Lima, 3 de diciembre de 2025 – En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, el pleno del Congreso logró, tras una cuestionada reconsideración, inhabilitar por diez años a la fiscal suprema Delia Espinoza, la única barrera que impedía el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación. Fuentes parlamentarias de la oposición aseguran que la maniobra forma parte de una estrategia más amplia de la derecha parlamentaria para neutralizar cualquier obstáculo institucional que pueda fiscalizar o denunciar irregularidades en el proceso electoral del 2026, donde buscan garantizar la reelección de sus aliados y bloquear el regreso de la izquierda.

El mismo bloque que votó unido por la sanción –Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre, afines al “acuerdo de gobernabilidad”– ya tiene sobre la mesa proyectos para reformar la Junta Nacional de Justicia, reducir el número de miembros del Jurado Nacional de Elecciones y modificar la ley de organizaciones políticas con el objetivo de excluir candidaturas incómodas. Según documentos a los que tuvo acceso este medio, la próxima meta es colocar en el JNE y el Reniec a personas de absoluta confianza de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, replicando el modelo aplicado en Ecuador y otros países donde el control de los organismos electorales precedió acusaciones de fraude masivo.

Analistas y exmagistrados electorales advierten que, con la Fiscalía de la Nación en manos afines, la JNJ desmantelada y los entes electorales copados, el escenario para el 2026 queda despejado para un eventual fraude técnico-institucional: manipulación de actas, denegación masiva de inscripciones de listas opositoras y blindaje judicial ante cualquier impugnación. “No necesitan urnas quemadas ni muertos como en el 2000; hoy basta con tener los organismos que cuentan y revisan los votos”, resumió un exvocal del JNE que pidió reserva de identidad. Mientras el Congreso celebra la “recuperación de la institucionalidad”, en los pasillos de varias bancadas ya se habla sin tapujos de “asegurar el triunfo antes de la campaña”.

Lima, 13 de noviembre de 2025 – Miles de maestros del SUTEP protagonizaron un combativo paro nacional de 24 horas, exigiendo al Congreso y al Gobierno el cumplimiento de promesas incumplidas: pensiones dignas para jubilados, aumento salarial de S/200 y el 6% del PBI para educación. En la capital, la marcha hacia el Palacio Legislativo fue reprimida por la Policía Nacional, que usó gases lacrimógenos y fuerza física para bloquear el avance. Pese a la violencia, los docentes lograron llegar al carril frontal del Congreso, alzando su voz contra un Estado que, según denuncian, abandona al magisterio.

El dirigente de jubilados, Soto, denunció haber sido pateado por efectivos policiales, un acto que indignó a los manifestantes y se viralizó en redes sociales. “No nos callarán; luchamos por derechos, no por migajas”, declaró Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien criticó al Ejecutivo por observar la Ley 3864, que beneficiaría a 162.000 cesantes y jubilados. La intervención policial, calificada como desproporcionada, no detuvo la protesta, que también exigió el pago del bono excepcional de S/487 y la derogatoria de la Ley 32242, vista como una amenaza al empleo docente.

Este paro, respaldado por más de 6.000 maestros en Lima y miles en regiones, expone la crisis del sector educativo, relegado por un Gobierno que prioriza ajustes fiscales sobre la deuda social. El SUTEP advierte que, sin respuestas concretas, escalará sus medidas de lucha. Mientras el Congreso posterga el debate y el Minedu declara la huelga “improcedente”, la ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo la educación seguirá siendo la última rueda del coche?

La resolución del Junta Nacional de Justicia (JNJ) que suspendía a Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación fue declarada nula de forma provisional por el Noveno Juzgado. La medida cautelar concedida a Espinoza Valenzuela suspende los efectos de la Resolución N.º 231-2025-JNJ y restablece la vigencia de los actos que la designaron, estableciendo un plazo de cinco días para que la JNJ cumpla con el mandato judicial.

En su fallo, el juez fijó dicho plazo dentro del marco del proceso de amparo que cuestiona la actuación de la JNJ al remover a Espinoza Valenzuela y designar en su lugar a otra persona. Según la sentencia, la JNJ incurrió en vicios de forma y fondo —entre ellos la falta de motivación adecuada y de firmas del pleno para validar la decisión— lo que motivó la suspensión provisional de sus efectos. Sin embargo, la JNJ ha señalado que acatará la resolución, pero no la interpreta como una reinstalación definitiva, ya que sostiene que aún continúan vigentes otros procedimientos disciplinarios contra Espinoza Valenzuela.

Este episodio se inscribe en la compleja disputa entre la JNJ y el Ministerio Público por la autonomía institucional y el respeto al debido proceso en la designación de autoridades. Para Espinoza Valenzuela, la decisión judicial abre la puerta a retomar sus funciones inmediatamente, aunque ello esté sujeto al cumplimiento efectivo de la orden de reposición. La demora o incumplimiento por parte de la JNJ podría generar nuevas acciones legales y tensión institucional.