Una tensa situación se vivió en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), donde un grupo de estudiantes protagonizó un enfrentamiento con efectivos policiales en rechazo a la presencia de…
Economía
Congresistas presentan proyectos para derogar aumento de sueldo de Dina Boluarte

Lima, 5 de julio de 2025 – Un grupo de congresistas, encabezado por Margot Palacios, Jaime Quito, Silvana Robles, Alfredo Pariona, Sigrid Bazán y Edgard Reymundo, ha presentado múltiples proyectos de ley para derogar el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que incrementó el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/15,600 a S/35,568 mensuales.
La medida, publicada el 4 de julio, ha generado fuerte rechazo en el Congreso y la opinión pública debido a la crisis económica que atraviesa el país, con un 27.6% de la población en situación de pobreza, según el INEI en 2024. Los legisladores argumentan que el aumento, autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, contraviene la Ley 28212, que fija un tope de S/26,000 para la remuneración presidencial en 2025. Además, lo consideran éticamente cuestionable en un contexto de baja aprobación del gobierno de Boluarte, que oscila entre el 2% y 3%, y de crecientes problemas de inseguridad y estancamiento económico.
La congresista Margot Palacios calificó el incremento como “inaceptable” y una “falta de sensibilidad” hacia las necesidades de la población. Por su parte, Silvana Robles, de la Bancada Socialista, señaló que el decreto es un “insulto” para los peruanos que enfrentan dificultades económicas. Jaime Quito y Alfredo Pariona, del Bloque Democrático Popular, coincidieron en la urgencia de anular la medida para priorizar recursos en sectores como salud, educación y seguridad.

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos, aprobó por unanimidad solicitar que la presidenta explique el aumento ante el Pleno y promover una iniciativa conjunta para su derogatoria. Además, se anunció la interpelación del premier Eduardo Arana y del ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes por no asistir a una sesión convocada para justificar la decisión. Expertos como Luis Miguel Castilla han señalado que el Congreso tiene la facultad de derogar el decreto mediante una ley aprobada por mayoría simple, aunque el trámite podría retrasarse debido al receso parlamentario.
Mientras tanto, la bancada de Podemos Perú también se sumó al rechazo, presentando un proyecto adicional para anular el incremento, calificándolo como un acto de “desconexión con la realidad del país”. La controversia ha intensificado las críticas hacia el gobierno de Boluarte, en un momento de creciente tensión política y social. Los congresistas exhortan a sus colegas a respaldar las iniciativas para revertir el aumento y enviar un mensaje de austeridad y compromiso con los ciudadanos.
Actualidad
Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.
Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.
La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.
Actualidad
El atentado contra Rafael Belaúnde Llosa destapa la cara oculta del “capitalismo popular” de los Belaúnde

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.
Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.
Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.
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Fuerza Popular y aliados promueven pensión vitalicia para Dina Boluarte

Lima, 2 de diciembre de 2025.– A menos de dos meses de ser vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte podría recibir una pensión vitalicia de hasta 35 mil soles mensuales gracias al respaldo de Fuerza Popular y sectores de la derecha parlamentaria que, durante su gestión, fueron sus principales socios para reprimir las protestas que dejaron 49 civiles muertos y cientos de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El pedido, presentado apenas diez días después de su salida del poder, avanza en el Congreso con la venia del fujimorismo, que controla la Mesa Directiva a través de Fernando Rospigliosi.
El mismo partido que en 2022 celebró la caída de Pedro Castillo y avaló el estado de emergencia que facilitó la masacre de manifestantes en Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, ahora defiende que Boluarte “fue elegida constitucionalmente” y merece el privilegio, ignorando que nunca ganó una elección como presidenta y que su gobierno fue sostenido con balas y decretos represivos. Voces como la del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) insisten en que “a todo expresidente se le debe dar pensión”, mientras callan sobre las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH y Amnistía Internacional.
La indignación ciudadana crece en redes y calles ante lo que muchos califican como el colmo del cinismo: quienes ayer aplaudieron la represión hoy pretenden premiar a su autora con dinero público. Organizaciones de víctimas y familiares de los fallecidos en las protestas anunciaron movilizaciones para los próximos días, exigiendo que el Pleno rechace la pensión y que, en su lugar, se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de Boluarte y sus aliados naranja. El debate se verá esta semana y definirá, una vez más, si el Congreso está del lado de los peruanos o de quienes los asesinaron para aferrarse al poder.
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