La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es un hecho aislado. Se trata de un episodio dentro de una ofensiva más amplia destinada a subordinar los aparatos de justicia a los intereses del régimen y de la derecha corrupta. La medida, adoptada en apenas dos minutos de sesión y sin las mínimas garantías de imparcialidad ni debido proceso, desnuda la verdadera naturaleza de la JNJ: lejos de ser garante de la legalidad, se ha transformado en un instrumento político al servicio de la captura institucional.

El mensaje es inequívoco: se sanciona y se aparta a quien ose enfrentar a las mafias enquistadas en el poder. La inconstitucionalidad de esta decisión, que invade competencias exclusivas de la Junta de Fiscales Supremos, abre el camino a un copamiento del Ministerio Público. El objetivo es reinstalar a operadores funcionales a la impunidad y neutralizar investigaciones que comprometen a redes de corrupción política y económica.

Si este proceso continúa, el país se encamina hacia una peligrosa reconfiguración autoritaria de la justicia. No se trata solo de controlar la Fiscalía, sino de imponer una lógica más amplia: alinear al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los órganos electorales bajo un esquema de subordinación que blinde al régimen frente a cualquier forma de fiscalización. Este copamiento equivale a un golpe institucional silencioso, en el que la independencia de poderes se sacrifica para consolidar un proyecto de control político total.

Las consecuencias serían devastadoras: judicialización selectiva de adversarios, impunidad para las redes de corrupción y un colapso aún mayor de la confianza ciudadana en las instituciones. Bajo el disfraz de la “legalidad”, se avanza hacia un autoritarismo de nuevo cuño que busca desmantelar los contrapesos republicanos.

La lucha contra la corrupción no puede quedar en manos de quienes la manipulan como arma de control político. Si este proceso no se frena, el Perú terminará con un aparato de justicia reducido a una oficina de blindaje para el crimen organizado y el poder político de turno.

En este contexto, resulta imprescindible un pronunciamiento firme y coordinado de las fuerzas democráticas y populares en el Congreso. Más allá de matices o coyunturas, corresponde levantar una posición principista frente a una medida abiertamente inconstitucional, propia de regímenes autoritarios y avalada por el gobierno junto a sus operadores parlamentarios. La defensa de la autonomía del Ministerio Público y de la independencia de poderes debe convertirse en una bandera común, porque lo que está en juego no es solo una coyuntura política, sino la posibilidad misma de construir una democracia real al servicio del pueblo, y no del crimen organizado.

Lima, 19 de septiembre de 2025 – La Generación Z en Perú ha organizado nuevas movilizaciones para este 20 y 21 de septiembre en Lima y diversas provincias, en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República. El principal detonante es la Ley N.º 32123, promulgada recientemente, que establece la afiliación obligatoria a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mayores de 18 años, incluso sin empleo estable, lo que ha sido calificado por los manifestantes como una medida que precariza a la juventud en un contexto de desempleo juvenil que alcanza el 15% según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las protestas, convocadas a partir de las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín de Lima y con réplicas en regiones como Arequipa, Huancayo y otras, también denuncian corrupción, inseguridad ciudadana y represión policial, recordando las más de 50 muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022-2023. Organizados a través de redes sociales como TikTok y Discord, los jóvenes se inspiran en las recientes protestas en Nepal, donde movilizaciones similares llevaron a la caída del gobierno tras una represión que dejó al menos 21 fallecidos.

La respuesta del gobierno ha incluido declaraciones de la presidenta Boluarte, quien el 10 de septiembre describió las protestas como un «caos» innecesario, y la declaración de estado de emergencia en varias regiones. En marchas previas del 13 y 14 de septiembre, se reportaron incidentes con uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de la Policía Nacional, lo que generó heridos y detenciones.

Aunque el Ejecutivo y el Congreso han anunciado ajustes parciales a la reforma previsional, los manifestantes insisten en su derogación total, así como en el fin de escándalos como los «mochasueldos» en el Parlamento y los audios del exministro de Justicia Juan José Santiváñez. El Congreso, con bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Perú Libre, ha sido criticado por proteger a Boluarte de investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Sindicatos como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y gremios de transportistas se han sumado a las convocatorias, ampliando el apoyo a las demandas juveniles.

Estas manifestaciones podrían representar un momento clave en la crisis política peruana, con una organización descentralizada que aprovecha las redes sociales para coordinar acciones a nivel nacional. Sin embargo, analistas advierten sobre los riesgos de escalada, dada la polarización y la historia de represión en protestas anteriores. Los organizadores, como colectivos ciudadanos y voces independientes, enfatizan la necesidad de un diálogo genuino para abordar temas como la corrupción y la inseguridad, en lugar de medidas represivas.

Con miles de participantes esperados, las autoridades han recomendado precauciones, mientras la sociedad civil llama a manifestaciones pacíficas para evitar un escenario similar al de Nepal, donde las protestas derivaron en violencia y cambios drásticos en el poder. Las calles de Perú este fin de semana serán el escenario para medir la fuerza de este movimiento juvenil.

El acceso a Machu Picchu permanece suspendido debido a bloqueos en la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, iniciados el 14 de septiembre. Las empresas PeruRail y Ferrocarril Transandino detuvieron sus operaciones por seguridad ante obstrucciones con piedras, árboles y excavaciones no autorizadas en el sector de Qoriwayrachina, afectando a cientos de turistas nacionales y extranjeros.

El conflicto surge tras el cambio en la concesión del servicio de buses entre Aguas Calientes y la ciudadela, pasando de Consettur Machupicchu S.A.C. a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó protestas de pobladores y gremios.

Algunos turistas han sido evacuados mediante operaciones coordinadas, mientras otros han usado plataformas artesanales para trasladarse. La Defensoría del Pueblo informó que los bloqueos se suspendieron temporalmente hasta las 08:00 horas del 17 de septiembre para facilitar el traslado de los afectados.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y autoridades locales acordaron un plan de contingencia para resolver la logística del transporte en un plazo de cinco días a partir del 19 de septiembre. Los visitantes pueden reprogramar entradas o solicitar reembolsos, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El impacto económico se estima en más de S/ 2 millones diarios, afectando a miles de negocios turísticos en la región.