Pobladores de comunidades y anexos de Aymaraes se movilizaron el 22 de octubre para defender sus territorios comunales y rechazar la continuidad del proyecto minero. La protesta se suma a un conflicto socioambiental que enfrenta a la población con la empresa minera.

Chalhuanca, 23 de octubre de 2026 .– Pobladores del distrito de Tapairihua y sus anexos se movilizaron el jueves 22 de octubre de 2026 en la plaza de armas de Chalhuanca para exigir el retiro de Southern Perú de sus territorios comunales y el cese definitivo del proyecto minero Los Chancas, de acuerdo con la información difundida sobre la jornada de protesta.

La movilización reunió a pobladores de Tapairihua y de sus anexos Layme, Choccemarca, Ayllasana, Socco, Pallccora, Huayao, Mochocco, Ccoriray, Luychupata y Huipani. Los manifestantes expresaron su rechazo a la presencia de la empresa minera y reclamaron respeto a sus territorios comunales, en una disputa que pone en el centro la defensa de los derechos de las comunidades frente a los proyectos extractivos.

La jornada fue promovida por la Comunidad Campesina Indígena de Tapairihua y el Frente de Defensa del distrito. Entre los representantes señalados figura el presidente de la comunidad, Tito Tapia Pérez, quien participa en la representación de las demandas comunales, según la información proporcionada por los organizadores.

La exigencia de retirar a Southern Perú y detener Los Chancas no constituye un reclamo aislado. En marzo de 2025, la comunidad campesina de Tapairihua y sus anexos realizaron una paralización de 72 horas para exigir el retiro de la empresa y el cese de las actividades del proyecto en sus territorios. El conflicto ha estado vinculado a cuestionamientos sobre el uso de tierras comunales, la participación de las comunidades y las posibles afectaciones a los recursos hídric

Cusco, 11 de octubre de 2026.- Los focos de fuego continúan activos en sectores de Calca y La Convención. Las autoridades advierten sobre los riesgos de las quemas agrícolas, mientras reportes recientes evidencian que la emergencia sigue agravándose.

Cusco enfrenta una nueva jornada de alerta por los incendios forestales. Al 11 de octubre de 2026, la región acumula 298 siniestros, cinco personas fallecidas y más de 9.300 hectáreas destruidas, según el reporte oficial proporcionado para esta actualización. Las emergencias mantienen en riesgo la cobertura vegetal y los ecosistemas de distintas provincias.

Focos activos mantienen en alerta a las autoridades

Entre los sectores afectados figuran Accha Alta, en la provincia de Calca, y Mesarumiyoc, en La Convención, donde persisten emergencias que requieren vigilancia y acciones para contener el avance de las llamas. La continuidad de estos focos obliga a mantener la coordinación entre las autoridades y los equipos de respuesta.

La situación se produce en un contexto de incremento de los incendios durante las primeras semanas de octubre. El 9 de octubre, medios nacionales reportaron que Cusco registraba cerca de 280 siniestros en lo que iba del año, con cinco fallecidos y múltiples emergencias activas.

Las quemas agrícolas, un factor de riesgo

Las autoridades regionales han advertido que las prácticas humanas, especialmente la quema de terrenos y residuos agrícolas, están detrás de numerosos incendios forestales. El fuego puede propagarse fuera de las áreas previstas y alcanzar pastizales, bosques, cultivos y zonas habitadas.

Ante este escenario, se exhortó a la población a suspender las quemas agrícolas y evitar cualquier actividad que pueda originar nuevos focos de fuego. La prevención resulta clave para reducir el riesgo de más pérdidas humanas y daños ambientales, particularmente en zonas rurales donde el acceso de las brigadas puede ser complicado.

Cinco víctimas mortales en la región

El balance humano es uno de los aspectos más graves de la emergencia. Los reportes periodísticos publicados durante la primera semana de octubre identificaron entre las víctimas a tres adultos mayores y dos hermanos de 11 y 18 años, fallecidos en distintos incendios.

La pérdida de vegetación también compromete los hábitats naturales y los medios de vida de las comunidades rurales. La recuperación de las áreas afectadas dependerá de la magnitud de los daños y de las acciones posteriores de evaluación y restauración ambiental.

Prevención para evitar nuevas tragedias

Las autoridades insisten en que la población no debe iniciar quemas de pastizales, rastrojos ni residuos agrícolas. También es importante alertar de inmediato a los servicios de emergencia ante la aparición de humo o llamas, sin intentar combatir incendios de gran magnitud sin equipos ni capacitación.

La evolución de los siniestros en Calca y La Convención mantiene la atención sobre la capacidad de respuesta y la necesidad de reforzar la prevención en las comunidades. Cada quema evitada puede reducir la posibilidad de que el fuego se extienda y provoque nuevas pérdidas humanas y ambientales.

Tumbes, 27 de setiembre de 2026.- Las lluvias intensas de febrero marcaron en Tumbes la primera señal concreta de un fenómeno que meses después adquiriría una dimensión mayor. Aunque el ENFEN sitúa el inicio del actual Niño Costero en marzo de 2026, las precipitaciones y crecidas de ríos registradas desde el 18 y 19 de febrero ya habían puesto a prueba la capacidad de respuesta de la región norte.

Río Tumbes puso en riesgo la producción agrícola

Uno de los primeros impactos se produjo en la cuenca del río Tumbes. La crecida del cauce alcanzó niveles críticos y provocó la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de cultivos, principalmente en sectores agrícolas de la provincia de Tumbes. El episodio afectó una economía rural altamente expuesta a las variaciones del caudal y a las lluvias procedentes también de la parte alta de la cuenca.

La situación no quedó restringida al campo. Durante la última semana de febrero se registraron calles inundadas, aniegos, interrupciones y restricciones en servicios, además de problemas de transitabilidad en distintos puntos de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. La dimensión inicial del daño quedó reflejada en el reporte difundido por el COER: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas afectadas —cinco inhabitables—, tres instituciones educativas dañadas y 1.100 metros de vías vecinales deterioradas.

Los distritos incluidos entre los más afectados fueron Tumbes, Corrales, San Jacinto, La Cruz, Casitas, Zarumilla y Aguas Verdes. El incremento de los caudales también generó situaciones de aislamiento. En Zarumilla, por ejemplo, agentes policiales utilizaron drones para localizar y rescatar a cuatro niños que habían quedado rodeados por las aguas en una chacra de cultivo de banano.

La emergencia llegó antes del peor escenario

La respuesta estatal no comenzó después de los desbordes. El Ejecutivo ya había declarado en enero el estado de emergencia en distritos de Tumbes y otras regiones por peligro inminente ante intensas precipitaciones mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM. La medida buscaba habilitar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente al escenario climático previsto.

Cuando las lluvias se intensificaron, las medidas pasaron del plano preventivo a la atención directa. El sistema de agua potable tuvo restricciones y la Unidad Ejecutora Tumbes desplegó cisternas para atender a unas 3.500 familias. De los 19 vehículos disponibles, nueve se encontraban operativos en puntos estratégicos el 26 de febrero, mientras otros permanecían disponibles o en mantenimiento. También se intensificaron trabajos de limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado.

El sector productivo también ingresó en el esquema de respuesta. El 28 de febrero, un equipo técnico del Ministerio de la Producción se trasladó a Tumbes para coordinar con el COER, INDECI y el Gobierno Regional el registro de daños en el SINPAD. La delegación inspeccionó además el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cancas, cuya operatividad había sido restablecida, mientras se ejecutaban trabajos de drenaje.

La afectación económica potencial iba más allá de la infraestructura urbana. Agricultura y pesca quedaron expuestas a una temporada de lluvias que podía prolongarse. PRODUCE verificó los niveles de los ríos Tumbes y Bocapán y mantuvo el monitoreo de ambos cauces, mientras que las lluvias obligaron a reforzar la vigilancia sobre desembarcaderos y actividades productivas.

La prevención avanzó, pero el riesgo no desapareció

Durante los meses siguientes continuaron las medidas de prevención. En julio, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes informó la culminación de trabajos de descolmatación, limpieza y eliminación de material excedente en drenes, canales y quebradas, intervenciones que, según el sector, beneficiaron a más de 265 familias agricultoras y protegieron cerca de 930 hectáreas de cultivos e infraestructura.

En paralelo, la ANIN informó avances en infraestructura de protección. La quebrada La Jardina, en San Jacinto, cuenta con diques y otras obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones; además, la entidad reportó la implementación del Sistema de Alerta Temprana del río Tumbes, con una población potencial beneficiaria superior a 126 mil personas.

Septiembre abre una nueva etapa de vigilancia

El escenario actual es más exigente que el registrado al comienzo del año. El último comunicado oficial disponible del ENFEN, publicado el 14 de septiembre, mantiene la Alerta de El Niño Costero y proyecta que el fenómeno continúe hasta mediados del otoño de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El mismo pronóstico advierte que entre septiembre y noviembre las lluvias en la costa norte podrían ubicarse por encima de lo normal, con episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Asimismo, ENFEN prevé que los ríos del norte de la vertiente del Pacífico presenten caudales superiores a lo normal principalmente desde noviembre.

El balance de febrero, por tanto, funciona como una primera fotografía de la vulnerabilidad de Tumbes: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas dañadas, infraestructura educativa golpeada, vías deterioradas y cientos de hectáreas agrícolas bajo el agua. El desafío para las autoridades ya no consiste únicamente en responder a una emergencia, sino en determinar si las obras preventivas, los sistemas de alerta y la capacidad de evacuación y drenaje estarán operativos cuando llegue el periodo de lluvias más exigente previsto por ENFEN.