La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó este 14 de febrero de 2026 la sentencia firme N.° 08-2026 que impone 35 años de prisión efectiva al expolicía Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco por el homicidio calificado del suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Luis Soncco Quispe, ocurrido el 9 de enero de 2023 en la urbanización Tambopata, durante las protestas antigubernamentales en Puno. El fallo, ratificado por unanimidad, incluye también los delitos de disturbio agravado y sustracción o arrebato de arma de fuego, con cumplimiento de pena hasta el año 2058 en el penal de Juliaca. Además, se ratificó el pago de una reparación civil de S/ 180.000 a favor de los herederos de la víctima y S/ 25.000 al Estado.

Los hechos se produjeron en el contexto de la conocida “masacre de Juliaca”, jornada en la que fallecieron 17 civiles por disparos de las fuerzas del orden y se registraron múltiples heridos. Según la investigación fiscal y la necropsia, Soncco Quispe falleció por traumatismo craneoencefálico causado por un golpe con objeto contundente antes de que su patrullero fuera incendiado con su cuerpo en el interior. Apaza Uturunco, dado de baja de la PNP por antecedentes disciplinarios, lideró el ataque junto a un grupo vandálico, sustrayendo armamento de la víctima. Al ser detenido en marzo de 2023, se le incautaron US$ 23.800, municiones y partes de armas pertenecientes al suboficial.

La condena desmiente la versión oficial difundida inicialmente por el gobierno de Dina Boluarte y el entonces premier Alberto Otárola, quienes atribuyeron el crimen a una “turba” de manifestantes y lo utilizaron para enfatizar la supuesta violencia de las protestas sureñas. Esta narrativa fue ampliamente replicada en medios y discursos oficiales en los días posteriores al suceso, contribuyendo a criminalizar las movilizaciones que exigían la renuncia presidencial, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas.

La Policía Nacional del Perú saludó la sentencia a través de su cuenta oficial en X, destacándola como un “precedente histórico en la defensa de la autoridad” y recordando que “cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado”. Sin embargo, congresistas como Ruth Luque y analistas independientes han señalado que el fallo evidencia la manipulación informativa inicial para deslegitimar las protestas, exigiendo verdad y justicia también para las 49 víctimas civiles fatales durante la crisis de 2022-2023.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas continúan demandando investigaciones imparciales sobre el uso excesivo de la fuerza en Juliaca y el conjunto de la crisis social. La sentencia contra Apaza representa un avance en la esclarecimiento judicial de este caso específico, aunque persisten cuestionamientos sobre la responsabilidad estatal en el contexto más amplio de la represión.

La plancha presidencial de Juntos por el Perú, liderada por el candidato Roberto Sánchez Palomino, se presentó el 12 de febrero de 2026 en un multitudinario mitin en la Plaza de Armas de Chota, Cajamarca, que reunió a miles de militantes y simpatizantes pese a la lluvia persistente. El evento, parte de la «Ruta Castillista», evidenció una masiva participación popular: ronderos, agricultores, familias y bases castillistas llenaron la plaza con consignas de «Castillo libertad» “Roberto presidente” y banderas partidarias, demostrando un fuerte respaldo orgánico desde las regiones del interior y convirtiendo el acto en un símbolo de movilización y unidad.

Roberto Sánchez, como orador principal, resaltó la libertad inmediata de Pedro Castillo como prioridad absoluta, presentándolo como preso político y «presidente del pueblo». Propuso un nuevo pacto democrático que conduzca a una Constitución plurinacional, paritaria y descentralizada, para superar el centralismo y garantizar soberanía nacional. En lo económico, abogó por un desarrollo productivo territorial con economía mixta, empresas públicas estratégicas, protección de recursos naturales y mayor tributación a la minería, priorizando la economía popular y el empleo digno.

En el ámbito social, Sánchez enfatizó la salud y educación como derechos universales innegociables, eliminando su mercantilización y destinando recursos sustanciales para cerrar brechas regionales. Criticó duramente al «poder corrupto» y prometió una lucha frontal contra la corrupción, fortaleciendo un Estado al servicio de las mayorías postergadas y recuperando el legado del gobierno interrumpido en 2022.

José Mercedes Castillo Terrones, hermano mayor de Pedro Castillo y cabeza de lista al Senado, reforzó el compromiso familiar y castillista, defendiendo la liberación de su hermano y la preservación del «gobierno del pueblo» mediante la unidad de ronderos, agricultores y movimientos sociales para reconquistar el poder popular desde las bases.

Margot Palacios, candidata al Senado Nacional y congresista que votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo manteniéndose en la línea principista contra el régimen golpista de Dina Boluarte y su sucesor, intervino con fuerza en el mitin. En su discurso, manifestó textualmente: «Un saludo fraterno y combativo con cada uno de ustedes. Aquí estamos los hijos del pueblo que en el Congreso votamos en contra de la vacancia de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022. Estamos aquí principalmente para luchar por la libertad del presidente Castillo. Asimismo, para escribir una nueva Constitución Política del Estado peruano, con aroma y sabor a nosotros, al pueblo, a las grandes mayorías. Estoy segura que este 12 de abril recuperaremos el gobierno para el pueblo«. Su intervención resaltó la construcción de un proyecto político radicalmente diferente desde el Perú profundo, resistiendo y promoviendo cambios profundos a favor de las grandes mayorías del país.

Jaime Quito, también congresista que se opuso a la vacancia y fiel a la línea principista, insistió en la necesidad de una nueva Constitución que devuelva los recursos naturales al pueblo y garantice la libertad de Castillo, convocando a un frente amplio contra el modelo neoliberal y enfatizando la esperanza en un Perú justo construido colectivamente.

Jennifer Paredes Navarro, hija de Pedro Castillo y candidata a diputada por Cajamarca, cerró filas con la plancha al expresar su compromiso personal: «Lucharé por ustedes como lo hizo mi padre». Su presencia simbolizó la continuidad familiar del proyecto castillista, enfocada en defender a los sectores rurales y populares de Cajamarca, cuna de las rondas campesinas, y en impulsar cambios directos para las familias del interior. El mitin, con su masiva concurrencia, consolidó a Juntos por el Perú como una fuerza en ascenso rumbo a las elecciones del 12 de abril de 2026.

Lima, 9 de febrero de 2026.- El comediante y candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, ratificó su permanencia en la contienda electoral rumbo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, tras resolver una crisis interna generada por denuncias de presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral.

La controversia se originó a inicios de febrero, cuando se cuestionó la asignación de aproximadamente S/642.000 a S/700.000 del presupuesto de propaganda oficial exclusivamente al canal Nativa Televisión. Álvarez se deslindó de las decisiones administrativas, exigió transparencia, sanciones a los responsables y amenazó con renunciar si no se aclaraban los hechos. El partido respondió admitiendo «errores políticos» e «inexperiencia», separó a los funcionarios implicados (incluyendo al personero legal y representantes ante la ONPE) y desistió completamente del uso de la franja electoral, renunciando así al financiamiento público para evitar mayores cuestionamientos.

Tras evaluar el cumplimiento de sus exigencias y confirmar la ausencia de actos de corrupción directa, Álvarez anunció su decisión de continuar el 6 y 7 de febrero mediante pronunciamientos en redes sociales y entrevistas en medios como Latina Noticias y RPP. El candidato enfatizó su rechazo al uso de recursos estatales en campañas y su compromiso con una «política diferente», mientras el partido lo respaldó como figura principal, destacando que no participó en las gestiones controvertidas. La Fiscalía inició investigaciones preliminares sobre el manejo de la franja en varios partidos, incluido País para Todos.

Paralelamente, persisten señalamientos sobre su trayectoria durante el régimen fujimorista. Entre 1999 y 2000, Álvarez laboró en Canal 7 (controlado por el gobierno de Alberto Fujimori) y enfrentó un proceso por presunto peculado vinculado a pagos irregulares del entorno de Vladimiro Montesinos. Aunque fue condenado en primera instancia, la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos el 5 de diciembre de 2007, ordenando la anulación de antecedentes. En enero de 2026, un informe del Jurado Electoral Especial alertó posible omisión de esa sentencia en su hoja de vida ante el JNE, pero Álvarez argumentó que solo deben declararse condenas firmes y vigentes, por lo que su postulación sigue inscrita sin resolución de exclusión.

En el escenario electoral actual, Álvarez se posiciona como un contendiente outsider. Según la encuesta Datum Internacional para El Comercio (trabajo de campo del 30 de enero al 3 de febrero de 2026, margen de error ±2.8%), registra 5.8% de intención de voto, ocupando el tercer lugar detrás de Rafael López Aliaga (11.9%) y Keiko Fujimori (9.2%). El sondeo destaca la alta fragmentación: más del 42% de electores votaría en blanco, viciado, nulo o aún no decide, y 24 de los 36 candidatos no superan el 1%. La reciente visibilidad mediática por la polémica no ha impactado negativamente en sus preferencias hasta el momento, aunque analistas advierten que nuevos desarrollos podrían afectar su percepción de estabilidad en las próximas semanas.