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EL ANTIFUJIMORISMO NEOLIBERAL: UNA BANDERA VACÍA FRENTE AL PODER REAL

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Lima, 21 de abril de 2026.- El antifujimorismo en el Perú nació como una causa legítima del pueblo frente a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la década de 1990, la cual dejó víctimas en el contexto del conflicto armado interno, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A ello se sumó la instalación de una red de corrupción estructural desde el aparato estatal. Sin embargo, lo que hoy se presenta como antifujimorismo en amplios sectores políticos y mediáticos ha mutado hacia una versión domesticada: un antifujimorismo neoliberal que denuncia el autoritarismo, pero preserva el modelo económico instaurado en los años noventa.

Este fenómeno se sostiene sobre una base social concreta. De acuerdo con el INEI, una gran mayoría de la población peruana se encuentra en condiciones de informalidad laboral, que supera el 70% a nivel nacional, mientras que la riqueza continúa altamente concentrada en los sectores de mayores ingresos. A pesar de esta realidad, partidos progresistas y socialdemócratas —denominados coloquialmente como “caviares”— han sostenido un discurso antifujimorista que evita cuestionar estas brechas estructurales, defendiendo la Constitución de 1993 y el modelo de libre mercado como pilares fundamentales, o proponiendo reformas limitadas que no alteran los intereses del gran capital, especialmente el de origen transnacional.

En los procesos electorales recientes, esta contradicción se ha hecho evidente. En el año 2001, el antifujimorismo permitió la llegada al poder de Alejandro Toledo con el respaldo de sectores de la derecha neoliberal. En el 2011, este mismo bloque se articuló en torno a la candidatura de Ollanta Humala para frenar a Keiko Fujimori, logrando una victoria por un estrecho margen. En 2021, el antifujimorismo volvió a activarse —con tensiones internas— en apoyo a Pedro Castillo, quien obtuvo más de 8.8 millones de votos en segunda vuelta, con un respaldo decisivo de las regiones del sur andino. No obstante, dicho apoyo no implicó una adhesión real a un programa de transformación estructural, pues sectores del antifujimorismo neoliberal ocuparon espacios clave en el Ejecutivo, aprovechando la debilidad organizativa y técnica del nuevo gobierno.

Una vez en el poder, el gobierno de Castillo enfrentó el cerco de estos mismos sectores, expresado en gremios empresariales, grandes medios de comunicación y tecnócratas, que bloquearon iniciativas orientadas a cambios constitucionales o a una redistribución más equitativa de la riqueza. La defensa cerrada del “modelo” evidenció que, para estos actores, el problema nunca fue el neoliberalismo instaurado durante el fujimorismo, sino únicamente sus formas autoritarias de ejercicio del poder, relativizando incluso los niveles de corrupción asociados a dicho periodo.

Actualmente, el antifujimorismo neoliberal se encuentra nuevamente en proceso de articulación política tras los resultados de las elecciones generales del 12 de abril, bajo el argumento de representar un “cambio tecnocrático” y sin sobresaltos. Sin embargo, esta narrativa ignora las demandas históricas del interior del país, que exigen, en primer lugar, un cambio constitucional, seguido de un nuevo modelo económico más inclusivo y una mayor soberanía sobre los recursos naturales. Según los resultados oficiales de la ONPE y el JNE, la candidata Keiko Fujimori habría pasado a una nueva segunda vuelta con alrededor del 17% de los votos, enfrentándose a Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y representante de sectores vinculados al castillismo, el nacionalismo y corrientes de izquierda popular del interior del país. En este contexto, el eventual respaldo al antifujimorismo no debería responder a cuotas de poder burocrático, sino a un compromiso real con las transformaciones que demanda la mayoría, evitando repetir décadas de continuidad tecnocrática antifujimorista pero neoliberal.

Desde una perspectiva territorial, el antifujimorismo neoliberal presenta un marcado carácter limeño. En Lima, donde se concentra más del 30% del electorado nacional, este discurso tiene mayor influencia mediática y política. En contraste, en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac o Cusco, donde los niveles de pobreza y exclusión siguen siendo significativamente altos, el antifujimorismo adquiere un carácter más radical, vinculado a demandas históricas como la asamblea constituyente, la nacionalización de recursos estratégicos y la justicia social.

El problema de fondo es político: el antifujimorismo neoliberal no construye poder popular ni una alternativa sostenida de gobierno del pueblo. Se limita a constituir una coalición reactiva, un “anti” que se activa en coyunturas electorales, pero que no transforma las condiciones materiales de la mayoría. Esto explica por qué, a pesar de haber frenado electoralmente al fujimorismo en diversas ocasiones, no ha logrado reducir de manera significativa la desigualdad ni fortalecer la representación política de los sectores históricamente excluidos.

En conclusión, el antifujimorismo neoliberal en el Perú resulta insuficiente frente al momento histórico que atraviesa el país. Sin una ruptura con el modelo económico que reproduce la desigualdad, su discurso pierde legitimidad ante una ciudadanía que exige cambios reales. El desafío no es únicamente derrotar al fujimorismo en las urnas, sino construir un proyecto político capaz de enfrentar las raíces estructurales del problema: la concentración del poder económico, la exclusión social y la limitada soberanía popular.

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Roberto Sánchez retoma la campaña de segunda vuelta en Lima

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, retomó este sábado 9 de mayo su campaña de segunda vuelta en Lima con un multitudinario mitin en Huaycán, uno de los bastiones históricos de organización popular de la capital. Acompañado por dirigentes de su partido, autoridades locales, representantes de organizaciones sociales y simpatizantes de Lima Este, el postulante aseguró ante la multitud que “el tramo final de la victoria del pueblo ha comenzado”.

Durante su discurso, Sánchez defendió la legitimidad de los votos obtenidos en las zonas rurales y urbanas populares, y advirtió sobre presuntos intentos de desconocer los resultados electorales. “No quieren reconocer el voto popular; hay quienes pretenden anular el voto de los centros poblados porque dicen que no nos representan”, afirmó. También hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse movilizados para “defender cada voto” y garantizar el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En el acto, el candidato anunció la conformación del denominado “Frente Patriótico y Popular”, una alianza que, según explicó, convocará a fuerzas de centro e izquierda con el objetivo de construir una mayoría parlamentaria y asegurar gobernabilidad desde el 28 de julio. Señaló que su eventual gestión buscará evitar el enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Congreso que ha marcado la política nacional en los últimos años.

Sánchez ratificó además los principales ejes de su propuesta de gobierno: la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, la reforma integral del sistema de justicia y una política de mayor soberanía sobre los recursos naturales. “El gas y los minerales deben servir primero a los peruanos y al desarrollo de nuestras comunidades”, sostuvo.

El líder de Juntos por el Perú también recordó a las víctimas de las protestas sociales de los últimos años y prometió justicia para sus familias. Con este mitin en Huaycán, acompañado de banderas, pancartas y consignas de respaldo, Sánchez buscó relanzar su campaña en la capital y consolidar el apoyo del electorado popular limeño de cara al balotaje del 7 de junio frente a Keiko Fujimori.

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ONPE al 99.2%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan oficialmente a la segunda vuelta

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Lima, 8 de mayo de 2026.- En una actualización decisiva que marca el cierre del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, al 99.210% de actas contabilizadas, los resultados de las Elecciones Generales 2026 son virtualmente irreversibles. Según el reporte emitido a las 20:41 horas de hoy, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán en el balotaje presidencial el próximo domingo 7 de junio.

La lideresa del fujimorismo consolidó su primer lugar con un total de 2’854,010 votos, lo que representa el 17.161% de los votos válidos. Con esta cifra, Fujimori asegura su cuarta participación consecutiva en una segunda vuelta, manteniendo una base electoral sólida a pesar de la alta fragmentación que caracterizó este proceso, donde participaron más de una treintena de fórmulas presidenciales.

Por su parte, Roberto Sánchez logró asegurar el segundo cupo para el balotaje tras una reñida competencia que se definió en el tramo final del escrutinio. Sánchez, quien recibió un respaldo mayoritario en las regiones del sur y el centro del país, desplazó a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. El candidato de Renovación Popular culminó su participación con 1’980,890 votos, equivalentes al 11.911% de la votación válida, una diferencia que el organismo electoral ya califica como definitiva dada la escasez de actas pendientes de resolución.

El informe técnico de la ONPE detalla que, de las 92,766 actas totales, ya no quedan actas pendientes de procesamiento (0%). Solo resta un mínimo 0.790% de actas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión por observaciones, un porcentaje que, según expertos electorales, no tiene posibilidad matemática de alterar las posiciones de los dos primeros puestos.

Con el panorama electoral despejado, el Perú se encamina a una nueva etapa de campaña proselitista que durará menos de un mes. Ambos candidatos han iniciado los acercamientos con otras fuerzas políticas para sumar respaldos en un escenario donde el voto nulo y blanco también tuvo una presencia importante. La ONPE ha exhortado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se prepara el despliegue logístico para la jornada definitiva de junio.

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Operación “Impacto”: rescatan a ocho mineros secuestrados en Pataz tras enfrentamiento armado

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En una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ocho trabajadores mineros secuestrados por una organización criminal fueron rescatados en una bocamina del sector Los Alisos, en el centro poblado de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención, denominada “Impacto”, se ejecutó tras varios días de labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar donde permanecían retenidos.

Durante el operativo se produjo un intenso enfrentamiento armado, luego de que los delincuentes abrieran fuego contra las fuerzas del orden para impedir el rescate. Como resultado, cuatro militares resultaron heridos de bala y fueron evacuados de emergencia al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables, según el último reporte médico.

Este nuevo episodio refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta Pataz, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado. Las bandas que operan en la zona utilizan armamento de largo alcance y recurren al secuestro y la extorsión para consolidar su control sobre las bocaminas con alta producción de oro.

Pese al rescate, pobladores y representantes del sector minero han expresado su preocupación por la persistencia de la violencia, a pesar de los sucesivos estados de emergencia decretados en la provincia. El sector Los Alisos es considerado uno de los puntos más críticos por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior informaron que las operaciones en Pataz continuarán de manera sostenida hasta desarticular a las bandas delictivas que mantienen en zozobra a la región. En tanto, los ocho trabajadores rescatados reciben atención médica y apoyo psicológico antes de reencontrarse con sus familiares.

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