El Congreso de la República del Perú aprobó hoy, 14 de agosto de 2025, en segunda votación, la nueva Ley Agraria, conocida como «Ley Chlimper 2.0», con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. La norma, que reduce el Impuesto a la Renta de 29.5% a 15% para agroexportadoras con ventas superiores a S/ 8.4 millones hasta 2035, ha desatado críticas por sus potenciales efectos negativos en los trabajadores agrarios y los pequeños y medianos agricultores.

Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y Conveagro advierten que la ley profundiza la precariedad laboral y la desigualdad en el sector, favoreciendo principalmente a grandes empresas agroexportadoras nacionales y foráneas.

Los trabajadores agrarios enfrentan un panorama preocupante, ya que la ley perpetúa condiciones laborales precarias, como contratos temporales para el 94% de los empleados del sector, bajos salarios y aportes reducidos a EsSalud (4% frente al 9% estándar), según Fentagro. Además, se critica la debilitación de la fiscalización laboral de SUNAFIL, lo que podría agravar abusos en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un costo fiscal de S/ 1,850 millones anuales, lo que limita la inversión en servicios públicos esenciales como salud y educación, afectando directamente a las comunidades rurales donde operan estos trabajadores.

Para los pequeños y medianos agricultores, que representan el 97% de las unidades productivas y proveen el 80% de los alimentos para el mercado interno, la ley supone una amenaza a su competitividad. Conveagro y otros gremios denuncian que la norma desvía programas de apoyo, como Agroideas y Agromercado, hacia grandes agroexportadoras, desplazando a la agricultura familiar. Esto genera una competencia desleal que podría profundizar las brechas económicas y sociales, aumentando el riesgo de conflictos sociales. Los gremios exigen una revisión técnica y participativa para garantizar una política agraria equitativa que priorice la sostenibilidad y la inclusión.

En el corazón del distrito de Santiago de Pischa, en el centro poblado de Ccayarpachi, la congresista Margot Palacios fue recibida con flores, música y un profundo cariño por los comuneros, quienes ven en ella no solo a una autoridad, sino a una hija del pueblo que honra su palabra. Su visita, lejos de ser un acto protocolar, se convirtió en una muestra contundente de su compromiso inquebrantable con las comunidades andinas y las grandes mayorías.

En un contexto donde la política a menudo se desvía hacia intereses de poder, Palacios se distingue por su coherencia y su lucha arraigada en el socialismo andino-popular. Su presencia en las comunidades olvidadas reaviva la esperanza de un Estado más justo y humano, que priorice a las comunidades originarias, las mujeres campesinas, los jóvenes sin oportunidades y los agricultores que sostienen la vida desde la tierra.

“No he venido a prometer, sino a cumplir”, afirmó con convicción ante los pobladores, quienes reconocen en ella una lideresa que no ha cedido ante los poderes fácticos. Sus propuestas legislativas, enfocadas en la defensa de la tierra comunal, el agua como derecho y la autodeterminación de los pueblos, reflejan una vocación política que trasciende el escritorio y se construye en el camino, en las asambleas comunales y en la palabra cumplida.

El afecto del pueblo de Ccayarpachi, ganado con compromiso y consecuencia, es prueba de que Margot Palacios no ha abandonado a quienes representa. Su lucha, histórica y territorial, resuena en los rincones más profundos de la patria, donde las voces que exigen justicia, pan, tierra, educación y soberanía encuentran en ella una aliada incansable. Porque, como reza la sabiduría popular, el cariño del pueblo no se compra, se gana, y Margot Palacios lo ha conquistado con creces.

Puno, julio de 2025. La provincia de Melgar, en la región Puno, vive una crisis ambiental de graves proporciones debido a la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, la única fuente de agua para las comunidades rurales de la zona. Frente a la inacción del Ejecutivo, pobladores de distintos distritos realizaron esta semana una movilización pacífica en la ciudad de Puno para exigir la ejecución de los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la declaratoria de emergencia ambiental.

Los manifestantes, encabezados por autoridades locales y dirigentes comunales, señalaron que la contaminación —atribuida a los pasivos mineros de la empresa Aruntani S.A.C.— ha provocado un incremento alarmante en la mortandad de animales, así como la pérdida de cultivos y forraje, pilares de la economía agropecuaria en la provincia.

“El agua que consumen nuestras familias y nuestros animales tiene niveles de acidez altísimos. Esto está matando lentamente nuestra ganadería y nuestra salud”, denunció Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo.

El alcalde de Melgar, Russell Nilver Mamani, confirmó que los 61 millones de soles comprometidos por el Ejecutivo para la remediación ambiental aún no han sido ejecutados, pese a haberse anunciado hace varios años. “El gobierno nos ha fallado. Nos prometen soluciones pero no hacen nada. La situación es insostenible”, afirmó.

La protesta también se motivó por la inexplicable ausencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes habían sido convocados a una reunión con los dirigentes comunales para abordar la emergencia. Ante ello, las organizaciones otorgaron un **plazo de cinco días hábiles** para que las autoridades nacionales se trasladen a la provincia de Melgar y sostengan un diálogo en territorio.

De no obtener respuesta, las comunidades han advertido que retomarán una protesta indefinida a fin de visibilizar la situación y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones.

La cuenca del Llallimayo —ubicada en la zona altoandina de Puno— ha sido afectada durante más de una década por residuos mineros que han contaminado el agua, el suelo y los ecosistemas. Las consecuencias han sido devastadoras: pérdidas económicas irreparables, retroceso en la producción agropecuaria y riesgos crecientes para la salud pública.

Durante la movilización, los pobladores también exigieron la reactivación inmediata de la mesa técnica de la cuenca Llallimayo, que permanece inoperativa, así como un cronograma claro para la ejecución del proyecto de remediación ambiental. “No pedimos limosnas, exigimos justicia ambiental y respeto a nuestros derechos”, enfatizó uno de los dirigentes.