Actualidad
Andrés Hurtado «Chibolín» detenido por escándalos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos

El conocido presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como «Chibolín», ha sido detenido preliminarmente por su presunta implicación en una compleja red de corrupción que involucra delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Las autoridades peruanas están investigando sus vínculos con personajes clave del sistema político y judicial, además de su relación con personajes de los medios de comunicación.
La Detención y las Acusaciones
Hurtado fue detenido el jueves 19 de septiembre a las 11 de la noche, mientras se encontraba en una clínica de San Borja sometiéndose a intervenciones estéticas. Según las acusaciones, Hurtado habría utilizado su influencia para favorecer intereses políticos y económicos a cambio de beneficios, lo que lo coloca en el centro de una red de corrupción que incluye a fiscales y políticos.
El detonante de las investigaciones fue la revelación de Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, quien acusó a su primo, Miu Lei Siucho, de haber solicitado ayuda a «Chibolín» tras la incautación de 100 kilos de oro. Según las denuncias, Hurtado habría intercedido ante la fiscal Elizabeth Peralta para intentar resolver el problema. Esta solicitud desencadenó una serie de eventos que llevaron a la detención del presentador.

Vínculos con el Narcotráfico y Fiscales
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la posible conexión de Hurtado con organizaciones criminales. El abogado penalista James Rodríguez reveló que Hurtado podría estar relacionado con el narcotraficante conocido como «Vaticano», fungiendo como representante y apoderado de sus activos. Esta acusación sugiere que la red de corrupción involucra no solo a personajes del poder judicial, sino también a elementos del narcotráfico.
Rodríguez también señaló la posibilidad de que Hurtado se acoja a la figura de colaboración eficaz, un recurso legal que permitiría al presentador reducir su condena a cambio de proporcionar información crucial sobre otros miembros de la red. Sin embargo, la colaboración debe incluir detalles verificables que puedan incriminar a otros implicados en esta trama de corrupción.
Apoyos y Críticas en el Espectro Político y Mediático
El escándalo ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. Uno de los defensores más destacados de Hurtado ha sido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien subrayó la importancia de la labor social del programa de «Chibolín» y pidió un juicio equilibrado que considere tanto los aspectos positivos como negativos del presentador. López Aliaga afirmó que, gracias a Hurtado, pudo comunicar mejor los proyectos de su administración en comparación con otros medios.
Por otro lado, la congresista Rosangella Barbarán denunció que la producción del programa de Hurtado le solicitó un pago de 1000 dólares para asistir como invitada durante la campaña congresal. Este tipo de conductas refuerza las acusaciones de tráfico de influencias, un delito que podría complicar aún más la situación de Hurtado. Pero siempre queda el nerviosismo de sus colegas y miembros del partido a la que pertenece, que conforme avance las investigación se aclararán.
En el mundo del espectáculo, las opiniones están divididas. El maquillador Carlos Cacho le mostró su apoyo, mientras que el comediante Fernando Armas y la periodista Magaly Medina han sido más críticos, pidiendo que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en este caso.

Fotografías Reveladoras y el Impacto Mediático
El viernes 20 de septiembre, el comunicador Phillip Butters presentó en su programa «Combutters» fotografías que muestran a Hurtado en una fiesta privada junto a Karelim López, la lobista y colaboradora eficaz en el caso de Pedro Castillo. Estas imágenes han generado controversia, ya que López es conocida por su rol en diversas tramas de corrupción.
Butters cuestionó duramente a Hurtado por sus relaciones con figuras como Zamir Villaverde y otros personajes involucrados en delitos de corrupción, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones contra el presentador.
Riesgo de Prisión Preventiva y Posible Sentencia
La situación legal de Andrés Hurtado es delicada. Romy Chang, abogada penalista, indicó que Hurtado podría enfrentar hasta 35 años de prisión si se le comprueban los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho activo. Además, señaló que su única opción viable para reducir una condena severa sería acogerse a la colaboración eficaz, revelando información clave sobre otros implicados.
El presentador actualmente permanece detenido en la Prefectura de Lima, mientras las autoridades continúan las investigaciones. Hurtado ha manifestado confusión sobre su domicilio actual, lo que ha complicado aún más su situación, ya que dificulta el arraigo domiciliario necesario para evitar la prisión preventiva.

Un Caso que Podría Sacudir las Estructuras del Poder
El caso de Andrés Hurtado está lejos de ser un simple escándalo mediático. La implicación de figuras del Ministerio Público y del narcotráfico sugiere que estamos ante una red criminal mucho más amplia, que podría exponer a otros personajes influyentes del ámbito político y judicial en Perú.
La justicia y la opinión pública esperan que las investigaciones lleguen hasta el fondo de este caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.
Fuentes: Web y redes de noticias
Actualidad
Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
Actualidad
Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
Actualidad
José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.












