A pesar de ser apurimeña y de haber sido recibida con los brazos abiertos en estas tierras, Dina Boluarte no cumple con sus promesas y ahora los alcaldes de los 85 distritos…
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La suspensión de las investigaciones fiscales para blindar a Dina Boluarte

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender hasta el 2026 las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte constituye un paso más en la consolidación de un Estado burgués al servicio de las élites económicas y políticas, y no de las mayorías populares. Lejos de ser un acto jurídico “neutral” o una defensa de la investidura presidencial, esta medida revela el verdadero funcionamiento del poder en el Perú: una justicia que no actúa como garante de derechos colectivos, sino como un mecanismo de blindaje para proteger a los gobernantes que aseguran la continuidad del modelo neoliberal y de las clases dominantes.
El Estado como aparato de dominación de clase
El Estado no es un árbitro imparcial, sino un instrumento de cohesión y dominación de la clase dirigente. El fallo del TC confirma esta premisa: se protege a Dina Boluarte no por sus méritos políticos ni por un genuino interés en la estabilidad institucional, sino porque ella representa un engranaje funcional a los intereses del gran capital, de los grupos empresariales y de las alianzas parlamentarias que sostienen el actual régimen.
Las más de 70 muertes en protestas populares, el escándalo del Rolexgate, las acusaciones por corrupción y encubrimiento son archivadas temporalmente no porque carezcan de sustento, sino porque su avance debilitaría a quien hoy garantiza la continuidad de un modelo extractivista, desigual y violento. El TC, lejos de ser un órgano de control, se convierte en correa de transmisión de la burguesía política y económica.
El blindaje como forma de “dictadura constitucional”
El artículo 117 de la Constitución, interpretado ahora como un escudo absoluto, se convierte en un instrumento de impunidad temporal. Lo que debía ser un límite preciso a las acusaciones es transformado en una “dictadura constitucional”, donde el presidente puede gobernar sin rendir cuentas mientras dure su mandato. Este blindaje no solo beneficia a Boluarte, sino que abre la puerta para que futuros mandatarios actúen bajo la misma lógica de impunidad garantizada.
La burguesía necesita estabilidad para sus negocios, no justicia social. Por eso, las instituciones se pliegan a garantizar la permanencia de un gobierno con apenas 3% de aprobación, repudiado en las calles, pero indispensable en los escritorios de banqueros, mineras y grandes corporaciones
El pueblo como víctima del pacto de impunidad
Mientras el TC suspende investigaciones, las familias de los asesinados en las protestas siguen esperando justicia. Mientras se blindan relojes de lujo y operaciones estéticas clandestinas, los barrios populares enfrentan hambre, desempleo e inseguridad. El mensaje es claro: la vida del pueblo no vale nada frente a la necesidad del sistema de proteger a sus representantes políticos.
Este blindaje profundiza la fractura entre el pueblo y sus instituciones. El descrédito del sistema no es un accidente, sino la consecuencia inevitable de un Estado que defiende privilegios de clase y reprime toda forma de organización popular.
Conclusiones
La suspensión de las investigaciones no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio. La crisis orgánica del Estado peruano ya no logra sostener ni siquiera sus formas más superficiales de legitimidad. El TC se suma al Congreso y al Ejecutivo en una alianza de mutua protección: una coalición dictatorial de las élites.
El panorama confirma que el Estado peruano no puede ser reformado desde dentro, pues está estructuralmente diseñado para sostener a los poderosos y blindar a quienes gobiernan en su nombre. La única salida real para romper este círculo de impunidad y violencia es la organización popular, la movilización social y la construcción de un poder alternativo que exprese los intereses de la clase trabajadora y de los sectores históricamente postergados.
El fallo del TC no protege a la democracia: protege al capital. Y mientras tanto, el pueblo sigue pagando con sangre, precariedad y silencio institucional la permanencia de un régimen ilegítimo.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

















