Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump el 2 de abril de 2025, que incluyen un 10% general y tasas adicionales como el 34% a China, prometen un impacto negativo en Perú. Aunque el Acuerdo de Promoción Comercial (PTPA) protege algunas exportaciones, la incertidumbre global ya genera temores.

En Perú, el sector minero, que representa el 30% de las exportaciones, enfrentará serias dificultades. La caída de la demanda china por cobre, afectada por aranceles que suman un 54%, podría reducir los precios internacionales, golpeando ingresos por unos 18,000 millones de dólares anuales. Esto amenaza miles de empleos en regiones como Arequipa y Cajamarca.
Las exportaciones agrícolas, como arándanos y espárragos, también están en riesgo. Aunque el PTPA mitiga aranceles directos, un dólar debilitado (índice DXY en 102,98) encarece las importaciones peruanas de fertilizantes y maquinaria, elevando costos. Además, la menor capacidad de compra en EE.UU. por precios más altos podría reducir la demanda de estos productos.

La economía peruana siente el impacto indirecto de una posible recesión global. La fragmentación del comercio, con retaliaciones como el 34% de China a EE.UU. desde el 10 de abril, podría afectar mercados alternativos de Perú, como la UE. El oro, cuyo precio subió a 3.147 USD/oz, ofrece un respiro, pero no compensa las pérdidas proyectadas.

En EE.UU., el impacto inmediato es evidente. Este miércoles, los mercados se desplomaron: el Dow Jones cayó un 2,7%, el S&P 500 un 3,9% y el NASDAQ 100 un 4,7%. Empresas tecnológicas como Apple (-6%), Nvidia (-4%) y Tesla (-4,5%) lideraron las pérdidas, reflejando temores de menor consumo y disrupciones en cadenas de suministro.

Los consumidores estadounidenses enfrentan alzas de precios inminentes. Bienes importados como electrónicos y autos, afectados por el 10% base y tasas más altas a países como México (25%), encarecerán la vida diaria. Economistas advierten que esto podría desacelerar el crecimiento, con el PIB proyectado en un modesto 1,8% para 2025.

Tanto en Perú como en EE.UU., los aranceles de Trump desatan una tormenta económica. Mientras Lima busca diversificar mercados, Washington enfrenta las consecuencias de su propia estrategia proteccionista, con efectos que apenas comienzan a sentirse.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha vuelto a evidenciar su total incapacidad para gestionar la infraestructura vial en el Perú. Su modelo de concesionar contratos de servicio a empresas privadas, priorizando el lucro sobre el bienestar ciudadano, ha llevado al país a un estado de abandono vial que pone en riesgo la seguridad de los peruanos y frena el desarrollo regional y nacional.

Uno de los casos más alarmantes es el de la Vía Los Libertadores. El MTC cederá esta carretera fundamental a una empresa privada por un periodo de 30 años, delegando la operación, mantenimiento y explotación económica de la vía a través del cobro de peajes. En lugar de garantizar una infraestructura segura y eficiente con inversión pública, el Estado ha optado por trasladar el costo a transportistas y usuarios, quienes ahora deben pagar por un servicio que debería estar cubierto con fondos estatales. Mientras tanto, los beneficios económicos terminan en manos de privilegiados empresarios privados.

Concesiones fallidas y consecuencias mortales

Este modelo de concesión no solo evidencia la incapacidad del MTC para gestionar las carreteras, sino que también perpetúa un esquema que ha derivado en corrupción, abusos tarifarios y abandono de la infraestructura vial. Ejemplos de esta negligencia sobran. El caso de Norvial, concesionaria de la Panamericana Norte, es emblemático: el cobro de peajes sobrevalorados no ha garantizado un mantenimiento adecuado, y una prueba de ello fue la tragedia del puente Chancay, cuya caída costó la vida de tres ciudadanos. La pregunta es inevitable: ¿cuántas víctimas más serán necesarias antes de que el Estado asuma su responsabilidad?

Obras paralizadas y falsas promesas

El abandono del MTC también se refleja en la paralización de obras clave. Un caso grave es el del camino vecinal Puente Angasmayo-Huariperja, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. Este proyecto, que debía ser entregado en ocho meses tras su inicio en marzo de 2023, lleva más de un año detenido, con la excusa de falta de material de cantera. Mientras el MTC reporta un avance del 40%, la realidad en el terreno indica que no supera el 20%.

Las comunidades afectadas han sido condenadas al abandono, con vías intransitables que limitan su acceso a bienes y servicios esenciales, afectando gravemente su calidad de vida. Mientras tanto, las autoridades del MTC se escudan en justificaciones burocráticas sin ofrecer soluciones concretas.

Carreteras en mal estado: una amenaza mortal

El deterioro de la infraestructura vial no solo obstaculiza el desarrollo regional, sino que también se ha convertido en una de las principales causas de accidentes mortales en el país. A pesar de los elevados cobros de peaje, las carreteras siguen en condiciones deplorables, con baches, puentes debilitados y tramos sin mantenimiento que representan un peligro constante para los ciudadanos.

El Perú necesita con urgencia una política de inversión pública real en infraestructura vial, con una planificación eficiente, fiscalización rigurosa y un compromiso genuino con la seguridad de la población. Es hora de que el Estado abandone la improvisación y la lógica neoliberal que prioriza intereses privados sobre el bienestar común.

En octubre de 2023, el Congreso peruano aprobó la Ley N° 31914, una normativa que meses después revelaría su impacto negativo en la seguridad pública. Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por una coalición multipartidaria que incluyó a Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, esta ley restringió severamente la capacidad de los gobiernos locales para clausurar centros comerciales, incluso ante riesgos evidentes.

La tragedia del Real Plaza Trujillo, ocurrida el 21 de febrero de 2025, dejó al descubierto las consecuencias de priorizar intereses comerciales sobre la seguridad ciudadana. Ocho personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas tras el colapso de una estructura en el centro comercial. Este desastre pudo haberse evitado si no fuera por la legislación que ató las manos de las autoridades locales. En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, había intentado clausurar el establecimiento tras detectar riesgos estructurales, pero la nueva ley lo impidió.

La Ley N° 31914, promovida inicialmente por Fuerza Popular, estableció que las municipalidades debían levantar cualquier clausura en un plazo máximo de 48 horas si el centro comercial presentaba documentación, independientemente de la gravedad de las deficiencias detectadas. Esta disposición prácticamente anuló la capacidad de supervisión de los gobiernos locales, dejando en evidencia un marco legal que privilegió los intereses económicos sobre la vida de las personas.

El congresista Alejandro Cavero, uno de los principales defensores de la ley, argumentó en su momento que esta buscaba proteger la inversión privada de los «alcaldes populistas». Sin embargo, tras la tragedia, intentó distanciarse de las consecuencias de la normativa que él mismo promovió, alegando que su objetivo era proteger a los empresarios de clausuras arbitrarias. No obstante, la realidad demostró que la ley limitó la capacidad de las autoridades para actuar ante riesgos inminentes.

La aprobación de la ley fue el resultado de un intenso lobby liderado por Fuerza Popular. El 10 de mayo de 2023, la bancada fujimorista presentó el proyecto N° 4952, que modificaba la Ley 28976 para regular las clausuras de establecimientos. Tras un debate en el Pleno del Congreso, presidido entonces por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, la iniciativa fue aprobada con 85 votos a favor y solo 19 en contra. Finalmente, el 28 de octubre de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 31914.

Aunque la normativa establecía que los centros comerciales podían ser clausurados en caso de riesgo inminente para la vida, la salud o la seguridad, también permitía que estos reabrieran en 48 horas si presentaban documentación que «subsanara» las observaciones. Este mecanismo, en la práctica, dejó sin efecto la capacidad de las municipalidades para garantizar la seguridad pública.

La tragedia del Real Plaza Trujillo no solo expuso las fallas estructurales del centro comercial, sino también las consecuencias de una legislación que priorizó intereses económicos sobre la protección de vidas humanas. La sangre de las víctimas mancha no solo el concreto colapsado, sino también las páginas de una ley que debió proteger a los ciudadanos.