Lima, 6 de octubre de 2025 – Desde las 00:00 horas de hoy, el rugido de los motores se apagó en Lima y Callao. La Cámara Internacional del Transporte (CIT) y más de 460 empresas de transporte público ejecutaron un paro seco nacional, dejando al 90% de los buses urbanos fuera de circulación. Este cese total, bautizado como el “apagón de motores”, responde a la imparable ola de inseguridad que azota al sector: extorsiones, amenazas por celular y el reciente asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso en San Juan de Miraflores.

La medida, que paralizó la movilidad de millones de ciudadanos, es un grito desesperado contra la impunidad. “No podemos seguir enterrando choferes ni pagando cupos a mafias. El gobierno mira para otro lado mientras nosotros ponemos los muertos”, denunció Martín Ojeda, vocero de la CIT, desde un piquete en la avenida Abancay. Según la Coordinadora de Transporte Urbano, en 2024 se registraron más de 200 asesinatos de transportistas, y en 2025 la cifra ya supera el 30% de incremento respecto al año anterior.

El paro, descrito como “seco” por su carácter pacífico –sin bloqueos ni enfrentamientos–, generó un impacto devastador en la capital. Miles de pasajeros abarrotaron paraderos, mientras taxis y aplicativos de transporte colapsaron por la demanda. En algunos distritos, como Comas y San Martín de Porres, se reportaron pinchazos de llantas a buses que intentaron operar, aunque los gremios niegan responsabilidad. “Queremos soluciones, no violencia. Pero no nos dejan otra salida”, afirmó Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas.

El Ministerio del Interior desplegó 3.000 agentes para evitar desmanes, mientras el gobierno de Dina Boluarte anunció el bloqueo de 1.5 millones de líneas telefónicas usadas para extorsiones. Sin embargo, los transportistas califican estas medidas como “parches insuficientes”. Exigen un estado de emergencia en el sector, patrullajes permanentes, cámaras de seguridad en buses y la derogatoria de leyes que, según ellos, “protegen a los criminales”.

Este no es el primer paro del sector. En 1977, los transportistas marcaron un hito con un cese nacional contra la crisis económica. Hoy, 48 años después, la lucha es por la vida misma. Las mafias, vinculadas al crimen organizado y a redes transnacionales como el Tren de Aragua, han convertido a los choferes en blanco de sicariato y extorsión. “Pagamos S/ 500 semanales para trabajar. Si no pagas, te matan. Así no se puede vivir”, relató un cobrador anónimo en Villa El Salvador.

El impacto económico del paro se estima en más de S/ 230 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Colegios suspendieron clases, mercados reportaron desabastecimiento parcial y el comercio informal aprovechó para subir tarifas. Pese al caos, un 68% de limeños apoya la protesta, según una encuesta de Datum Internacional, reflejando el hartazgo colectivo ante la inseguridad . ¿Respuesta del gobierno? La presidenta Boluarte prometió “respuestas potentes” y una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, pero su gestión enfrenta críticas por su lentitud. El ministro Carlos Malaver calificó el paro como “un golpe al ciudadano común” y pidió “paciencia” mientras se implementa un grupo élite contra extorsiones.

Al cierre de esta nota, el paro se levantó parcialmente tras negociaciones, pero la tensión persiste. Los transportistas han dado un ultimátum: “Sin seguridad, no hay transporte”. Mientras las calles de Lima recuperan su ritmo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?.

Lima, 5 de octubre de 2025. – El Poder Judicial resolvió no aplicar la Ley N.° 32107, aprobada por el Congreso de la República el pasado junio, que pretendía establecer la prescripción e irretroactividad de los delitos de lesa humanidad y de guerra. La norma, promovida por los partidos conservadores del Parlamento, generó amplio rechazo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que advirtieron que su aplicación contradecía los tratados internacionales ratificados por el Perú y el artículo 55 de la Constitución, que otorga rango constitucional a dichos compromisos.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la ley desconocía obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido de forma reiterada que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden beneficiarse de normas que limiten su persecución judicial. El Defensor del Pueblo también había solicitado su revisión, señalando que vulneraba el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma la vigencia de los principios de justicia internacional y envía un mensaje al Congreso sobre la inconstitucionalidad de retrocesos normativos en materia de derechos humanos. Diversos analistas coinciden en que la dación de la Ley N.° 32107 evidenció un intento de favorecer a responsables de violaciones graves durante el conflicto armado interno, poniendo en riesgo los avances logrados en memoria, verdad y reparación.

En un discurso contundente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el genocidio contra el pueblo palestino y cuestionó la complicidad de las potencias que lo permiten. El mandatario colombiano llamó a conformar una fuerza internacional que proteja a Gaza y advirtió que “la humanidad está en riesgo si persisten la guerra, el racismo y el neocolonialismo”.

Petro también criticó los ataques militares de Estados Unidos en el mar Caribe, donde, según señaló, jóvenes pobres fueron asesinados bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas”. Para el jefe de Estado, estos hechos confirman que los países poderosos siguen imponiendo su dominio mediante la violencia y el saqueo de los recursos naturales de naciones libres y soberanas.

Con un tono humanista y combativo, el presidente colombiano sostuvo que la democracia mundial se encuentra amenazada por el racismo y la supremacía de unos pocos, y advirtió que la indiferencia internacional frente a estas agresiones puede llevar a la humanidad a un colapso. “O defendemos la humanidad o nos hundimos en el genocidio”, sentenció. Su intervención fue considerada una de las más firmes de la jornada, reafirmando su posición como voz crítica contra el imperialismo y en defensa de la vida y la justicia global.