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Andrés Hurtado «Chibolín» detenido por escándalos de Tráfico de Influencias y Lavado de Activos

El conocido presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como «Chibolín», ha sido detenido preliminarmente por su presunta implicación en una compleja red de corrupción que involucra delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Las autoridades peruanas están investigando sus vínculos con personajes clave del sistema político y judicial, además de su relación con personajes de los medios de comunicación.
La Detención y las Acusaciones
Hurtado fue detenido el jueves 19 de septiembre a las 11 de la noche, mientras se encontraba en una clínica de San Borja sometiéndose a intervenciones estéticas. Según las acusaciones, Hurtado habría utilizado su influencia para favorecer intereses políticos y económicos a cambio de beneficios, lo que lo coloca en el centro de una red de corrupción que incluye a fiscales y políticos.
El detonante de las investigaciones fue la revelación de Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, quien acusó a su primo, Miu Lei Siucho, de haber solicitado ayuda a «Chibolín» tras la incautación de 100 kilos de oro. Según las denuncias, Hurtado habría intercedido ante la fiscal Elizabeth Peralta para intentar resolver el problema. Esta solicitud desencadenó una serie de eventos que llevaron a la detención del presentador.

Vínculos con el Narcotráfico y Fiscales
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la posible conexión de Hurtado con organizaciones criminales. El abogado penalista James Rodríguez reveló que Hurtado podría estar relacionado con el narcotraficante conocido como «Vaticano», fungiendo como representante y apoderado de sus activos. Esta acusación sugiere que la red de corrupción involucra no solo a personajes del poder judicial, sino también a elementos del narcotráfico.
Rodríguez también señaló la posibilidad de que Hurtado se acoja a la figura de colaboración eficaz, un recurso legal que permitiría al presentador reducir su condena a cambio de proporcionar información crucial sobre otros miembros de la red. Sin embargo, la colaboración debe incluir detalles verificables que puedan incriminar a otros implicados en esta trama de corrupción.
Apoyos y Críticas en el Espectro Político y Mediático
El escándalo ha generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático. Uno de los defensores más destacados de Hurtado ha sido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien subrayó la importancia de la labor social del programa de «Chibolín» y pidió un juicio equilibrado que considere tanto los aspectos positivos como negativos del presentador. López Aliaga afirmó que, gracias a Hurtado, pudo comunicar mejor los proyectos de su administración en comparación con otros medios.
Por otro lado, la congresista Rosangella Barbarán denunció que la producción del programa de Hurtado le solicitó un pago de 1000 dólares para asistir como invitada durante la campaña congresal. Este tipo de conductas refuerza las acusaciones de tráfico de influencias, un delito que podría complicar aún más la situación de Hurtado. Pero siempre queda el nerviosismo de sus colegas y miembros del partido a la que pertenece, que conforme avance las investigación se aclararán.
En el mundo del espectáculo, las opiniones están divididas. El maquillador Carlos Cacho le mostró su apoyo, mientras que el comediante Fernando Armas y la periodista Magaly Medina han sido más críticos, pidiendo que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en este caso.

Fotografías Reveladoras y el Impacto Mediático
El viernes 20 de septiembre, el comunicador Phillip Butters presentó en su programa «Combutters» fotografías que muestran a Hurtado en una fiesta privada junto a Karelim López, la lobista y colaboradora eficaz en el caso de Pedro Castillo. Estas imágenes han generado controversia, ya que López es conocida por su rol en diversas tramas de corrupción.
Butters cuestionó duramente a Hurtado por sus relaciones con figuras como Zamir Villaverde y otros personajes involucrados en delitos de corrupción, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones contra el presentador.
Riesgo de Prisión Preventiva y Posible Sentencia
La situación legal de Andrés Hurtado es delicada. Romy Chang, abogada penalista, indicó que Hurtado podría enfrentar hasta 35 años de prisión si se le comprueban los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho activo. Además, señaló que su única opción viable para reducir una condena severa sería acogerse a la colaboración eficaz, revelando información clave sobre otros implicados.
El presentador actualmente permanece detenido en la Prefectura de Lima, mientras las autoridades continúan las investigaciones. Hurtado ha manifestado confusión sobre su domicilio actual, lo que ha complicado aún más su situación, ya que dificulta el arraigo domiciliario necesario para evitar la prisión preventiva.

Un Caso que Podría Sacudir las Estructuras del Poder
El caso de Andrés Hurtado está lejos de ser un simple escándalo mediático. La implicación de figuras del Ministerio Público y del narcotráfico sugiere que estamos ante una red criminal mucho más amplia, que podría exponer a otros personajes influyentes del ámbito político y judicial en Perú.
La justicia y la opinión pública esperan que las investigaciones lleguen hasta el fondo de este caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.
Fuentes: Web y redes de noticias
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Gobernadores regionales cuestionados expresan respaldo al presidente interino José Jeri Oré

Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.
El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.
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Alcalde de Pataz fue expulsado de la Plaza San Martín tras reunión con presidente José Jerí Oré

Lima, 12 de octubre de 2025 – Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, fue confrontado por una multitud enardecida en la Plaza San Martín de Lima tras su encuentro con el presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno. La reunión, ocurrida el mismo día, fue vista por muchos como un acto de traición, dado que Mariños había liderado una «Marcha del Sacrificio» de 45 días desde Pataz hasta Lima para exigir obras de infraestructura, salud y seguridad, demandas que no habían sido atendidas por anteriores gobiernos. Pero el movimiento popular que crece en Perú busca cambios estructurales que denotan en mensajes y discursos durante sus movilizaciones. Como se puede apreciar en el link: https://x.com/RPPNoticias/status/1977571808464298271
La multitud, compuesta por simpatizantes de partidos progresistas y de izquierda, además de ciudadanos comunes, lo acusó de «vendido» y «oportunista,» durante su presentación en la Plaza San Martín, donde aparentemente pretendía dar informe de la reunión sostenida con el presidente interino de Perú, reflejando la profunda desconfianza hacia la clase política peruana, un sentimiento exacerbado por la reciente vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de Jerí, respaldado por los mismos parlamentarios y partidos de la derecha que mantuvieron en el gobierno a Boluarte.
El incidente se produjo horas después de que Jerí invitara públicamente a Mariños a dialogar en Palacio, un gesto que el presidente calificó como una apertura al diálogo constructivo. Sin embargo, para muchos peruanos, esta reunión simbolizó un compromiso con un Congreso y un Ejecutivo percibidos como corruptos y ineficientes, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales es extremadamente baja, especialmente por las muertes producidas en el 2022 y 2023, cuyos deudos aún claman justicia.
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Alcalde de Pataz se reúne con presidente interino José Jerí en Lima y genera diversas reacciones

El alcalde provincial de Pataz, en la región La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima para sostener una reunión con el presidente interino José Jerí Oré. El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al desarrollo local, la seguridad en la zona minera y los proyectos de infraestructura pendientes en la provincia. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación de representantes del Ejecutivo y asesores municipales.
Sin embargo, el acercamiento generó críticas entre sectores del movimiento social y popular de la sierra norte y centro del país, quienes esperaban que las autoridades locales mantuvieran una posición más distante frente a un gobierno que consideran transitorio y sin respaldo popular. Algunos dirigentes señalaron que la cita con Jerí podría interpretarse como un gesto de aval político a un régimen que, según indican, no pretende impulsar ningún cambio estructural en beneficio del país profundo, porque además responde a los intereses de los que dirigen el Congreso de la República, aliados de Dina Boluarte.
Por su parte, fuentes cercanas al alcalde defendieron la reunión, argumentando que su participación responde solamente a la necesidad de gestionar recursos y proyectos urgentes para la provincia de Pataz, afectada por problemas de conectividad vial y conflictos mineros. Afirmaron además que el diálogo con el Ejecutivo no implica renunciar a las demandas históricas del pueblo liberteño, sino buscar soluciones concretas para su provincia en el marco institucional.
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