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Educación

Herederos de Pinochet tendrán que devolver más de 16 millones de dólares al Estado

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En un fallo histórico, un tribunal chileno ha ordenado a los herederos del exdictador Augusto Pinochet devolver más de 16 millones de dólares al Estado de Chile, tras comprobarse que dichos fondos fueron sustraídos ilegalmente durante su régimen (1973-1990). La sentencia, enmarcada en el caso Riggs, concluye una investigación iniciada en 2018 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que destapó un complejo entramado de malversación a través de gastos reservados de la Presidencia, la Casa Militar y el Comando del Ejército.

La fortuna ilícita, que incluye ocho propiedades y otros bienes inmuebles, fue acumulada por Pinochet mediante cuentas opacas en el extranjero, como las descubiertas en el banco Riggs de Estados Unidos.

Este fallo representa un hito en la lucha por la recuperación de activos robados al pueblo chileno, aunque la suma ordenada no cubre la totalidad de los 27 millones de dólares estimados en investigaciones previas, según un informe del Senado estadounidense de 2005. La viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, fallecida en 2021, y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Jacqueline, Marco Antonio y Verónica– enfrentan ahora la obligación de restituir los fondos, en un proceso que también pone en el centro del debate la responsabilidad de las familias de exgobernantes en casos de corrupción.

El caso ha resonado más allá de las fronteras chilenas, reavivando discusiones sobre la recuperación de activos en países con legados de corrupción sistémica, como Perú. En el contexto peruano, un caso paralelo que podría inspirarse en esta sentencia es el de la familia del expresidente Alberto Fujimori, cuya administración (1990-2000) estuvo marcada por escándalos de corrupción liderados por su asesor Vladimiro Montesinos.

La viuda Lucía Hiriart y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline– realizaron una serie de operaciones para proteger la herencia millonaria

Las investigaciones en Perú han estimado que Fujimori y sus allegados acumularon millones de dólares mediante sobornos, desvío de fondos públicos y contratos irregulares, muchos de los cuales fueron canalizados a cuentas en el extranjero. En un escenario hipotético donde se aplicara una medida similar a la chilena, los herederos de Fujimori –en particular sus hijos Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori– podrían ser obligados a devolver activos adquiridos ilícitamente, como propiedades, cuentas bancarias o empresas vinculadas a los esquemas de corrupción.

Sin embargo, en Perú, la recuperación de estos fondos enfrenta obstáculos legales y políticos, ya que muchos casos permanecen en litigio o han sido archivados, y la familia Fujimori ha mantenido una fuerte influencia política, especialmente a través de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

El fallo chileno no solo es una victoria para la justicia, sino también un recordatorio de que la recuperación de lo robado es un paso crucial para sanar las heridas de los pueblos afectados por regímenes corruptos, aunque su implementación en contextos como el peruano enfrenta desafíos estructurales y políticos que aún deben superarse.

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Aprueban dictamen de creación de la Universidad Nacional de Ventanilla

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En un hito para el distrito más populoso del Callao, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.º 10874, impulsado por la congresista ayacuchana Margot Palacios, que propone la creación de la Universidad Nacional de Ventanilla. Esta iniciativa, que beneficiará a más de 28 mil jóvenes que egresan anualmente del quinto de secundaria, despierta una renovada esperanza entre los pobladores, quienes ven en esta futura institución una oportunidad para acceder a educación superior de calidad sin alejarse de sus hogares. La noticia ha generado entusiasmo en las autoridades municipales y en las calles de Ventanilla, donde familias y estudiantes de nivel secundaria vislumbran un futuro con mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional.

La aprobación del dictamen es un paso crucial, por lo que, la congresista Palacios ha instado al Pleno del Congreso a agendar cuanto antes el debate y votación de la ley. La creación de esta universidad no solo responde a una demanda histórica de la juventud ventanillense, sino que también promete impulsar el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo carreras alineadas con las necesidades locales, como ingenierías, ciencias de la salud y administración. En un distrito donde la falta de acceso a la educación superior ha sido una barrera constante, esta iniciativa representa un faro de esperanza para miles de familias que sueñan con un mejor porvenir para sus hijos.

El distrito de Ventanilla, conocido por su espíritu de progreso, ha recibido la noticia con optimismo, pero también con expectativa. Estudiantes como María Quispe, de 17 años, expresan su emoción: “Siempre soñé con estudiar en una universidad, pero el costo y la distancia eran un problema. Ahora siento que sí puedo lograrlo”. La congresista Palacios, firme en su compromiso con la educación pública superior, ha reiterado su llamado a los legisladores para que prioricen este proyecto en el Pleno, asegurando que “la educación es el motor del cambio para nuestra juventud”. Con el apoyo ciudadano y de sus colegas, Ventanilla está más cerca de contar con una universidad que transforme vidas y fortalezca el tejido social del distrito.

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Expresidente Pedro Castillo retira confianza a Nicolás Bustamante y lo desautoriza como representante del partido «Todo con el Pueblo»

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Lima, 08 de octubre de 2025 – Desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un contundente comunicado a través de su cuenta oficial en X, dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Político Todo con el Pueblo. En el mensaje, Castillo anunció la retirada definitiva de su confianza al señor Nicolás Bustamante Coronado, a quien había encomendado la coordinación e inscripción formal de la organización política.

Según el comunicado, Castillo fundó el Partido Todo con el Pueblo el 8 de febrero de 2024, con el objetivo de ser una herramienta al servicio del pueblo peruano, defendiendo sus derechos, dignidad y soberanía. Sin embargo, acusó a Bustamante de traicionar los principios de la organización al actuar con «silencio, soberbia y desobediencia» frente a la instrucción de convocar un Congreso Nacional Estatutario, un paso clave para consolidar la estructura democrática del partido.

«El señor Bustamante se atribuyó un poder que no le corresponde, olvidando que en el Partido no existen dueños ni caudillos, sino hombres y mujeres libres comprometidos con el Perú profundo», expresó Castillo, desautorizando cualquier acción, declaración o decisión que Bustamante realice en su nombre o en nombre del partido.El expresidente, quien se autodenomina «Presidente Constitucional del Perú», reafirmó su compromiso con las bases del partido y con el pueblo peruano, asegurando que la organización pertenece a quienes «luchan día a día en las calles, en las chacras, en las aulas y en los barrios». Además, señaló que su reclusión es un «encierro injusto» por defender al pueblo y enfrentar la corrupción.

Castillo cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y la esperanza de que «más temprano que tarde, el Perú volverá a ser gobernado por su gente, y no por los poderosos de siempre», reiterando su lema: «Todo con el Pueblo, todo con la verdad y la lealtad».

El comunicado ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre los simpatizantes del expresidente, mientras se espera que las bases del partido definan los próximos pasos tras esta ruptura interna.

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Transportistas dan ultimátum de 10 días al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas

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Lima, 2 de octubre de 2025 – El paro convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao y respaldado por más de 450 empresas se desarrolló de forma parcial, afectando principalmente el transporte convencional. Con el objetivo de exigir medidas contra la extorsión y la inseguridad que ha dejado 46 choferes asesinados este año, cerca de 20 mil vehículos suspendieron operaciones, generando congestión en paraderos y un alza de hasta 50% en las tarifas de las unidades que circularon. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportaron que el 83% de la flota operó, calificando el paro como un «fracaso».

La jornada transcurrió con incidentes menores, como el pinchazo de llantas en al menos cinco buses y la obligatoriedad de bajar pasajeros en algunas rutas, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó más de 10 mil agentes para mantener el orden. Los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima funcionaron al 100%, mitigando el impacto en la movilidad. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni bloqueos significativos, y el 98% de los colegios operaron con normalidad, aunque EsSalud reprogramó citas médicas afectadas por la escasez de transporte.

Los gremios transportistas entregaron al Congreso una propuesta para crear una Unidad de Élite contra el crimen organizado y demandaron indemnizaciones para las familias de las víctimas, así como el uso de armas sin licencia para autodefensa. La presidenta Dina Boluarte llamó al diálogo, mientras el MTC evalúa declarar un estado de emergencia en el sector para implementar cámaras de seguridad. Los transportistas dieron un ultimátum de 10 días hábiles al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas, amenazando con un nuevo paro el 3 de octubre o el 12 de noviembre si no hay avances concretos.

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