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Nuevo paro de transportistas frente a la inseguridad y inacción del Gobierno

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El paro de transportistas en Perú, que se inició el 10 de octubre y reunió a diversos sectores afectados por la extorsión, ha dejado en evidencia una de las mayores crisis de seguridad que atraviesa el país. La protesta, que inicialmente parecía tomar un respiro con la suspensión anunciada por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha escalado tras la cancelación del diálogo con el Congreso.

Ahora, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú anunció este domingo la convocatoria a un paro nacional para el próximo 12 de noviembre a raíz de la crisis de seguridad que afronta el país. Mientras Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que este lunes 14 de octubre no habrá ningún paro de transportistas, pero reiteró la intención de su gremio de convocar a un paro nacional con fecha aún por definir juntamente con otros gremios a nivel nacional, a la que se podrían unir otros sectores sociales descontentos en el país.

El reclamo central del sector transporte, que agrupa a conductores de buses, taxis, mototaxis, y pequeños comerciantes, gira en torno a la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, que, según ellos, solo benefician a delincuentes. Estas leyes, afirman, han retrasado las investigaciones y allanamientos, favoreciendo la expansión del crimen organizado que asfixia a los sectores más vulnerables.

Pero detrás de esta convocatoria no solo hay una demanda jurídica. Se trata de una respuesta desesperada a la creciente inseguridad que enfrenta el país. El paro refleja la desesperación de ciudadanos que, sintiéndose desprotegidos, han decidido hacer frente a la delincuencia de manera activa, al tiempo que cuestionan la capacidad del gobierno de Dina Boluarte para garantizar lo más básico: la seguridad ciudadana.

Nuevo paro de transportistas amenaza paralizar Lima y Callao

La raíz del conflicto: la democratización del crimen organizado

Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es lo que varios expertos han calificado como la «democratización de la extorsión». Juan De la Puente, politólogo y abogado, analiza el fenómeno como un cambio cualitativo en la naturaleza del crimen organizado en el Perú. Ya no se trata únicamente de grandes bandas, sino de una miríada de pequeñas células delictivas que operan a nivel familiar y barrial. Este «emprendimiento delictivo» ha superado la capacidad del Estado para enfrentarlo de manera efectiva, sobrecargando al sistema de seguridad.

«La incapacidad del gobierno para desentrañar la naturaleza de estas redes criminales ha convertido al crimen en una especie de «pyme de la extorsión», que afecta directamente a transportistas, pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie», señaló De la Puente en una reciente entrevista. Esto, sumado a economías ilegales como el contrabando y la minería informal, ha generado una sobrecarga para las fuerzas de seguridad.

Un Congreso que legisla para el crimen

La desconfianza en el Poder Legislativo es otro de los motores detrás de las protestas. Los gremios acusan al Congreso de aprobar leyes que favorecen a mafias y extorsionadores, con la excusa de mejorar la seguridad. Según Campos, “las medidas tomadas por el Congreso no solo son ineficaces, sino que facilitan el avance del crimen organizado”. La Ley 32108 y otras normativas recientes han sido duramente criticadas por su supuesta protección a los investigados, lo que refuerza la sensación de que las autoridades están más interesadas en blindar sus propios intereses que en proteger a la ciudadanía.

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, fue categórica en su crítica al Congreso: «Vivimos en una organización criminal y el brazo legal está dado por el Congreso». Para Ledesma, la incapacidad del Ejecutivo y la complicidad del Legislativo son factores clave que explican el colapso de la seguridad en el país.

El Gobierno y el Congreso se muestran renuentes atender las demandas planteadas por los gremios de transportistas.

Una crisis sin salida inmediata

Aunque la movilización de los transportistas se perfila como un llamado urgente a la acción por parte del Estado, las perspectivas de una solución inmediata parecen lejanas. El diálogo entre el Ejecutivo y los gremios se ha roto, y las próximas movilizaciones prometen ser más intensas, con fechas clave en octubre y noviembre. En el norte del país, ciudades como Trujillo se preparan para una movilización el 22 de octubre, mientras que Lima y el resto del país se sumarán el 31 de octubre.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno que ya enfrenta múltiples crisis. Las protestas revelan un descontento profundo y transversal en la sociedad peruana, que ya no confía en las instituciones para ofrecer soluciones efectivas. La criminalización de la protesta, como lo sugiere el proyecto de «terrorismo urbano», solo ha exacerbado la tensión, lo que podría derivar en un ciclo de paros continuos que desgasten aún más la ya frágil estructura política del país.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y con él, la expectativa de un cambio que detenga esta espiral de violencia e inseguridad que azota a Perú.

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Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

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Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.

En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.

El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.

Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.

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Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

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Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.

La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.

Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.

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Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

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El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.

Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.

Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.

Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.

Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.

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