La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó la anulación del juicio oral en el emblemático caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a otros 32 integrantes y simpatizantes de Fuerza…
Educación
Fiscalía solicita 35 años de prisión para Keiko Fujimori por el caso Cócteles

Lima, 3 de julio de 2025 – El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha presentado una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, solicitando una condena de 35 años de prisión en el marco del caso Cócteles. Este proceso investiga el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales de Fujimori en 2011 y 2016, acusándola de delitos graves como lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
La acusación, elevada al Poder Judicial tras la anulación de un juicio oral previo en abril de 2025 por mandato del Tribunal Constitucional, también involucra a exdirigentes de Fuerza Popular y a personas jurídicas como el partido político y MVV Bienes Raíces S.A.C. Además, el fiscal ha solicitado una multa de 730 días y el sobreseimiento de 19 investigados relacionados con el caso.
El caso Cócteles se centra en las supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, incluyendo aportes no declarados y actividades como cócteles y eventos para captar recursos de origen presuntamente ilícito.

Esta nueva acusación marca un capítulo más en un proceso judicial que ha generado gran controversia en el ámbito político peruano. Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha cuestionado la validez de la acusación, argumentando que carece de objetividad y que los hechos imputados no constituían delitos según la normativa vigente en el momento de las campañas.
Asimismo, señaló irregularidades en la notificación de la acusación, lo que podría generar un nuevo debate en la etapa de control de acusación que se avecina. El proceso, que ha captado la atención de la opinión pública, se encuentra ahora en manos del Poder Judicial, que determinará los próximos pasos en este caso que podría tener profundas implicancias políticas y legales para el futuro de Fuerza Popular y su lideresa.
Actualidad
Expresidente Pedro Castillo retira confianza a Nicolás Bustamante y lo desautoriza como representante del partido «Todo con el Pueblo»

Lima, 08 de octubre de 2025 – Desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un contundente comunicado a través de su cuenta oficial en X, dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Político Todo con el Pueblo. En el mensaje, Castillo anunció la retirada definitiva de su confianza al señor Nicolás Bustamante Coronado, a quien había encomendado la coordinación e inscripción formal de la organización política.
Según el comunicado, Castillo fundó el Partido Todo con el Pueblo el 8 de febrero de 2024, con el objetivo de ser una herramienta al servicio del pueblo peruano, defendiendo sus derechos, dignidad y soberanía. Sin embargo, acusó a Bustamante de traicionar los principios de la organización al actuar con «silencio, soberbia y desobediencia» frente a la instrucción de convocar un Congreso Nacional Estatutario, un paso clave para consolidar la estructura democrática del partido.
«El señor Bustamante se atribuyó un poder que no le corresponde, olvidando que en el Partido no existen dueños ni caudillos, sino hombres y mujeres libres comprometidos con el Perú profundo», expresó Castillo, desautorizando cualquier acción, declaración o decisión que Bustamante realice en su nombre o en nombre del partido.El expresidente, quien se autodenomina «Presidente Constitucional del Perú», reafirmó su compromiso con las bases del partido y con el pueblo peruano, asegurando que la organización pertenece a quienes «luchan día a día en las calles, en las chacras, en las aulas y en los barrios». Además, señaló que su reclusión es un «encierro injusto» por defender al pueblo y enfrentar la corrupción.
Castillo cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y la esperanza de que «más temprano que tarde, el Perú volverá a ser gobernado por su gente, y no por los poderosos de siempre», reiterando su lema: «Todo con el Pueblo, todo con la verdad y la lealtad».
El comunicado ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre los simpatizantes del expresidente, mientras se espera que las bases del partido definan los próximos pasos tras esta ruptura interna.
Actualidad
Transportistas dan ultimátum de 10 días al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas

Lima, 2 de octubre de 2025 – El paro convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao y respaldado por más de 450 empresas se desarrolló de forma parcial, afectando principalmente el transporte convencional. Con el objetivo de exigir medidas contra la extorsión y la inseguridad que ha dejado 46 choferes asesinados este año, cerca de 20 mil vehículos suspendieron operaciones, generando congestión en paraderos y un alza de hasta 50% en las tarifas de las unidades que circularon. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportaron que el 83% de la flota operó, calificando el paro como un «fracaso».
La jornada transcurrió con incidentes menores, como el pinchazo de llantas en al menos cinco buses y la obligatoriedad de bajar pasajeros en algunas rutas, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó más de 10 mil agentes para mantener el orden. Los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima funcionaron al 100%, mitigando el impacto en la movilidad. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni bloqueos significativos, y el 98% de los colegios operaron con normalidad, aunque EsSalud reprogramó citas médicas afectadas por la escasez de transporte.
Los gremios transportistas entregaron al Congreso una propuesta para crear una Unidad de Élite contra el crimen organizado y demandaron indemnizaciones para las familias de las víctimas, así como el uso de armas sin licencia para autodefensa. La presidenta Dina Boluarte llamó al diálogo, mientras el MTC evalúa declarar un estado de emergencia en el sector para implementar cámaras de seguridad. Los transportistas dieron un ultimátum de 10 días hábiles al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas, amenazando con un nuevo paro el 3 de octubre o el 12 de noviembre si no hay avances concretos.
Actualidad
Paro de 48 horas: Transportistas y Jóvenes Exigen Cambios Profundos en Perú

Lima, 27 de septiembre de 2025 – Un paro de 48 horas convocado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP) mantiene en vilo a la capital, con bloqueos parciales en distritos como San Juan de Lurigancho y concentraciones frente al Congreso. Los transportistas, golpeados por más de 40 asesinatos y extorsiones desde 2024, demandan reformas legales urgentes y la renuncia de ministros por la inseguridad galopante. A ellos se han sumado miles de jóvenes de la Generación Z, quienes protestan contra las AFP y la ausencia de un Estado protector, en una alianza que ha colapsado rutas clave y generado tensión en el centro de Lima.
Con una adhesión del 30% de las empresas de transporte, según la Confederación Nacional de Transportistas, el paro ha afectado principalmente Lima Norte y Sur, con caravanas de buses avanzando hacia el Congreso por avenidas como Abancay. En la Plaza San Martín, estudiantes y activistas corean consignas como “#YaBasta” junto a choferes, denunciando un sistema que los deja vulnerables ante la violencia. La Policía Nacional ha desplegado patrulleros, pero las críticas apuntan a su incapacidad para frenar las mafias extorsionadoras, que exigen hasta S/500 semanales por unidad.
El gobierno, a través del Ministerio de Transportes, prometió “diálogo”, pero sin medidas concretas, mientras en redes sociales el hashtag #ParoTransportistas suma apoyo para un posible paro indefinido. La convergencia de transportistas y jóvenes refleja un malestar generalizado que podría escalar si no hay respuestas. Analistas advierten que esta protesta, más allá de la inseguridad, canaliza demandas estructurales como la reforma de pensiones y la lucha contra la corrupción, en un país al borde del hartazgo social.
 
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