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Agricultura

Represión policial y detenciones en Tambogrande: Pobladores rechazan proyecto minero El Algarrobo de Buenaventura

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El paro en Tambogrande, Piura, contra el proyecto minero El Algarrobo de la Compañía de Minas Buenaventura, culminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dos personas resultaron heridas, una de gravedad, y cinco agricultores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de El Obrero en Sullana, donde se les impidió acceso a sus abogados, según denuncias de defensores de derechos humanos.

El proyecto El Algarrobo, que busca explotar yacimientos de cobre y otros minerales en la región, ha sido rechazado por las comunidades locales, quienes temen que la minería contamine sus fuentes de agua y afecte la agricultura, principal actividad económica de la zona.

Este rechazo no es nuevo: en 2002, Tambogrande realizó una consulta popular en la que el 98% de la población votó en contra de un proyecto minero similar, priorizando la protección de sus tierras y recursos naturales.

Durante las protestas, las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba se sumaron al paro, recordando que en 2007 también rechazaron la minería mediante consultas populares. Los dirigentes advirtieron que, de persistir los intentos de imponer proyectos mineros, convocarán una marcha regional para defender las nacientes de agua del Alto Piura, vitales para la agricultura y el ecosistema.

Los abogados de los detenidos denunciaron que la PNP limitó su derecho a la defensa, violando garantías constitucionales. “No nos permiten ver a nuestros representados. Esto es una criminalización de la protesta social”, declaró uno de los letrados.

Buenaventura, una de las mayores empresas mineras del Perú, ha enfrentado críticas por conflictos sociales y ambientales en otros proyectos. Los pobladores de Tambogrande exigen que se respete su decisión de priorizar la agricultura y piden al gobierno y a la empresa que detengan el avance del proyecto minero.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su firmeza en la defensa de sus tierras y recursos, dispuestas a continuar movilizándose si sus demandas no son atendidas.

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Congreso avanza con inhabilitación de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

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Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.

El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.

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Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

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Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.

El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.

La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.

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Agricultura

Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

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La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.

El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.

Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.

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