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En defensa de Pedro Castillo Terrones

El Congreso de la República de Perú ha rechazado la apelación que presento el expresidente Pedro Castillo, en contra de una resolución administrativa que en primera instancia le negó la pensión vitalicia de 15,600 soles mensuales que corresponde a los expresidentes constitucionales del país.
En febrero de 2023, el Congreso aprobó acusar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con la ley que regula la pensión vitalicia, este derecho se suspende cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente.
Al respecto, el abogado defensor de Castillo, Walter Ayala, anunció que presentará una acción de amparo ante una Sala Constitucional del Poder Judicial en contra de esta resolución.
Esta decisión del Congreso ha generado un debate sobre su constitucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Por un lado, la Constitución Política de Perú establece que los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia, sin hacer excepciones explícitas. Sin embargo, la ley que regula esta pensión contempla la suspensión del beneficio en caso de acusaciones constitucionales.

Desde una perspectiva de vulneración de derechos, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las pensiones son un derecho adquirido que no puede ser vulnerado arbitrariamente por los Estados.
Finalmente será el Poder Judicial quien deberá evaluar si la suspensión de la pensión a Castillo se ajusta a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Es importante destacar que esta situación se produce en un contexto de polarización política en Perú, lo que puede influir en las decisiones de las autoridades. Por lo tanto, será fundamental que el Poder Judicial actúe con imparcialidad y apegado a la ley para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.
LA VENGANZA DE LA DERECHA
Lo cierto es, que la negativa del Congreso a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo ha sido interpretada por algunos sectores como una represalia política contra el exmandatario. Prueba de ellos son los informes presentados por diversos organismos internacionales los cuales reiteraron su preocupación ante los ataques viscerales de la derecha contra el gobierno de Castillo.

Un Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
Expresaba su preocupación por «la sucesión de hechos que revelaron una falta de voluntad política para permitir que el expresidente Castillo ejerciera su mandato con normalidad». Señalando que estuvo sometido a una «campaña de desestabilización desde su llegada al poder».
Por su parte las Declaraciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, señalaba que «los intentos de desestabilización del gobierno democráticamente electo del presidente Castillo comenzaron desde el mismo día de su investidura», según declaraciones de su jefe de misión, Gerardo Ichalalá.
Un Informe anual de la ONG Human Rights Watch, anunciaba que «desde que asumió el cargo en julio de 2021, el presidente Castillo enfrentó intentos de desestabilización de su gobierno por parte de actores que cuestionaron su legitimidad».
Desde EE.UU., Artículo de The New York Times, enunciaba que «los legisladores de oposición, junto con sectores de la élite económica y los medios de comunicación, libraron una campaña implacable para sabotear la presidencia de Castillo desde el principio».
Declaraciones de analistas y expertos:
Analistas políticos como Gonzalo Banda, de la Universidad del Pacífico, afirmaba que «hubo una campaña sistemática para deslegitimar a Castillo desde antes de que asumiera el cargo, lo que dificultó su gestión».
Lo cierto de todo es que Pedro Castillo enfrentó una fuerte oposición y acciones desestabilizadoras desde el inicio de su mandato, lo que eventualmente llevó a su destitución por parte del Congreso en diciembre de 2022. La negativa a otorgarle la pensión vitalicia a Castillo, no es otra cosa que la continuación de sus acciones desestabilizadoras de una clase política fascista, que obedeciendo a las élites económicas tradicionales libraron una despiadada campaña hacia los sectores populares y sus legítimos representantes.

A pesar de los intentos desestabilizadores, el pueblo peruano permaneció firme en su respaldo a Castillo, viendo en él la posibilidad de un cambio profundo que beneficiara a los históricamente excluidos. Sin embargo, las fuerzas conservadoras no estaban dispuestas a aceptar un gobierno que desafiara sus intereses.
La negativa a otorgar la pensión vitalicia a Castillo es un acto de revancha política, un castigo ejemplar para aquel que osó desafiar su statu quo, representando los anhelos de las grandes mayorías nacionales.
Esta decisión no sólo viola los derechos constitucionales de Castillo, sino que constituye una afrenta a la voluntad popular que lo eligió como presidente. Es un mensaje intimidatorio para aquellos sectores populares que buscan cambios estructurales en favor de la justicia social.
Las fuerzas democráticas y progresistas deben permanecer alertas ante estos ataques contra quienes representan los intereses de las grandes mayorías. El odio de clase de la derecha no debe prevalecer sobre los derechos y la voluntad soberana del pueblo peruano.
En momentos como este, más que nunca, es necesaria la movilización popular en defensa de la democracia y la justicia social. No permitamos que los sectores reaccionarios impongan su agenda retrógrada y excluyente.
La lucha por una sociedad más justa e igualitaria, continúa.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.













