Lima, 8 de mayo de 2026.- En una actualización decisiva que marca el cierre del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, al 99.210% de actas contabilizadas, los resultados de las Elecciones Generales 2026 son virtualmente irreversibles. Según el reporte emitido a las 20:41 horas de hoy, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán en el balotaje presidencial el próximo domingo 7 de junio.

La lideresa del fujimorismo consolidó su primer lugar con un total de 2’854,010 votos, lo que representa el 17.161% de los votos válidos. Con esta cifra, Fujimori asegura su cuarta participación consecutiva en una segunda vuelta, manteniendo una base electoral sólida a pesar de la alta fragmentación que caracterizó este proceso, donde participaron más de una treintena de fórmulas presidenciales.

Por su parte, Roberto Sánchez logró asegurar el segundo cupo para el balotaje tras una reñida competencia que se definió en el tramo final del escrutinio. Sánchez, quien recibió un respaldo mayoritario en las regiones del sur y el centro del país, desplazó a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. El candidato de Renovación Popular culminó su participación con 1’980,890 votos, equivalentes al 11.911% de la votación válida, una diferencia que el organismo electoral ya califica como definitiva dada la escasez de actas pendientes de resolución.

El informe técnico de la ONPE detalla que, de las 92,766 actas totales, ya no quedan actas pendientes de procesamiento (0%). Solo resta un mínimo 0.790% de actas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión por observaciones, un porcentaje que, según expertos electorales, no tiene posibilidad matemática de alterar las posiciones de los dos primeros puestos.

Con el panorama electoral despejado, el Perú se encamina a una nueva etapa de campaña proselitista que durará menos de un mes. Ambos candidatos han iniciado los acercamientos con otras fuerzas políticas para sumar respaldos en un escenario donde el voto nulo y blanco también tuvo una presencia importante. La ONPE ha exhortado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se prepara el despliegue logístico para la jornada definitiva de junio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido político Fuerza Popular con una multa de S/198 mil tras detectar presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo (FPD), recursos que el Estado entrega a las organizaciones políticas para actividades específicas establecidas por ley.

Según la resolución administrativa, la agrupación liderada por Keiko Fujimori habría destinado parte de estos fondos al pago de defensa legal de dirigentes y miembros de su cúpula partidaria, un uso que excede los fines permitidos por la normativa electoral vigente.

La ONPE precisó que el Financiamiento Público Directo debe emplearse exclusivamente en actividades de capacitación, investigación, fortalecimiento institucional y funcionamiento ordinario del partido. Sin embargo, la fiscalización detectó desembolsos vinculados a honorarios de abogados que participaron en procesos judiciales personales de dirigentes de Fuerza Popular, incluida la propia Fujimori.

El organismo electoral consideró que estos gastos constituyen una infracción grave al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, debido a que los recursos públicos no pueden ser utilizados para afrontar contingencias legales de carácter individual.

Fuerza Popular apelará sanción

Tras conocerse la medida, Keiko Fujimori cuestionó duramente a la ONPE y calificó a la institución como “desacreditada”. Además, sostuvo que la sanción responde a una supuesta persecución política contra su agrupación.

La lideresa de Fuerza Popular también criticó los criterios aplicados por el ente electoral para evaluar los gastos partidarios y afirmó que buscan perjudicar a su organización de cara a futuros procesos electorales.

En esa línea, la personería legal del partido anunció que presentará un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar y resolver el caso en definitiva.

La defensa de Fuerza Popular argumenta que los gastos en asesoría legal forman parte del funcionamiento ordinario del partido, especialmente en un contexto que consideran de “judicialización de la política”.

Especialistas advierten precedente

Especialistas en derecho electoral señalaron que esta sanción podría marcar un precedente importante en la supervisión del uso de recursos públicos asignados a los partidos políticos.

Recordaron que el Financiamiento Público Directo tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad democrática mediante la formación de cuadros técnicos, la elaboración de propuestas y el funcionamiento administrativo de las organizaciones políticas, y no para cubrir gastos judiciales personales.

La resolución también advierte que, de repetirse este tipo de conductas, Fuerza Popular podría enfrentar sanciones más severas, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos públicos.

De confirmarse la multa en segunda instancia, el partido deberá asumir el pago correspondiente o aceptar que el monto sea descontado de futuras asignaciones presupuestarias.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y el control sobre el uso de recursos provenientes del Estado.

Lima, 7 de mayo de 2026.- El Pleno del Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, mediante la cual se inhabilita por diez años para ejercer función pública a la fiscal Delia Espinoza. La medida fue respaldada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, luego de que el Parlamento considerara que incurrió en infracciones constitucionales y presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La decisión se produjo tras una primera votación fallida en la misma sesión, en la que la moción alcanzó solo 63 votos, insuficientes para lograr la mayoría calificada requerida. Sin embargo, luego de una pausa y nuevas coordinaciones entre bancadas, una segunda votación permitió reunir los apoyos necesarios para aprobar la sanción.

Entre los cambios decisivos figuraron los votos de los congresistas Katy Ugarte, José Balcázar y Kira Alcarraz, quienes pasaron de la abstención al respaldo de la medida. A ello se sumó el apoyo de legisladores de Podemos Perú y Acción Popular, consolidando la mayoría parlamentaria.

La denuncia constitucional se centró en el respaldo de Espinoza a la Resolución Fiscal 2246-2024-MP-FN, norma interna del Ministerio Público que, según el Congreso, contravenía la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional un rol operativo predominante en las investigaciones preliminares. Los impulsores de la sanción señalaron que dicha actuación alteraba el equilibrio institucional.

Durante su defensa, Delia Espinoza rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una “venganza política” promovida por sectores investigados por la Fiscalía. Asimismo, sostuvo que la disposición cuestionada respondió a criterios técnicos orientados a preservar la autonomía del Ministerio Público.

La inhabilitación recibió el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además de sectores de Perú Libre y Juntos por el Perú. Organizaciones civiles y especialistas han cuestionado la objetividad del proceso, señalando que varios congresistas que votaron a favor mantienen investigaciones fiscales en curso.

Tras la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, Espinoza quedó impedida de ejercer cargos públicos hasta 2035. Su defensa anunció acciones legales ante el Poder Judicial y organismos internacionales, mientras persiste el debate sobre el impacto de esta decisión en la independencia del sistema de justicia y la estabilidad institucional del país.