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Piden 34 años de cárcel para Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

La situación legal de Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, se agrava conforme avanza el proceso judicial en su contra. El lunes 9 de septiembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa del exmandatario y sus coacusados, quienes habían solicitado el archivo de la acusación por considerar que los hechos no constituían delitos.
Esto significa que Castillo deberá enfrentar un juicio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, vinculados al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El camino hacia el juicio
La decisión del juez Checkley Soria es categórica: Pedro Castillo será juzgado por los intentos de disolver el Congreso y reestructurar el sistema de justicia peruano mediante un autogolpe, un episodio que conmocionó al país y terminó con su destitución y arresto.
La acusación formal de la Fiscalía solicita una condena de 34 años de prisión para el expresidente, basándose en delitos como rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esta decisión no admite apelación, lo que garantiza que el juicio avanzará en las próximas semanas.

Además de Castillo, el proceso involucra a otros altos funcionarios de su gobierno, incluyendo a la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, el exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, y tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP): Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada. Todos ellos enfrentarán cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado.
La defensa de Castillo argumentó que el delito de rebelión requiere el uso de armas y una alteración violenta del orden público, algo que, según ellos, no ocurrió el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el juez Checkley determinó que estos argumentos deben ser evaluados durante el juicio público, no a través de un recurso de sobreseimiento.
Delitos y penas solicitadas
La Fiscalía ha solicitado las siguientes penas para los acusados:
- Pedro Castillo Terrones: 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
- Betssy Chávez: 25 años de prisión por su rol en la ejecución del fallido golpe.
- Roberto Sánchez y Willy Huerta: Penas de hasta 25 años de prisión.
- Aníbal Torres: 15 años de prisión por conspiración.
- Los oficiales PNP Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada también enfrentan cargos por su participación en los hechos.
Próximos pasos en el proceso judicial
El 17 de septiembre está programada la participación de los testigos, y tras ello se fijará la fecha para el inicio formal del juicio contra Castillo y los demás implicados. Este es solo uno de los procesos que enfrenta el expresidente. Aparte de los cargos de rebelión y conspiración, Castillo también está siendo investigado por otros graves delitos, como organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El juez Checkley dejó claro que las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como los cuestionamientos de la defensa, deben ser debatidos en el juicio. De esta manera, el sistema judicial peruano se encamina a uno de los juicios más importantes y simbólicos de su historia reciente, marcado por las consecuencias de un gobierno que terminó de forma abrupta y polémica.
La caída de Castillo
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República y anunció la reorganización del sistema judicial, acciones que fueron ampliamente rechazadas tanto por el poder legislativo como por la sociedad civil. Horas después, fue detenido y destituido de la presidencia por «incapacidad moral permanente», siendo reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Desde entonces, Castillo ha mantenido su inocencia y ha denunciado que su destitución fue parte de un complot en su contra. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen declaraciones de testigos y grabaciones de las reuniones previas al intento de golpe, complican su situación legal.

El impacto político
El juicio contra Pedro Castillo no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. Los exministros y altos mandos policiales que lo acompañaron durante su gestión también están bajo la lupa, lo que ha generado una profunda división en la opinión pública peruana. Mientras que sus seguidores consideran que Castillo es víctima de una persecución política, sus detractores lo ven como un ejemplo de la fragilidad democrática que debe ser castigada.
Con el juicio a la vuelta de la esquina, el destino de Pedro Castillo y de los funcionarios que lo respaldaron en uno de los momentos más oscuros de la política peruana se definirá en los tribunales. El país sigue atento al desarrollo de un proceso que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción y los intentos de subvertir el orden constitucional en Perú.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.














