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Comisión Permanente aprobó extender a 75 años la edad de cese de trabajadores

La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, jueves, en primera votación, extender la edad de cese de los trabajadores de 70 a 75 años.

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La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, jueves, en primera votación, extender la edad de cese de los trabajadores de 70 a 75 años.

El dictamen, suscrito por la Comisión de Trabajo del Parlamento, fue aprobado con 15 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, y será sometido a segunda votación dentro de siete días, según anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

En ese sentido, el texto propone modificar el Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; y la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, la propuesta para que los trabajadores puedan solicitar laborar hasta los 75 años, previa evaluación médica que certifique sus óptimas condiciones de salud.
Congreso
La propuesta busca reformar la edad de cese de los trabajadores que, actualmente, es a los 70 años
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, jueves, en primera votación, extender la edad de cese de los trabajadores de 70 a 75 años.

El dictamen, suscrito por la Comisión de Trabajo del Parlamento, fue aprobado con 15 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, y será sometido a segunda votación dentro de siete días, según anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

En ese sentido, el texto propone modificar el Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; y la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil.
«Está basada en la ignorancia»: Susel Paredes critica comisión del Congreso que propondrá reformas al SIDH


¿En qué consiste la norma?
Según indica el texto sustitutorio de la propuesta presentada por Juan Burgos (Avanza País), la edad límite de cese de un trabajador podrá extenderse «excepcionalmente» a solicitud del mismo.

«Excepcionalmente, a solicitud del trabajador, y cuando la necesidad del servicio lo justifique, dicho límite puede extenderse hasta los setenta y cinco años de edad, siempre que una evaluación médica especializada y multidisciplinaria, asumida por el empleador, certifique que el trabajador se encuentra en condiciones físicas y mentales para el desempeño de sus funciones», indica el dictamen.

«La solicitud se presenta hasta la fecha en que el trabajador cumple los setenta años de edad, mediante cualquier medio físico o virtual que permita dejar constancia de su presentación», agrega.

En ese sentido, propone que la Oficina de Recursos Humanos del centro de labores emita «un informe debidamente sustentado en criterios objetivos para determinar la necesidad del servicio.

«Si el empleador rechaza la solicitud del trabajador sin valorar este informe o el resultado de la evaluación médica, el rechazo se presume como despido nulo», resalta.

«El empleador debe responder la solicitud del trabajador dentro de los sesenta días calendario contados desde su presentación, adjuntando el informe de la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces. Mientras no exista comunicación sobre la denegación de la solicitud, el vínculo laboral se mantiene en sus mismos términos», añade.

Respecto a la «jubilación automática y obligatoria» a los 70 años de edad, estipulada por la actual normativa, la propuesta subraya que «excepcionalmente, a solicitud del trabajador, (ésta) puede extenderse hasta los setenta y cinco años de edad».

Finalmente, dispone que «el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo máximo de treinta días naturales contados desde su entrada en vigor», adecuará las normativas modificadas en función a lo estipulado por la nueva ley.

Motivación de la propuesta
La congresista Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), en diálogo con RPP, indicó que el dictamen propone que el trabajador que «no desea jubilarse, puede seguir trabajando hasta los 75 años».

«Si voluntariamente te quieres quedar a trabajar, te quedas a trabajar, eso es lo que propone la ley. Pero lo que revela es que nuestro sistema de pensiones está mal, porque si el sueldo mínimo indica que es S/ 1025 la cantidad mínima con la que las personas pueden vivir, todas las pensiones deberían ser como mínimo S/ 1025», explicó.

En ese sentido, indicó que la motivación de la propuesta responde a la baja cifra de las pensiones, por lo que «si alguien estando en actividad gana S/ 7 mil y jubilándose tiene una pensión de S/ 500, lo que se va a hacer es trabajar hasta que le dé el cuerpo».

«Esto requiere de una reforma pensionaria realista que mantenga la dignidad de todas las personas que han cumplido con trabajar. Por eso nadie se quiere jubilar, ni los maestros ni catedráticos ni nadie», resaltó.

Fuente: RPP

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

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El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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