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Agricultura

CGTP y gremios agrarios rechazan «Ley Chlimper 2.0»: advierten grave impacto en soberanía alimentaria y privilegios fiscales para agroexportadoras

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A menos de dos semanas para el cierre de la actual legislatura, el Congreso de la República evalúa aprobar el dictamen de la polémica «Ley Chlimper 2.0», una propuesta que busca reducir sustancialmente la carga tributaria de las grandes empresas agroexportadoras. La iniciativa ha sido duramente criticada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y diversos especialistas, quienes advierten que la norma no solo desfinanciaría al Estado, sino que también representa una amenaza directa a la soberanía alimentaria del país.

Beneficios para unos pocos, costo para todos

Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por bancadas afines al modelo agroexportador, la ley propone mantener hasta 2035 una tasa reducida del Impuesto a la Renta del 15% para las empresas del sector, congelar los aportes patronales a EsSalud en 6% y extender beneficios como la devolución anticipada del IGV, la depreciación acelerada y la exoneración del ITAN. Además, introduce un crédito tributario por reinversión del 20%, aplicable hasta el 70% de las utilidades anuales.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la aprobación del proyecto representaría un costo fiscal de S/1.850 millones anuales y hasta S/20.000 millones en una década. Estos recursos dejarían de invertirse en sectores clave como salud, educación o infraestructura rural.

Congresistas de la derecha peruana pretenden aprobar la denominada «Ley Chlimper 2.0»

Soberanía alimentaria en riesgo

Para gremios agrarios como Conveagro, la medida profundiza el desequilibrio entre el agro exportador y la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos que consume el país. “La ley es un golpe mortal a la soberanía alimentaria. Se privilegia a grandes corporaciones que exportan espárragos, arándanos o paltas, pero se deja en el abandono a los pequeños productores que abastecen los mercados locales”, señalaron.

Además, advierten que el modelo agroexportador prioriza cultivos intensivos en agua en regiones afectadas por el estrés hídrico, como Ica y La Libertad, y se desarrolla en detrimento de ecosistemas frágiles, afectando a comunidades campesinas y a los recursos naturales.

Desprotección laboral y favorecimiento empresarial

La CGTP denunció que el dictamen busca reinstaurar privilegios tributarios para conglomerados empresariales como Camposol, Danper o Cerro Prieto, que concentran más del 90% de los ingresos del sector. En paralelo, el 94% de los trabajadores agrarios mantienen contratos temporales, lo que impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita la libertad sindical, actualmente en un mínimo histórico del 2%.

“El Congreso pretende beneficiar a quienes más tienen, sin exigirles compromisos laborales, ambientales ni sociales. Se trata de un régimen hecho a la medida del gran capital agroexportador”, indicó el gremio sindical en un pronunciamiento.

La Ley no solo favorece a las empresas agroindustriales sino atenta contra los derechos laborales de los trabajadores agrarios

¿Reforma agraria o retroceso fiscal?

El dictamen ha sido presentado como parte de una “nueva reforma agraria” por sus impulsores en el Legislativo. Sin embargo, expertos como Eduardo Zegarra y Fernando Cuadros han cuestionado esta narrativa. “No hay reforma agraria cuando se premia al gran agro sin tocar los problemas estructurales de la pequeña agricultura. Esta es, en realidad, una contrarreforma tributaria”, sentenció Cuadros.

Aunque su debate en el Pleno fue postergado, la Comisión Permanente —que retiene facultades legislativas— mantiene la norma en agenda, alimentando las sospechas de una aprobación apresurada antes del receso parlamentario.

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Congreso avanza con inhabilitación de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

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Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.

El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.

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Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

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Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.

El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.

La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.

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Agricultura

Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

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La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.

El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.

Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.

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