Lima, 22 de junio de 2025 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su país llevó a cabo ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Natanz e Isfahán, calificándolos como un «éxito espectacular» para neutralizar el programa nuclear de Irán, al que acusó de ser el «principal patrocinador del terrorismo mundial». Los bombardeos, ejecutados con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk, se producen en el contexto de la guerra entre Israel e Irán, iniciada el 13 de junio, y han generado una fuerte condena internacional por temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó los ataques como una «escalada peligrosa», mientras que China y Rusia condenaron la acción como una violación del derecho internacional. Irán, por su parte, prometió represalias, con su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmando que el país «reserva todas las opciones» para defender su soberanía. El parlamento iraní votó a favor de cerrar el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el 20% del petróleo mundial, lo que ha elevado los precios del crudo en más del 10% y amenaza con una crisis energética global.

En América Latina, países como Venezuela y Cuba expresaron un rechazo contundente, calificando los ataques como una agresión injustificada. México, en cambio, llamó al diálogo diplomático para evitar mayores tensiones. En contraste, aliados de EE.UU. como Reino Unido, Francia y Alemania, aunque apoyaron la seguridad de Israel, instaron a evitar acciones que desestabilicen la región. En el Golfo, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos mostraron preocupación sin criticar directamente a Washington, posiblemente por su dependencia de la presencia militar estadounidense.

En EE.UU., el ataque ha generado división. Republicanos como el senador Lindsey Graham elogiaron la decisión de Trump, mientras que demócratas como Chuck Schumer y Alexandria Ocasio-Cortez criticaron la falta de autorización del Congreso, acusando al presidente de violar la Constitución. Incluso algunos republicanos del movimiento «America First» se opusieron, argumentando que el conflicto no beneficia a EE.UU. Analistas advierten que los ataques, que según la IAEA causaron daños limitados en Fordo, podrían incentivar a Irán a acelerar su programa nuclear o retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear.

El Perú, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero expertos locales advierten que un eventual cierre del Estrecho de Ormuz podría impactar los precios del combustible y los costos de importación en el país. La comunidad internacional sigue atenta a las posibles represalias de Irán, que podrían incluir ataques a bases estadounidenses o el uso de drones, mientras se teme que el conflicto derive en una crisis económica y militar de alcance global.

Lima, 16 de junio de 2025 – Mientras Estados Unidos se presenta ante el mundo como un defensor de la paz y los derechos humanos, su apoyo incondicional a Israel en su ofensiva contra Irán y la masacre de civiles palestinos, especialmente niños y ancianos en Gaza, revela una hipocresía que ha indignado a la comunidad internacional y generado un rechazo unánime en Perú y América Latina. Este respaldo, que incluye miles de millones de dólares en armamento y vetos a resoluciones de la ONU, ha sido señalado como cómplice de crímenes de guerra y una amenaza a la estabilidad global.

La escalada bélica de Israel, respaldada por EE.UU., ha alcanzado un nuevo nivel con los recientes ataques a instalaciones nucleares y militares en Irán, que dejaron al menos 78 víctimas, incluyendo civiles, según reportes de prensa internacional. Estos bombardeos, facilitados por inteligencia satelital y apoyo logístico estadounidense, han sido condenados por países como Turquía, Irak y Pakistán como una violación flagrante de la soberanía iraní y del derecho internacional. Irán, por su parte, ha prometido represalias, elevando el riesgo de una guerra regional que podría desestabilizar aún más el Medio Oriente.

Paralelamente, en Gaza, el saldo de la ofensiva israelí es devastador: más de 23,000 civiles muertos, incluyendo al menos 14,500 niños y miles de ancianos, según datos de Unicef y la Organización Mundial de la Salud hasta enero de 2025. Los bombardeos indiscriminados, el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de hospitales y escuelas han sumido a la población palestina en una crisis humanitaria sin precedentes, con el 90% de los habitantes desplazados y al borde de la hambruna. Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado estas acciones como genocidio, acusando a Israel de atacar deliberadamente a civiles y de utilizar el hambre como arma de guerra.

Estados Unidos, lejos de promover la paz, ha sido un pilar clave en esta tragedia. Solo en 2024, aprobó $17,600 millones en ayuda militar a Israel, incluyendo bombas de precisión y proyectiles de artillería usados en Gaza, según informes del Congreso estadounidense. Además, en junio de 2025, vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a Gaza, siendo el único de los 15 miembros en oponerse. Este veto, el tercero en lo que va del año, ha sido interpretado como una luz verde para que Israel continúe su ofensiva sin rendir cuentas.

En Perú, la indignación no se ha hecho esperar. Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos estudiantiles han convocado manifestaciones en Lima y otras ciudades para rechazar lo que califican como una “doble moral” de EE.UU. “Hablan de paz y democracia, pero financian la muerte de niños y ancianos palestinos y provocan a Irán para desatar más caos. Esto es inaceptable”, afirmó Carmen Rojas, vocera de la Coordinadora Peruana por Palestina. En redes sociales, el hashtag #EEUUHipócrita ha ganado tracción, con usuarios peruanos y latinoamericanos denunciando la complicidad de Washington en lo que llaman un “genocidio televisado”.

La comunidad internacional también ha alzado su voz. Países como Brasil, Bolivia y Chile han condenado la postura de EE.UU., exigiendo sanciones contra Israel y una investigación independiente por crímenes de guerra. Incluso aliados tradicionales de Washington, como Francia y Canadá, han expresado su preocupación por la escalada y han instado a un cambio de rumbo para evitar una catástrofe regional. Sin embargo, la administración estadounidense insiste en su narrativa de “defensa propia” de Israel, ignorando las pruebas de ataques desproporcionados y el sufrimiento de la población civil palestina.

En el contexto de América Latina, donde la solidaridad con Palestina ha crecido en los últimos años, la postura de EE.UU. es vista como una continuación de su histórica injerencia en la región, promoviendo intereses geopolíticos por encima de la justicia y la humanidad. “EE.UU. no solo traiciona los valores que dice defender, sino que pone en riesgo la paz mundial al respaldar una agresión que mata inocentes y provoca a Irán”, señaló el analista político peruano Juan Velásquez.

Mientras los cuerpos de niños y ancianos palestinos se acumulan bajo los escombros y la amenaza de una guerra más amplia con Irán se cierne sobre el horizonte, el mundo exige que EE.UU. deje de lado su hipocresía y asuma su responsabilidad. En Perú, la ciudadanía se une al clamor global por un alto al fuego inmediato, el fin del bloqueo a Gaza y el cese del apoyo a un régimen que, con el respaldo de Washington, perpetúa un ciclo de violencia y sufrimiento. La paz, verdadera y no discursiva, es el único camino posible.

En Estados Unidos, la política migratoria del presidente Donald Trump, caracterizada por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha desatado protestas que enfrentan una represión desproporcionada, afectando también a la comunidad peruana. Se estima que cerca de 320,000 peruanos viven en situación migratoria irregular en EE. UU., representando casi el 1% de la población total del país. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, 12,048 peruanos fueron deportados por infracciones migratorias, y en 2025, 308 connacionales enfrentan órdenes de deportación, con 340 más a la espera de documentación para ser expulsados.

En California, epicentro de las manifestaciones, el despliegue de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, ordenado por Trump sin autorización del gobernador Gavin Newsom, ha escalado las tensiones. En Los Ángeles, donde se arrestaron a 378 personas en pocos días, un peruano fue detenido durante protestas contra las redadas, que dejaron más de 40 migrantes arrestados tras enfrentamientos con agentes federales, quienes usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En San Diego, 74 peruanos fueron detenidos en operativos migratorios. Estas acciones han generado temor, con casos como el de un peruano arrestado en un Walmart pese a estar en proceso de asilo.

La narrativa oficial de Trump justifica las redadas como una medida contra la “invasión migratoria”, tildando a los manifestantes de “turbas insurrectas”. Sin embargo, testimonios como el de Daniel Valdez, un joven peruano buscando asilo, reflejan el clima de incertidumbre: “Puedes salir de tu casa y te pueden agarrar”.

Las tácticas de ICE, que incluyen agentes encubiertos en centros comerciales, han afectado la estabilidad emocional y económica de los migrantes. En Boston, negocios peruanos como el restaurante ‘Peruvian Taste’ reportan una caída del 50% en clientela por el miedo a salir.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU critican estas medidas como violaciones a la libertad de expresión, alertando sobre un retroceso democrático. En Perú, la Cancillería, liderada por Elmer Schialer, monitorea la situación, ofreciendo asistencia consular y preparando la reintegración de los deportados, con un vuelo de 141 peruanos retornados previsto. Sin embargo, la comunidad peruana en EE. UU. vive bajo constante amenaza, con redadas que no solo afectan a indocumentados, sino también a quienes buscan protección legal.