El Congreso de la República del Perú se encuentra en el centro de un escándalo que involucra presuntos favores sexuales a cambio de votos legislativos. La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar…
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Continúan enfrentamientos por supuesta red de prostitución en el Congreso de la República

La crisis política en el Congreso de la República persiste debido al escándalo relacionado con una presunta red de prostitución dentro de la institución, lo que ha desatado fuertes enfrentamientos entre diversas bancadas parlamentarias. Mientras la Fiscalía y la Policía Nacional intensifican las investigaciones, la bancada de Somos Perú ha presentado una moción de censura contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, por su manejo unipersonal de la investigación.
Somos Perú ha criticado a Burgos por tomar decisiones sin consultar a los demás miembros de la Comisión y por centrarse en declaraciones mediáticas sin pruebas sustanciales. Héctor Valer, vocero de la bancada, manifestó que Burgos ha desviado el foco de la investigación, que debería centrarse en la corrupción dentro del Estado, hacia un «show mediático». La bancada ha expresado su respaldo a la moción de censura, exigiendo respeto a la pluralidad y a la función fiscalizadora del Congreso.

Por su parte, Juan Burgos respondió acusando a Somos Perú de estar siendo «manipulada» por César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), señalando que las acusaciones en su contra son parte de un plan para frenar sus investigaciones. Aseguró que su trabajo ha incomodado a algunos sectores del Congreso involucrados en el escándalo, y no descartó ser denunciado ante la Comisión de Ética por presuntas irregularidades en la investigación.
En medio de estos enfrentamientos políticos, la bancada de Podemos Perú ha respaldado a Burgos, destacando la importancia de esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos en el Congreso. A su vez, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan con las diligencias para aclarar la presunta red de prostitución. El 2 de enero, agentes de la Fiscalía y efectivos policiales realizaron un allanamiento en la Oficialía Mayor del Congreso, buscando documentos y registros relacionados con Jorge Torres Saravia, un exfuncionario del Congreso, quien estaría vinculado al caso.
Este escándalo cobró notoriedad después de que Andrea Vidal, extrabajadora de Torres Saravia, fuera víctima de un atentado a balazos en diciembre, lo que derivó en su muerte. La presión sobre los funcionarios del Congreso ha crecido desde entonces, y las investigaciones siguen en marcha.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha sido criticado por su manejo del caso. Aunque negó encubrimientos, evitó responder de manera clara sobre cómo Torres Saravia consiguió un cargo clave en el Parlamento. Esta falta de respuestas ha incrementado las exigencias de diversas bancadas, como Acción Popular, que ha pedido la renuncia de varios altos funcionarios del Congreso, incluidos el oficial mayor Giovanni Forno y otros responsables del área de Recursos Humanos, debido a la gestión cuestionada.
Acción Popular también ha solicitado una auditoría exhaustiva de los procesos de contratación en el Congreso y una reestructuración de varias áreas clave de la administración. La situación sigue siendo crítica, con la disputa política entre bancadas sumándose a las investigaciones judiciales.
El escándalo ha puesto en evidencia las fallas en el control interno del Congreso y la falta de coordinación entre los altos mandos, como lo demuestra la opacidad respecto al ascenso de Torres Saravia y la pasividad de Salhuana ante las críticas. Mientras tanto, Juan Burgos ha asegurado que continuará con la investigación, destacando la necesidad de una reestructuración total del Congreso para garantizar la transparencia.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

















