Lima, 17 de julio de 2026.– El Poder Judicial absolvió a la diputada electa por Cajamarca, Yenifer Paredes Navarro, y a Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso penal que afrontaban por el denominado caso Anguía, investigación originada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y por su presunta participación en una organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado desde el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Castillo. La decisión judicial marca uno de los fallos más relevantes derivados de las investigaciones iniciadas tras la caída del exmandatario.

De acuerdo con la resolución, el colegiado concluyó que durante el juicio oral el Ministerio Público no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ambas procesadas respecto de los delitos imputados. La Fiscalía sostenía que la presunta red habría favorecido, mediante licitaciones direccionadas, a empresas vinculadas al entonces alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros investigados, para la ejecución de proyectos de saneamiento en Cajamarca, Amazonas y Lima.

Yenifer Paredes, quien fue criada por Pedro Castillo y Lilia Paredes tras el fallecimiento de su madre, alcanzó recientemente una curul por Cajamarca con Juntos por el Perú. Su nombre cobró notoriedad en 2022 luego de que la Fiscalía la investigara por presuntamente ofrecer proyectos de saneamiento en representación de la Municipalidad de Chadín, hecho que dio origen a una serie de diligencias que posteriormente se incorporaron a las investigaciones del caso Anguía.

En tanto, Lilia Paredes permanece asilada en México junto a parte de su familia desde diciembre de 2022. La Fiscalía la sindicó como presunta integrante de la organización criminal que habría captado funcionarios y direccionado contrataciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo, imputaciones que la ex primera dama rechazó en todo momento alegando persecución política. Días antes de este fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional había ordenado al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria del caso al considerar vencidos los plazos legales para seguir investigando.

La absolución representa un duro revés para la estrategia del Ministerio Público en uno de los expedientes de mayor impacto político derivados del gobierno de Pedro Castillo. No obstante, la decisión aún podría ser impugnada mediante recurso de apelación, por lo que el proceso no necesariamente ha quedado concluido de manera definitiva.

El fallo se conoce en un escenario de alta tensión política, pocos días después de las elecciones generales y durante el proceso de transferencia de gobierno entre el presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori. Para analistas constitucionales, la resolución reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones fiscales en casos de corrupción y vuelve a poner bajo escrutinio la actuación del sistema de justicia en procesos de alta sensibilidad política.

Cercado de Lima, 9 de julio 2026.- La discusión del proyecto que busca mejorar los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político y presupuestal en el Congreso de la República. Miles de servidores públicos agrupados en sindicatos nacionales mantienen la presión para que se reconozca el pago completo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las gratificaciones equivalentes a una remuneración íntegra, rechazando cualquier esquema que postergue estos beneficios durante varios años.

El principal punto de controversia surgió tras conocerse una propuesta de trabajo debatida en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que planteaba una aplicación progresiva de estos derechos laborales. Según la iniciativa discutida, el reconocimiento de la CTS y las gratificaciones comenzaría con un 10% durante el presente año, alcanzando el 100% recién en el año 2030. Para los gremios estatales, este cronograma mantiene la desigualdad entre trabajadores del propio Estado y prolonga una situación que consideran discriminatoria frente a otros regímenes laborales públicos.

Las organizaciones sindicales, que representan a trabajadores CAS de sectores como Salud, Educación, gobiernos regionales, municipalidades y entidades administrativas, sostienen que la implementación debe realizarse en un plazo considerablemente menor. Argumentan que miles de servidores cumplen funciones permanentes desde hace varios años sin acceder plenamente a beneficios laborales equivalentes a los de otros trabajadores estatales, pese a desempeñar labores esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.

La presión también se refleja en las calles. Diversas federaciones nacionales han realizado plantones y movilizaciones frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso de la República para exigir una solución durante el debate legislativo. En paralelo, dirigentes sindicales mantienen reuniones con congresistas y representantes técnicos con el objetivo de incorporar modificaciones al texto sustitutorio antes de que la iniciativa retorne a discusión en la Comisión Permanente.

En las regiones, el escenario también comienza a tensarse. En Cusco, Arequipa y Puno, sindicatos de trabajadores de salud y educación han advertido que podrían convocar paros preventivos si se mantiene la progresividad hasta 2030 para el pago íntegro de la CTS y las gratificaciones. Los dirigentes sostienen que el incremento del costo de vida y las condiciones económicas en las zonas altoandinas hacen urgente acelerar el reconocimiento de estos derechos laborales.

Situaciones similares se reportan en Junín y Ayacucho, donde gremios del sector educación y trabajadores de municipios provinciales permanecen en asamblea permanente. Entre sus demandas figura que los recursos provenientes de los saldos de balance regionales, considerados dentro del debate del crédito suplementario y de la descentralización financiera, incluyan partidas de contingencia destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal contratado bajo el régimen CAS.

Mientras el Congreso mantiene en cuarto intermedio el análisis del proyecto y el Ejecutivo evalúa su viabilidad presupuestal, la expectativa se centra en encontrar una fórmula financiera que permita acelerar el reconocimiento de estos beneficios sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas. La decisión que adopten la Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista Alejandro Soto, y el Ministerio de Economía y Finanzas será determinante para definir si miles de trabajadores CAS logran una mejora inmediata de sus derechos laborales o si el conflicto social continúa escalando en las próximas semanas.

Moquegua, 1 de julio de 2026.- La región Moquegua amaneció completamente paralizada tras el inicio de un paro indefinido convocado por diversas organizaciones sociales, autoridades locales, gremios y ciudadanos en rechazo a la ley que modificaba los límites territoriales con Tacna. El principal punto de conflicto se concentró en el Puente Montalvo, sobre la carretera Panamericana Sur, donde manifestantes bloquearon el tránsito de vehículos de carga, transporte interprovincial y particulares, generando un severo impacto en el sur del país.

La medida de fuerza responde al profundo malestar de la población moqueguana por considerar que la norma aprobada vulnera los intereses históricos y territoriales de la región. Los dirigentes exigen la derogatoria inmediata de la ley y la instalación de una mesa de diálogo con participación del Gobierno Central, el Congreso de la República y las autoridades regionales para revisar los alcances de la delimitación territorial.

La situación se agravó dramáticamente durante las primeras horas de la protesta, cuando un accidente de tránsito ocurrido en medio del congestionamiento vehicular provocado por el bloqueo dejó como saldo una persona fallecida. El hecho generó conmoción entre los manifestantes y transportistas, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y las posibles responsabilidades.

El cierre del Puente Montalvo provocó largas filas de vehículos varados a lo largo de varios kilómetros, afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles y mercancías entre las regiones del sur. Empresas de transporte suspendieron sus operaciones y cientos de pasajeros quedaron retenidos en terminales y carreteras, incrementando la preocupación por las consecuencias económicas del conflicto si la paralización se prolonga.

Las organizaciones que impulsan la protesta advirtieron que el paro será indefinido hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo y del Parlamento. Asimismo, anunciaron que podrían intensificar las medidas de lucha con nuevas movilizaciones y bloqueos en otros puntos estratégicos de la región si sus demandas continúan siendo ignoradas.

Por su parte, la Policía Nacional reforzó la presencia de efectivos en los accesos a Moquegua para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de la población, mientras el Gobierno exhortó a mantener el diálogo y evitar actos de violencia. No obstante, al cierre de esta jornada, el tránsito por el Puente Montalvo permanecía interrumpido y el clima de tensión seguía en aumento.

El conflicto territorial entre Moquegua y Tacna vuelve así a convertirse en uno de los principales focos de tensión social del sur peruano. La muerte registrada durante el primer día del paro incrementa la presión sobre las autoridades nacionales para encontrar una salida inmediata que permita restablecer el tránsito, preservar la paz social y evitar que la crisis continúe cobrando consecuencias humanas y económicas.