El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que busca tipificar el delito de «terrorismo urbano», ha generado una oleada de críticas y oposición por parte de amplios sectores de la sociedad peruana.

La propuesta, que incluye sanciones severas, como penas de hasta 30 años de prisión y cadena perpetua en casos agravados, ha sido señalada como un intento de criminalizar la protesta social y distraer la atención de la ineficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia.

La noche del jueves 03 de octubre, sorprendentemente el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista de Perú Libre, Isaac Mita, sustentó un texto sustitutorio ante el pleno del Congreso de la República recaído en los Proyectos de Ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029, 8043, 8051 y 8061; mediante el cual propuso modificar el Código Penal del Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de «terrorismo urbano», manifestando que previamente había recibido aportes de reconocidos juristas. Mientras su propia bancada Perú Libre a través de su vocero Flavio Cruz rechazaba el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, con quien su líder Vladimir Cerrón, mantiene una alianza incomprensible para sus militantes y simpatizantes.

El proyecto busca modificar los artículos 108-C, 108-D y 200 del Código Penal, e introduce el artículo 315-C, con el objetivo declarado de endurecer las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y el secuestro. La iniciativa del Ejecutivo justifica estas modificaciones por el incremento alarmante de estos delitos, que han contribuido a un clima de miedo e inseguridad en el país. Sin embargo, diversos líderes sociales, gremios y expertos en derecho penal han criticado duramente la medida.

Reacciones divididas y temores de represión social

Gustavo Minaya, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), cuestionó el verdadero propósito de la ley, señalando que el gobierno estaría utilizando la crisis de seguridad para «criminalizar las protestas sociales». “Una ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad”, sentenció Minaya, poniendo en duda la capacidad del derecho penal para resolver problemas de inseguridad mediante el endurecimiento de penas.

El Comité de Gremios, que agrupa a más de 30 organizaciones de transportistas, también se pronunció en contra del proyecto. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, advirtió que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la protesta, anunciando un posible paro nacional el próximo 10 de octubre si no se anulan normas previas que favorecen a las organizaciones criminales.

Críticas desde el ámbito académico y judicial

Desde la academia, el profesor de derecho penal José Urquizo señaló que es discutible trasladar el concepto de terrorismo al ámbito urbano, dado que este delito implica un ataque directo al funcionamiento del Estado. “El derecho penal no resuelve problemas sociales ni de seguridad pública con simples aumentos de penas”, afirmó, subrayando que la solución pasa por fortalecer el sistema de inteligencia policial y la colaboración entre las autoridades judiciales y policiales.

El magistrado Walther Huayllani Choquepuma, de la Corte de Lima, coincidió con Urquizo y aseguró que el marco legal actual es suficiente para enfrentar estos delitos. Según Huayllani, lo prioritario es mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, que actualmente carece de los recursos necesarios para responder de manera efectiva a la delincuencia.

Una ley con tinte político y consecuencias peligrosas

A pesar de las “buenas intenciones” que el gobierno alega tener con este proyecto, muchos ven en la ley un trasfondo político para socavar el derecho a la protesta y desmovilizar a sectores críticos del gobierno. Bajo este pretexto, el proyecto califica como “extorsión” acciones típicas de las manifestaciones públicas, como la ocupación de vías o la interrupción de servicios. Esta ampliación del concepto de terrorismo urbano podría afectar directamente a trabajadores, transportistas y ciudadanos que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación pacífica.

El proyecto presentado por el gobierno de Boluarte también ha sido duramente criticado por la congresista Margot Palacios, quien calificó la iniciativa de un ataque directo contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ambigüedad de términos como «perturbar el normal funcionamiento» deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias que, según Palacios, buscan reprimir protestas legítimas bajo el manto de “terrorismo”. «El nuevo Proyecto de Ley 9085 presentada por Dina Boluarte, busca introducir el delito de terrorismo urbano, sancionando a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta con penas de 10 a 15 años de cárcel» enfatizó Palacios.

La presentación de este proyecto ha abierto un profundo debate sobre los límites entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad innegable, el enfoque propuesto por el Ejecutivo parece más orientado a la represión de la protesta social que a una solución integral al problema de la inseguridad. Amplios sectores piden que el Congreso reflexione sobre las consecuencias de aprobar una norma que podría erosionar las libertades civiles en lugar de fortalecer la seguridad y justicia en el país.

Fuentes: Webs y redes de noticias