Lima, 18 de enero de 2026 — La capital peruana conmemora este domingo sus 491 años de fundación española, en una jornada que mezcla actos protocolares, actividades culturales y deportivas gratuitas, pero bajo un tono de sobriedad marcado por la suspensión de la tradicional Serenata a Lima en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente vial.

Todo comenzó el 18 de enero de 1535, cuando el verdugo español Francisco Pizarro clavó el rollo en el valle del Rímac para erigir la Ciudad de los Reyes, elegida por su fertilidad, proximidad al puerto del Callao y trazado en damero español sobre el paisaje prehispánico. El nombre indígena Limaq (deformado a Lima) prevaleció sobre la denominación oficial, dando inicio a una urbe que se convertiría en capital del Virreinato más rico de América, resistiendo terremotos como el de 1746, invasiones de otros imperios y la ocupación chilena de 1881.

Sin embargo, a lo largo de casi cinco siglos, el centralismo limeño se consolidó como una estructura agobiante que concentra poder político, económico y administrativo en la capital, atrayendo recursos y población del interior de Perú. Hoy, con más de 10.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Lima representa cerca de un tercio del padrón electoral nacional y recibe la mayor parte del presupuesto nacional, perpetuando críticas por desigualdad territorial real y brechas que alimentan percepciones de que el país “no funciona para la mayoría”, según encuestas recientes, pero según datos oficiales, planteando escenarios de cambios urgentes por los nuevos habitantes de este territorio de fundación española.

Esta vez, la celebración se ve opacada por la inseguridad galopante, considerada una de las peores épocas desde la implementación del sistema y su modelo económico desigual. En los primeros días de enero de 2026 ya se registran decenas de muertes violentas, con Lima liderando las cifras de homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, un estudio de Ipsos revela que el 73% de los limeños vive con miedo a la delincuencia, y el 48% no se siente a gusto en la ciudad, un deterioro drástico que coincide con protestas de transportistas y comerciantes exigiendo medidas efectivas al Estado.

A 491 años de su fundación, Lima enfrenta su paradoja histórica: una metrópoli diversa que se reinventa diariamente para mantenerse habitable, pero atrapada entre su legado fundacional, el peso del centralismo y la urgencia de combatir una criminalidad originada en sus estructuras económicas que amenaza su vitalidad cotidiana. Hoy, entre la carrera Lima Corre 10K, pasacalles multiculturales, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala, la capital se mira a sí misma con orgullo y preocupación real, recordando que su historia no es solo de resistencias pasadas, sino de desafíos presentes que demandan respuestas urgentes, cambios urgentes para dar fin a las grandes desigualdades como factores de sus grandes males que podrían tocar la puerta más temprano que tarde.

Lima, 06 de enero 2026.- El 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y, de manera particularmente alarmante, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Esta medida, publicada en El Peruano, transfiere las investigaciones a fiscalías especializadas bajo el argumento de optimizar recursos y unificar la persecución penal. Sin embargo, expertos y representantes de víctimas coinciden en que representa un grave debilitamiento institucional, especialmente en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde al menos 49 civiles perdieron la vida por represión policial y militar.

El Eficavip, creado en marzo de 2023, era el único equipo dedicado exclusivamente a investigar las muertes y lesiones graves en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo episodios como la masacre de Juliaca (18 fallecidos en un solo día) y Ayacucho. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que muchas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con uso excesivo de fuerza letal. La disolución de este equipo dispersa las carpetas fiscales, elimina la coordinación especializada y genera riesgos de dilaciones procesales, en un contexto donde las investigaciones ya avanzaban lentamente y enfrentaban estancamientos en la responsabilidad de altos mandos.

La decisión de Gálvez no es aislada: él mismo fue investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto —cuyo equipo también se desactiva—, por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial que incluyó audios comprometedores con César Hinostroza. Aunque Gálvez niega cualquier implicancia y califica el caso como «una invención», su restitución en 2025 por el Tribunal Constitucional y su rol actual como fiscal interino generan un evidente conflicto de intereses. Esta sombra de parcialidad se extiende al Eficavip, donde abogados de deudos como Juan José Quispe denuncian que la medida busca «proteger» a altos mandos policiales y al Ejecutivo, instalando un «manto de impunidad».

Reacciones no se han hecho esperar. José Ugaz advierte que la desactivación favorece a investigados con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2026, mientras Silvana Carrión lamenta el debilitamiento de la lucha anticorrupción. Para las víctimas de las protestas, es «un día negro para el Ministerio Público», como lo calificó Quispe, pues muchas investigaciones ni siquiera alcanzan tres años y ahora corren riesgo de prescripción o archivo. Aunque Gálvez deslinda responsabilidad personal y promete continuidad en subsistemas especializados, la pérdida de equipos autónomos implica menor especialización y mayor burocracia.

En un país marcado por la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, esta reestructuración no solo cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que envía un mensaje preocupante: las vidas perdidas en 2022-2023 podrían quedar sin justicia plena. Urge una supervisión independiente para garantizar que las investigaciones no se diluyan, y que las víctimas —y no los intereses políticos— sean el centro de la persecución penal.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha vuelto a evidenciar su total incapacidad para gestionar la infraestructura vial en el Perú. Su modelo de concesionar contratos de servicio a empresas privadas, priorizando el lucro sobre el bienestar ciudadano, ha llevado al país a un estado de abandono vial que pone en riesgo la seguridad de los peruanos y frena el desarrollo regional y nacional.

Uno de los casos más alarmantes es el de la Vía Los Libertadores. El MTC cederá esta carretera fundamental a una empresa privada por un periodo de 30 años, delegando la operación, mantenimiento y explotación económica de la vía a través del cobro de peajes. En lugar de garantizar una infraestructura segura y eficiente con inversión pública, el Estado ha optado por trasladar el costo a transportistas y usuarios, quienes ahora deben pagar por un servicio que debería estar cubierto con fondos estatales. Mientras tanto, los beneficios económicos terminan en manos de privilegiados empresarios privados.

Concesiones fallidas y consecuencias mortales

Este modelo de concesión no solo evidencia la incapacidad del MTC para gestionar las carreteras, sino que también perpetúa un esquema que ha derivado en corrupción, abusos tarifarios y abandono de la infraestructura vial. Ejemplos de esta negligencia sobran. El caso de Norvial, concesionaria de la Panamericana Norte, es emblemático: el cobro de peajes sobrevalorados no ha garantizado un mantenimiento adecuado, y una prueba de ello fue la tragedia del puente Chancay, cuya caída costó la vida de tres ciudadanos. La pregunta es inevitable: ¿cuántas víctimas más serán necesarias antes de que el Estado asuma su responsabilidad?

Obras paralizadas y falsas promesas

El abandono del MTC también se refleja en la paralización de obras clave. Un caso grave es el del camino vecinal Puente Angasmayo-Huariperja, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. Este proyecto, que debía ser entregado en ocho meses tras su inicio en marzo de 2023, lleva más de un año detenido, con la excusa de falta de material de cantera. Mientras el MTC reporta un avance del 40%, la realidad en el terreno indica que no supera el 20%.

Las comunidades afectadas han sido condenadas al abandono, con vías intransitables que limitan su acceso a bienes y servicios esenciales, afectando gravemente su calidad de vida. Mientras tanto, las autoridades del MTC se escudan en justificaciones burocráticas sin ofrecer soluciones concretas.

Carreteras en mal estado: una amenaza mortal

El deterioro de la infraestructura vial no solo obstaculiza el desarrollo regional, sino que también se ha convertido en una de las principales causas de accidentes mortales en el país. A pesar de los elevados cobros de peaje, las carreteras siguen en condiciones deplorables, con baches, puentes debilitados y tramos sin mantenimiento que representan un peligro constante para los ciudadanos.

El Perú necesita con urgencia una política de inversión pública real en infraestructura vial, con una planificación eficiente, fiscalización rigurosa y un compromiso genuino con la seguridad de la población. Es hora de que el Estado abandone la improvisación y la lógica neoliberal que prioriza intereses privados sobre el bienestar común.