generales de abril de 2026 venció en julio de 2024.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han manifestado preocupación por posibles afectaciones al calendario electoral y a la seguridad jurídica del proceso. Ambos organismos exhortaron al Legislativo a garantizar la estabilidad de las normas electorales mientras se debate la iniciativa parlamentaria.

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