Huancayo, 26 de mayo de 2026.- La visita de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la región Junín estuvo marcada por movilizaciones de rechazo, enfrentamientos y una represión policial que dejó heridos y detenidos, evidenciando la profunda división política que persiste en esta región de cara a la segunda vuelta electoral.

Fujimori llegó el lunes 25 con una agenda reservada: una reunión en un restaurante de Concepción —donde celebró su cumpleaños número 51— y un evento en el estadio de El Tambo sin acceso para la prensa ni el público. Desde el primer día, ciudadanos se congregaron en la plaza de la Constitución para expresar su rechazo con consignas como «Fujimori nunca más» y «la sangre derramada jamás será olvidada».

La jornada del martes concentró los incidentes de mayor gravedad. Horas antes del mitin, colectivos ciudadanos bloquearon el paso del bus de la orquesta Hermanos Yaipén, contratada por Fuerza Popular para animar el evento, obligándola a retirarse ante la presión de los manifestantes.

Durante el acto, una ciudadana que increpó a la congresista Rosángela Barbarán denunció haber sido agredida por presuntas militantes fujimoristas, quienes le habrían jalado el cabello y arañado. La mujer se encontraba acompañada de su madre adulta mayor. El incidente fue registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. Fuerza Popular no emitió pronunciamiento oficial al respecto.

Pasadas las 7 de la noche, efectivos de la Policía Nacional dispersaron con gases lacrimógenas a los manifestantes en los exteriores del mitin. Se reportaron golpes a algunos ciudadanos y al menos un detenido, lo que motivó que un grupo rodeara la comisaría del distrito de El Tambo exigiendo su liberación.

El rechazo en Junín no es nuevo. En la campaña de 2021, Fujimori enfrentó protestas similares en Jauja y Huancayo. En la campaña actual, un mitin en Pichanaki debió suspenderse semanas atrás ante el lanzamiento de piedras, y un estrado cedió durante su visita a la comunidad asháninka de Pampa Michi. La región concentra sectores que asocian al fujimorismo con la violencia política de los noventa y con la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023.

La segunda vuelta enfrenta a Fujimori con Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con los comicios previstos para el domingo siguiente. Junín es considerada una región históricamente adversa al fujimorismo, lo que convierte cada actividad proselitista en un termómetro de las tensiones que atraviesa el proceso electoral en el centro del país.

Lima, 23 de mayo de 2026. A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la organización Resistimos con Esperanza (RCE) ha convocado el I Congreso Nacional “Historia del Terrorismo en el Perú: Memoria para el Futuro”, programado para los días 27 y 28 de mayo en formato virtual. El evento, desarrollado con el respaldo del Instituto de Estudios Americanos–CEU CEFAS, se presenta como un espacio de reflexión histórica sobre la violencia terrorista. Sin embargo, la composición de sus expositores y el contexto político en el que se realiza han despertado interrogantes sobre su carácter académico y su eventual utilización como plataforma de intervención en el debate electoral.

El momento elegido para la realización del congreso resulta especialmente significativo. La memoria del terrorismo ha sido uno de los pilares narrativos más importantes del fujimorismo desde la captura de Abimael Guzmán en 1992 y continúa siendo un recurso recurrente en las campañas de Fuerza Popular. En ese escenario, la participación de figuras estrechamente vinculadas a ese espacio político dificulta interpretar el encuentro como una iniciativa neutral. Aunque la organización no registra vínculos partidarios formales, su entorno institucional y mediático mantiene afinidades evidentes con sectores liberal-conservadores que respaldan la candidatura de Keiko Fujimori.

Entre los principales expositores destaca Marco Miyashiro, exjefe del GEIN y protagonista de la operación que condujo a la captura de Guzmán. Su trayectoria profesional le otorga una autoridad indiscutible para abordar el tema; sin embargo, su condición de senador electo por Fuerza Popular para el período 2026-2031 introduce un elemento político imposible de ignorar. A ello se suma la participación del periodista y escritor Víctor Andrés Ponce, director de opinión asociado al medio digital El Montonero y una de las voces más visibles del pensamiento liberal-conservador peruano, quien expondrá sobre la influencia del marxismo en la academia, la educación y la política nacional.

La dimensión ideológica del evento también se expresa en la presencia de la española María San Gil, exdirigente del Partido Popular vasco y reconocida figura del movimiento antiterrorista en España. Su inclusión proyecta el congreso hacia una narrativa internacional que vincula las experiencias de ETA y Sendero Luminoso con los debates contemporáneos sobre la izquierda política en Iberoamérica, una interpretación frecuente en los círculos conservadores transnacionales. Junto a ella participan militares y policías en retiro, analistas de seguridad, víctimas de Sendero Luminoso y representantes de instituciones vinculadas a la lucha contrasubversiva.

No obstante, el aspecto más llamativo del programa es la ausencia de voces que permitan una mirada plural sobre el conflicto armado interno. No figuran investigadores asociados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), académicos especializados de universidades como la PUCP o San Marcos, ni representantes de organizaciones de derechos humanos que durante décadas han documentado violaciones cometidas por agentes del Estado. Tampoco participan representantes de las comunidades andinas más afectadas por la violencia, particularmente de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín, regiones que concentraron gran parte de las víctimas del conflicto.

Estas omisiones adquieren relevancia porque la propia CVR concluyó que cerca de un tercio de las víctimas mortales del conflicto fueron consecuencia de acciones perpetradas por fuerzas estatales o grupos paramilitares. Sin embargo, ninguna de las ponencias programadas aborda de manera específica esa dimensión de la violencia. Las víctimas convocadas al evento representan experiencias legítimas y valiosas, pero corresponden únicamente a quienes sufrieron directamente los ataques de Sendero Luminoso, dejando fuera a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos atribuidas al Estado.

No existe evidencia que permita afirmar que el congreso forme parte de una estrategia electoral coordinada con Fuerza Popular. Sin embargo, la coincidencia temporal con la campaña presidencial, la presencia de dirigentes y representantes vinculados al partido, la afinidad ideológica de los organizadores y la exclusión sistemática de perspectivas divergentes justifican un examen crítico de su propuesta. Más que ofrecer una visión integral de la historia del terrorismo en el Perú, el evento parece presentar una interpretación específica y políticamente situada de un período complejo y doloroso cuya comprensión exige incorporar todas las voces involucradas.

El presidente cubano calificó de maniobra política la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el exjefe de Estado, vinculada al derribo de avionetas en 1996.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel salió al paso este martes mediante sus redes sociales para rechazar la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, exjefe de Estado y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El mandatario calificó el cargo —vinculado al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996— de «pretendida acusación» carente de sustento jurídico, y la describió como una maniobra política orientada a fabricar un pretexto para una eventual acción militar contra la isla.

El episodio al que alude la acusación ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea Revolucionaria cubana derribó dos aeronaves Cessna sobre el estrecho de La Florida, matando a cuatro miembros de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña. Washington sostuvo en su momento que los aviones se encontraban en espacio aéreo internacional, mientras La Habana insistió en que las aeronaves habían violado su zona jurisdiccional en al menos tres ocasiones previas ese mismo día y que las autoridades estadounidenses habían sido advertidas de las consecuencias sin que mediara respuesta. Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), publicada en 1996, concluyó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, extremo que Cuba rechazó formalmente.

Díaz-Canel reiteró la posición histórica del gobierno cubano: que la acción militar de 1996 constituyó un acto de legítima defensa ante intrusiones reiteradas de «elementos terroristas» en su espacio aéreo soberano, agravadas por la pasividad de la administración Clinton pese a las notificaciones diplomáticas previas. Omitió mencionar, sin embargo, que el incidente derivó en la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley Helms-Burton, que codificó y endureció el embargo económico vigente desde 1962 y cuya Sección III permanece parcialmente activada desde 2019.

La acusación, cuya autoría formal corresponde al Departamento de Justicia bajo la administración Trump, se produce en un contexto de marcada tensión bilateral: Cuba figura nuevamente en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 2021, y el bloqueo económico —cuyo impacto el gobierno cubano estimó en más de 15.000 millones de dólares en daños durante el último año contable— sigue siendo el principal punto de fricción entre ambos países ante instancias internacionales, incluida la Asamblea General de la ONU, que votó por trigésima segunda vez consecutiva en 2023 a favor de su levantamiento.

Ante la acusación, Díaz-Canel apeló a la trayectoria política y personal de Raúl Castro —quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano Fidel— como «escudo moral» frente a lo que calificó de intento de menoscabar su figura histórica. El gobierno cubano no ha indicado si presentará alguna respuesta formal ante organismos internacionales, ni si convocará al encargado de negocios estadounidense en La Habana —rango diplomático vigente desde la ruptura de relaciones consulares en 2017— para protestar por la acción judicial.