Lima, 29 de septiembre de 2025 – La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 72 empresas y más de 120 líneas de buses, anunció un paro total de actividades para el próximo jueves 2 de octubre, en protesta por la creciente ola de inseguridad que afecta al sector. La decisión se tomó ayer en una asamblea liderada por Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, quien señaló la falta de respuesta del Gobierno frente a las extorsiones, sicariato y asesinatos que han cobrado la vida de al menos 46 conductores en lo que va del año.

El paro, al que se han sumado gremios como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), ASOTRANI y la Asociación Nacional de Conductores del Perú, busca presionar a las autoridades para implementar medidas efectivas contra el crimen organizado. Entre las demandas destacan mayor presencia policial, reformas legales para endurecer penas a extorsionadores y la derogación de normas percibidas como permisivas con la delincuencia.

La paralización, que comenzará desde las primeras horas del jueves, suspenderá el servicio de buses, combis y taxis colectivos en Lima y Callao, afectando a miles de usuarios. Los transportistas también planean una movilización hacia el Congreso de la República para presentar una propuesta legislativa que combata la inseguridad. No se han anunciado bloqueos de vías, pero las autoridades advierten posibles congestionamientos en el centro de Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que coordinará con la Policía Nacional para garantizar la seguridad y evalúa ajustes en los horarios del Metropolitano y el Metro de Lima. Se recomienda a la ciudadanía considerar alternativas como aplicaciones de movilidad, teletrabajo o transporte particular.

La convocatoria sigue a una serie de protestas recientes, incluyendo un paro de 48 horas el pasado fin de semana, que generó bloqueos en avenidas como Wiesse y Pasamayito, así como concentraciones en Plaza San Martín. Los gremios advierten que, de no haber respuestas concretas del Ejecutivo, podrían iniciar un paro indefinido a partir del 4 de octubre, con posible adhesión de otros sectores como comerciantes y mototaxistas.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la movilización. La situación refleja la gravedad de la crisis de inseguridad en el país, que continúa impactando la vida diaria de los peruanos.Por [Nombre del Medio]Nota: Manténgase informado sobre actualizaciones de rutas y servicios a través de los canales oficiales de la ATU y la PNP.

La ex primera ministra Betssy Chávez, suspendida como congresista desde marzo de 2023 por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un impedimento formal para ser contratada en el Congreso de la República, tal como lo propuso el legislador Roberto Sánchez. Aunque la Fiscalía desistió de prolongar su prisión preventiva y el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, la suspensión vigente genera una incompatibilidad constitucional que le prohíbe ejercer cualquier otra función pública. Según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, «el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública», lo que incluye roles como asesora en el Parlamento. Esta medida, que dura mientras persista el proceso penal por rebelión y conspiración, representa un obstáculo insalvable para su reingreso laboral en el ámbito estatal.

Expertos en derecho constitucional coinciden en que la suspensión no equivale a una inhabilitación definitiva, pero sí activa mecanismos de restricción inmediata que impiden su contratación. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que la propuesta de Sánchez es «ridícula e inválida» debido a esta incompatibilidad, argumentando que Chávez mantiene su condición de legisladora suspendida, lo que le veda asumir cargos públicos hasta su resolución judicial o reincorporación. Asimismo, el presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que «legalmente no procede» la contratación, ya que no ha sido desaforada ni destituida formalmente. Analistas como el penalista Fernando Silva destacan que esta suspensión, aprobada con 66 votos en 2023, busca preservar la integridad del mandato congresal y evita conflictos éticos durante procesos penales graves, recordando que Chávez intentó disolver el mismo Congreso en 2022.

A pesar de que no existe aún una inhabilitación formal por 10 años —recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en julio de 2025 y pendiente de votación en el Pleno el 1 de octubre—, su eventual aprobación agravaría el impedimento, prohibiéndole todo cargo público por una década. La propuesta de Sánchez, presentada el 5 de septiembre como requerimiento N° 10533 para contratarla como asesora de nivel 8 con un sueldo aproximado de S/10,000 mensuales, ha sido calificada de «provocación política» por bancadas opositoras como Fuerza Popular y Avanza País. Mientras el proceso penal continúa en libertad con comparecencia restringida, expertos advierten que forzar la contratación podría derivar en acciones de amparo o revisiones administrativas, pero el consenso institucional apunta a un rechazo definitivo, subrayando la prioridad de la accountability en casos de presunta traición al orden constitucional.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha impulsado con decisión la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao, destinado a albergar a 2,000 reos de alta peligrosidad, con una inversión estimada de 500 millones de soles. La iniciativa, presentada como una solución al hacinamiento carcelario y un golpe contra el crimen organizado, ha sido promovida con rapidez, incluyendo la firma de un convenio interministerial el 3 de septiembre entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda. Sin embargo, la propuesta enfrenta un creciente rechazo por parte de autoridades locales, expertos y ciudadanos, quienes cuestionan su viabilidad técnica, impacto ambiental y altos costos logísticos, además de señalar la falta de estudios técnicos transparentes que justifiquen la obra.

Críticos como el exjefe del INPE, Javier Llaque, han advertido que el proyecto podría costar hasta 5,000 millones de soles, un monto con el que se podrían construir múltiples penales en ubicaciones más accesibles, cuestionando la eficiencia de la inversión. El alcalde de La Punta, Ramón Garay, ha expresado su preocupación por el impacto negativo en la seguridad y el turismo del distrito, argumentando que la presencia del penal alteraría la tranquilidad de una de las zonas más seguras del país. Además, un informe del INPE de 2023 ya había desestimado la reapertura de El Frontón por la falta de servicios básicos como agua, electricidad y desagüe, así como por los elevados costos operativos derivados de su ubicación insular, lo que dificulta el traslado de personal y suministros.

A pesar de las críticas, Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, insisten en la viabilidad del proyecto, afirmando que cuenta con evaluaciones técnicas y que las obras podrían comenzar en enero de 2026. La presidenta ha defendido la iniciativa como una “decisión valiente” para combatir la delincuencia, aunque reconoció que no resolverá por completo el hacinamiento carcelario. Sin embargo, la celeridad con la que se ha impulsado el proyecto, sin un debate público amplio ni claridad sobre los estudios de preinversión, genera dudas sobre su planificación. Analistas como César Cárdenas, extitular del INPE, señalan que el tiempo restante de la gestión de Boluarte no sería suficiente para concretar una obra de esta magnitud, lo que podría dejar el proyecto inconcluso y con un alto costo para el erario nacional.