Ayacucho se prepara para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, fecha clave que marcó la independencia de América, pero la celebración se ve empañada por un clima de tensión debido a las protestas previstas por los deudos de las víctimas de la represión en las manifestaciones de 2022 y 2023.

Las familias de los caídos, que claman por justicia tras la muerte de 50 civiles en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, se han movilizado en varias ocasiones, exigiendo que los responsables de la violencia sean juzgados. Sin embargo, esta vez, el gobierno ha adoptado medidas severas para evitar que se repitan las movilizaciones en esta fecha simbólica.

La Fiscalía de Ayacucho ha comenzado un proceso preventivo contra los líderes sociales y familiares de las víctimas, en el marco de las celebraciones del bicentenario. A solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se ha dictado un «procedimiento preventivo» que prohíbe cualquier tipo de manifestación pública durante 90 días, lo que ha sido interpretado por los manifestantes como un intento de silenciar sus voces en un contexto en que la presidenta Dina Boluarte podría estar presente. Las familias de las víctimas, especialmente las de los 10 muertos ocurridos en diciembre de 2022, se sienten especialmente vulnerables ante las amenazas judiciales y la represión sistemática.

El 15 de diciembre de 2022, Ayacucho vivió un día histórico de lucha y resistencia. Más de un centenar de personas se levantaron en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, exigiendo el respeto a la democracia, las libertades fundamentales y el fin de la represión. En un contexto de creciente descontento social y represión por parte del gobierno, los ciudadanos de Ayacucho alzaron su voz contra lo que consideraron un régimen autoritario y violador de los derechos humanos.

En ese entonces, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, también fue señalado como parte del aparato político que apoyaba a un gobierno cada vez más cuestionado por su falta de legitimidad. La protesta en Ayacucho fue, por tanto, un rechazo no solo al gobierno de Boluarte, sino también a todos aquellos que, en su afán de mantener el poder, atentaron contra la democracia, el respeto a la voluntad popular expresa en la urnas y a las libertades fundamentales del pueblo peruano.

El panorama recuerda las duras confrontaciones ocurridas el año pasado, cuando más de 90 familiares de las víctimas viajaron a Lima para participar en una «marcha por la vida», y fueron recibidos con violencia por la policía. Testimonios de los participantes aseguran que la PNP utilizó la fuerza para dispersarlos, empujando y golpeando a varios de los manifestantes, incluidos adultos mayores y mujeres.

Por otro lado, varios de los sobrevivientes y familiares de los asesinados se han visto obligados a costear tratamientos psicológicos, ya que el Estado ha mostrado una escasa atención a sus necesidades. Esto contrasta con el rol activo que desempeñaban entidades como la Defensoría del Pueblo en años anteriores, que ahora parece estar más distante del pueblo peruano.

La represión contra las protestas no solo se limita a las manifestaciones en las calles. recientemente, la Biblioteca Nacional de Perú censuró una exposición artística sobre las masacres de 2022 y 2023, mientras que en Ayacucho, la Policía intentó evitar la creación de una alfombra floral con el mensaje «No matarás», en un acto simbólico de recuerdo hacia los caídos.

Desde el Congreso, la congresista ayacuchana Margot Palacios Huamán ha rechazado las medidas del gobierno, señalando que el Ministerio Público está actuando como un instrumento para silenciar a las víctimas y que esto constituye una grave violación del derecho a la protesta. «La impunidad que vive el país y de la que goza Dina Boluarte está llevando al Ministerio Público a convertirse en cómplice de la agresora», manifestó Palacios, exigiendo una explicación a la fiscal de la Nación por estas medidas de represión.

Por su parte, un sector importante de la población, aglutinados en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Video: https://acortar.link/rNipYk), se vienen movilizando en rechazo a la llegada de la presidenta Dina Boluarte en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Recorriendo por las calles de su ciudad exigiendo que la mandataria Dina Boluarte no participe en las actividades oficiales conmemorativas de esta histórica batalla, que marcó el fin del dominio español en el Perú. Asimismo, los manifestantes recuerdan que, hace un año, durante las protestas por su asunción, se produjo la muerte de 10 personas a manos de militares en Ayacucho.

En un contexto tan tenso, los familiares de las víctimas siguen esperando que la justicia avance, aunque hasta ahora las investigaciones sobre los responsables de los homicidios perpetrados por las fuerzas del orden no han logrado avanzar con la celeridad que exigen los deudos. A pesar de ello, el proceso judicial ha identificado a varios militares y policías como responsables directos de las muertes, en especial de los menores de edad asesinados en diciembre de 2022. Sin embargo, la sensación de impunidad persiste y las familias siguen luchando por el reconocimiento de la verdad y la justicia.