En el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, las comunidades campesinas han alzado su voz contra la presencia de la minera Southern Copper Corporation, denunciando que ni la empresa ni el Estado peruano han atendido sus demandas. Los comuneros, que dependen de la agricultura y la ganadería como pilares de sus actividades ancestrales y su subsistencia, aseguran que las operaciones mineras están afectando gravemente sus tierras, fuentes de agua y medios de vida. La falta de diálogo y soluciones concretas llevó a los pobladores a manifestar su descontento de manera contundente, incendiando el campamento minero de Choquemarca el pasado 14 de marzo.

Los habitantes de Tapairihua dejaron claro que no desean abandonar sus prácticas agrícolas y ganaderas, profundamente arraigadas en su cultura e identidad, para dar paso a proyectos extractivos que, según ellos, solo benefician a la empresa minera y no a sus comunidades. Denuncian que las actividades de Southern Copper Corporation han contaminado sus recursos hídricos y degradado las tierras que han trabajado por generaciones, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su forma de vida.

El incidente ocurrió en horas de la mañana de ese día, cuando los comuneros, en un acto de desesperación, prendieron fuego al campamento minero. Según Radio Titanka, los pobladores también han iniciado un paro indefinido, bloqueando carreteras y organizando movilizaciones para exigir el retiro definitivo de la minera de sus territorios. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales no han mostrado avances significativos en atender las preocupaciones de las comunidades ni en establecer un diálogo genuino que respete sus derechos y prioridades.

Por su parte, la respuesta del Estado ha sido meramente policiaca. Más de 20 efectivos policiales destacados en la zona se vieron superados por los manifestantes y tuvieron que retirarse hacia el sector de Masupama, donde fueron apoyados por otro contingente policial. Un equipo de fiscales y policías se trasladó al área para investigar los daños y denunciar a los comuneros, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre medidas concretas para abordar las demandas de los comuneros.

Este conflicto pone en evidencia la histórica desatención del Estado peruano y de empresas privadas como Southern Copper Corporation hacia las comunidades campesinas, que solo buscan proteger sus territorios y recursos naturales. La ausencia de soluciones reales y el menosprecio a las actividades tradicionales de Tapairihua han generado un clima de tensión que amenaza con escalar aún más, mientras las familias campesinas continúan defendiendo su derecho a vivir de la tierra que han trabajado durante siglos.

El paro indefinido de los agricultores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay (Arequipa), contra los proyectos mineros Tía María y La Tapada de Southern Copper Corporation, ha tomado un nuevo impulso con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato de Construcción Civil.

Este apoyo se materializará a partir del jueves 6 de febrero y se extenderá hasta el domingo 9 de febrero, en una medida que busca fortalecer la lucha contra la minería, que en la zona, amenaza impactar negativamente contra la principal actividad económica de la zona, la agricultura, al contaminar los recursos hídricos, los suelos y las personas que viven en la zona.

Tras una reunión realizada en el distrito de Cocachacra, las bases del Sindicato de Construcción Civil de la provincia de Islay acordaron sumarse al paro indefinido en rechazo a la «pretendida imposición» de los proyectos mineros. Los directivos de las diferentes bases se comprometieron a organizarse en sus localidades para brindar apoyo a los agricultores, quienes llevan más de 15 días en pie de lucha en defensa de los recursos naturales y el importante valle agrícola del departamento de Arequipa.

Firmeza en la lucha y críticas al gobierno

Los dirigentes del Valle de Tambo no han dudado en calificar de «traidora» a la presidenta Dina Boluarte, recordando que, durante su campaña como candidata vicepresidencial de Pedro Castillo en 2021, firmó un acta comprometiéndose al «retiro inmediato de Southern Perú de la provincia de Islay» y a la «cancelación definitiva del proyecto Tía María y La Tapada». Este documento, firmado en el Club Apurímac de Lima, también incluía la promesa de garantizar el desarrollo de la agricultura y el turismo en la zona.

«Ahora quiere mina. Cuando fue candidata estuvo en Cocachacra y mencionó que era importante la agricultura», señalaron los dirigentes, quienes aseguraron que mantendrán su lucha y convocarán a los agricultores a tomar acciones más contundentes.

Asamblea popular y medidas de fuerza

Miguel Meza Igme, vocero del Valle de Tambo, anunció que este miércoles 5 de febrero se realizará una asamblea popular en el sector del Boquerón a las 2:00 p.m. En esta reunión, se habrían tomado acuerdos importantes sobre la medida de huelga indefinida, que ya supera los 15 días. Entre las propuestas que se discutieron está la paralización total de la provincia de Islay durante cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo.

Preocupación por el medio ambiente y la agricultura

Luis Masco Cáceres, otro dirigente de Mollendo, reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la agricultura en el Valle de Tambo. Subrayó que la actividad agrícola es la principal fuente de sustento para los pobladores y advirtió sobre los efectos negativos que la minería podría tener en la calidad de la tierra y el agua. «La expansión minera amenaza con afectar gravemente nuestros recursos naturales», afirmó.

Por su parte, el alcalde distrital de Cocachacra, Abel Suarez Ramos, no dudó en calificar a Southern Copper Corporation como una «empresa miserable» que «ni siquiera quiere pagar impuestos». Además, denunció que la empresa no ha socializado adecuadamente su proyecto Tía María en el Valle de Tambo, lo que ha generado un rechazo generalizado en la población.

Rechazo a la minería y llamado a la unidad

El rechazo a los proyectos mineros en el Valle de Tambo sigue siendo unánime entre los agricultores y la población local. La empresa minera habría trasladado su centro de operaciones a la ciudad de Arequipa debido a la fuerte oposición en la zona. Sin embargo, los manifestantes han dejado claro que no cederán en su lucha y que continuarán defendiendo su tierra y recursos naturales.

Con el respaldo de la CGTP y Construcción Civil, el paro indefinido en el Valle de Tambo se perfila como una de las movilizaciones más significativas en la lucha contra la minería irresponsable en el sur del Perú, porque no necesariamente se cuestiona la minería en sí no, los impactos negativos que generará este tipo de explotación. La población espera que su voz sea escuchada y que se respeten sus derechos sobre un territorio que consideran vital para su subsistencia y desarrollo.

El paro en Tambogrande, Piura, contra el proyecto minero El Algarrobo de la Compañía de Minas Buenaventura, culminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dos personas resultaron heridas, una de gravedad, y cinco agricultores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de El Obrero en Sullana, donde se les impidió acceso a sus abogados, según denuncias de defensores de derechos humanos.

El proyecto El Algarrobo, que busca explotar yacimientos de cobre y otros minerales en la región, ha sido rechazado por las comunidades locales, quienes temen que la minería contamine sus fuentes de agua y afecte la agricultura, principal actividad económica de la zona.

Este rechazo no es nuevo: en 2002, Tambogrande realizó una consulta popular en la que el 98% de la población votó en contra de un proyecto minero similar, priorizando la protección de sus tierras y recursos naturales.

Durante las protestas, las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba se sumaron al paro, recordando que en 2007 también rechazaron la minería mediante consultas populares. Los dirigentes advirtieron que, de persistir los intentos de imponer proyectos mineros, convocarán una marcha regional para defender las nacientes de agua del Alto Piura, vitales para la agricultura y el ecosistema.

Los abogados de los detenidos denunciaron que la PNP limitó su derecho a la defensa, violando garantías constitucionales. “No nos permiten ver a nuestros representados. Esto es una criminalización de la protesta social”, declaró uno de los letrados.

Buenaventura, una de las mayores empresas mineras del Perú, ha enfrentado críticas por conflictos sociales y ambientales en otros proyectos. Los pobladores de Tambogrande exigen que se respete su decisión de priorizar la agricultura y piden al gobierno y a la empresa que detengan el avance del proyecto minero.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su firmeza en la defensa de sus tierras y recursos, dispuestas a continuar movilizándose si sus demandas no son atendidas.