Tras una intensa jornada de diálogo en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo y autoridades regionales, provinciales y distritales de Moquegua alcanzaron acuerdos clave para resolver la problemática ambiental del río Coralaque y frenar el avance del proyecto minero Huatipuka, lo que permitirá levantar el paro regional que se venía desarrollando.

Entre los compromisos figura la entrega de expedientes técnicos de los estudios de mitigación antes de octubre, la instalación de una mesa de trabajo con comunidades y gobiernos locales, y la ejecución de un monitoreo ambiental semanal a la Unidad Minera Florencia Tucari. Asimismo, se gestionará de inmediato la declaratoria de emergencia por contaminación.

En cuanto al cuestionado proyecto minero Huatipuka, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) notificará mañana a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto sobre la admisión del recurso impugnatorio que suspende el procedimiento de revocatoria, impidiendo el avance de certificaciones y licencias municipales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) también anunció la conformación de una mesa ejecutiva para continuar negociaciones sobre el Fondo Social del proyecto San Gabriel, con miras a su aprobación en septiembre.

Un punto central del acuerdo fue el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reponer los 115 millones de soles recortados del presupuesto regional, garantizando así la ejecución de obras y servicios para el 2025.

Además, se estableció que en un plazo máximo de 15 días se realizará una reunión en Moquegua con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y ministros involucrados, a fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Con ello, las autoridades regionales anunciaron la suspensión del paro, abriendo paso a un seguimiento cercano de las acciones pactadas.

La congresista peruana Margot Palacios Huamán destacó en la II Cumbre Parlamentaria sobre Cambio Climático y Transición Justa de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia, con un discurso enérgico en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y originarios.

Palacios denunció los daños ambientales causados por empresas transnacionales, como el derrame de 12,000 barriles de petróleo de Repsol en Ventanilla en 2022, criticando la falta de remediación total y la inacción institucional. También señaló el impacto de proyectos extractivistas, como Las Bambas en Apurímac, que afectan a comunidades originarias y contaminan sus territorios, según informes del Ministerio de Salud y el OEFA.

Como presidenta de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso peruano, propuso iniciativas como la protección de cabeceras de cuenca, licencias sociales para proyectos extractivos y un fondo de contingencia para la remediación ambiental, aunque lamentó su bloqueo por sectores mayoritarios de la derecha en el Congreso peruano. Entre sus propuestas, destacó la creación de un banco público de innovación para financiar la reconversión ecológica y una ley marco de transición energética justa.

Condenando el negacionismo climático en la región, Palacios llamó a evitar que América Latina sea una “zona de sacrificio”. Su intervención reafirma su compromiso con un Perú sostenible, donde los recursos naturales beneficien primero a las comunidades y no a las grandes industrias foráneas.

Una nueva controversia ha surgido entre Colombia y Perú en torno a la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, cerca de la triple frontera con Brasil. El presidente colombiano, Gustavo Petro, avivó el debate al afirmar en su cuenta de X que “el gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia”, refiriéndose a la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del Congreso peruano en junio de 2024. Según Petro, esta acción violaría el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que define los límites fronterizos según el thalweg del río Amazonas. El mandatario anunció que la conmemoración de la Batalla de Boyacá se trasladará a Leticia, como gesto de reafirmación territorial, subrayando la importancia del acceso colombiano al río.

Por su parte, el gobierno peruano ha respondido con firmeza, defendiendo su soberanía sobre la isla. El canciller Elmer Schialer expresó sorpresa ante las declaraciones de Petro, sugiriendo que “probablemente no ha sido adecuadamente informado” y reafirmó que Santa Rosa forma parte del territorio peruano, conforme al Tratado Salomón-Lozano de 1922 y los acuerdos de 1929 que asignaron la isla de Chinería, de la cual Perú considera que Santa Rosa es una extensión. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú (ANGR) respaldó esta postura, destacando la presencia histórica de pobladores peruanos en la isla y llamando al diálogo a través de canales diplomáticos para evitar escaladas que afecten las relaciones bilaterales.
Ambos países han manifestado su compromiso con una resolución pacífica. La Cancillería colombiana aclaró que Santa Rosa, al ser una isla emergida tras 1929, no está formalmente asignada a ninguna de las dos naciones y abogó por una solución a través de una comisión binacional. Por su lado, Perú insiste en que no existe un conflicto limítrofe activo, ya que los tratados internacionales son claros, pero se mostró abierto a continuar el diálogo para promover la integración amazónica y el desarrollo de las comunidades fronterizas. Expertos como Óscar Vidarte, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, subrayan que la disputa refleja más un gesto político que una amenaza concreta, y destacan la importancia de mantener la cooperación en una región donde las poblaciones de Colombia, Perú y Brasil conviven en un entorno de intercambio cultural y comercial.