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Destituyen altos mandos policiales por agresión a presidenta del Perú

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La agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte el sábado, durante su visita a la región de Ayacucho, ha tenido consecuencias inmediatas en el seno de las fuerzas del orden. Al día siguiente, se reemplazó al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista por Luis García Barrionuevo, y este lunes se ha destituido al comandante general de la Policía Nacional, el general Jorge Angulo por el teniente general Víctor Zanabria. Además, se ha cambiado en su totalidad a la escolta de la mandataria.

El Ejecutivo es consciente de que el incidente es un revés incalculable en su intento por proyectar una imagen de popularidad que les ha sido esquiva desde que asumieron el poder en diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Más allá de la facilidad con la que se vulneró la seguridad de la máxima autoridad del país, por el jalón de pelo que sufrió, el haberla encarado tienen un peso simbólico por quienes lo consumaron. Se trata de la viuda de un manifestante asesinado y la madre de un adolescente ultimado que se encontraba en los alrededores de las protestas en contra de Boluarte hace un año. Dos víctimas de la represión policial y militar.

En un inicio solo se había podido identificar a Ruth Bárcena Loayza, quien perdió a su esposo, Leonardo David Hancco Chacca, un transportista de 32 años al que una bala le perforó el tórax. Bárcena encaró a Boluarte, que tuvo la idea de repartir caramelos en su primera visita a una región donde murieron diez personas en el marco de las movilizaciones. Sin embargo, hubo una segunda mujer que aprovechó el tumulto para jalarle el cabello por detrás. Se trata de Ilaria Aime Gutiérrez, de 38 años, que también perdió a su hijo de 15 años, Christopher Ramos Aime, herido mortalmente por la espalda.

Ramos se ganaba la vida en el Cementerio General de Ayacucho, limpiando nichos y colocando arreglos florales. Había dejado el colegio para ayudar a su madre y a su hermana mayor, que se preparaba para postular a la universidad. Su vida se interrumpió a mediados de diciembre de 2022 cuando cruzaba una calle. La bala impactó su omóplato derecho, provocándole la muerte. “No hay justicia para los ayacuchanos. Encima le llaman pandillero a mi hijo. Dicen que somos terroristas. Los ayacuchanos somos personas humildes. Él no hizo nada. Ni siquiera estaba en enfrentamiento. Simplemente pido justicia”, clamó Ilaria hace un tiempo.

La agresión a la mandataria Dina Boluarte ha despertado un debate moral en la opinión pública. Están quienes intentan deslegitimar el dolor de Ruth Bárcena por un TikTok; otros se limitan a salir en defensa de la presidenta, arguyendo que la violencia no se combate con violencia; y en la otra orilla se ubican aquellos que sostienen que Boluarte vive en una realidad alterna, que no puede ser posible que reparta sonrisas y caramelos en medio de los deudos y que así como se rechaza la violencia, también debe rechazarse la impunidad.

Según el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la agresión del último fin de semana es un hecho aislado y aseguró que la mandataria continuará visitando la sierra sur del país, donde están sus opositores más férreos. “La audiencia no ha sido adversa. La recibieron de la mejor manera, como siempre la reciben adonde va. Hemos visto la protesta de 10 o 15 personas que lanzaron frases agresivas. Ella va a seguir viajando por todo el país. Va a ir al sur y va a regresar a Ayacucho. Que no quede ninguna duda, porque es la presidenta Constitucional de la República y porque está haciendo la entrega de obras que beneficiarán a los más desfavorecidos del país”, dijo.

En cuanto al nuevo comandante de la Policía, Víctor Zanabria, ya se han conocido los primeros cuestionamientos. Fue incluido en la investigación fiscal por la irrupción de las fuerzas del orden con tanquetas, bombas lacrimógenas y un helicóptero a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en enero de 2023. El general Óscar Arriola, titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), fue designado como jefe del Estado Mayor de la institución policial. Varias cabezas han rodado y las aguas están caldeadas tras el jaloneo. Cualquier acuerdo nacional asoma lejano.

Fuente: El País

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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

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Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.

El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado

El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.

El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.

Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.

Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?

El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.

Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.

Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada

La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.

Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.

Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.

Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.

Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.

En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.

Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.

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Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

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Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.

El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.

Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

Líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se dirije a los presentes

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.

Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.

Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.

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El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

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Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.

En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.

El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.

Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.

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