Ayacucho, jueves 15 de enero 2026.- La ciudad de Huamanga del histórico departamento de Ayacucho, fue escenario de un multitudinario y festivo encuentro popular donde la congresista Margot Palacios Huamán oficializó su candidatura al Senado Nacional por el partido Juntos por el Perú, con el número 8. El evento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y esperanza, con la presencia de sus dirigentes y simpatizantes provenientes de Junín, Huancavelica, Apurímac y de las once provincias ayacuchanas.

Organizaciones campesinas, sindicatos de trabajadores, juventudes universitarias, frentes sociales y colectivos culturales se dieron cita al encuentro político para expresar su respaldo a la lideresa ayacuchana. Durante su intervención, Palacios agradeció el acompañamiento masivo y reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al pueblo, impulsando una agenda basada en la justicia social, la soberanía nacional y el fortalecimiento de la educación pública gratuita y de calidad.

En un discurso cargado de emoción, la congresista destacó sus raíces en el Perú profundo y señaló que su postulación al Senado Nacional representa la continuidad de una lucha histórica por la recuperación de la patria y una representación política honesta y coherente. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y consignas de apoyo, reflejando el vínculo cercano que mantiene con las bases populares.

El acto político tuvo también un carácter simbólico al concretarse la juramentación del Comité Regional de Apoyo y de los Comités Provinciales, quienes acompañarán su candidatura durante el proceso electoral general 2026. Este paso marca el inicio de una etapa de organización y movilización popular en Ayacucho, con el pueblo como protagonista activo de su campaña.

Asimismo, resaltó su compromiso con la juventud y la educación, recordando su labor parlamentaria en favor de la creación de universidades tecnológicas en diversas regiones del país. Con el respaldo del movimiento popular y el número 8 en la lista de Juntos por el Perú, su candidatura se proyecta como una opción representativa del sur andino y de amplios sectores del país rumbo al Senado Nacional.

¿Quién es Margot Palacios Huamán?

Margot Palacios es una política peruana, nacida en el histórico departamento de Ayacucho, sur del Perú, congresista de la República para el periodo 2021–2026, identificada con la izquierda popular democrática y las luchas sociales del Perú profundo. Profesional de las Ciencias de la Comunicación y servidora pública del Estado, ha desarrollado su trayectoria política con un fuerte vínculo a las organizaciones populares y sociales, campesinas y juveniles, priorizando la defensa de los derechos de los pueblos andinos, amazónicos y sectores históricamente excluidos de las grandes ciudades del país.

Durante su labor parlamentaria, se ha destacado por impulsar una agenda centrada en la justicia social, la soberanía nacional, la descentralización y el fortalecimiento de la educación pública, promoviendo la creación de universidades tecnológicas en diversas regiones del país, defendiendo los derechos fundamentales de las comunidades campesinas y nativas, fiscalizando la gestión gubernamental a nivel nacional y subnacional. Fue actora clave en la defensa de la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 2021, votando en contra de la vacancia de Pedro Castillo y denunciando a nivel nacional e internacional la represión y las muertes perpetradas por el régimen de Dina Boluarte.

Su perfil político se caracteriza por una postura crítica frente al sistema político capitalista y el modelo neoliberal vigente en Perú y algunos países de Latinoamérica, a la desigualdad y la corrupción, así como por su coherencia con los principios y valores del movimiento popular del campo y la ciudad, y su compromiso con una representación política desde el pueblo y para el pueblo.

Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.

Piura, 13 de enero 2026.- Talara se erigió este 13 de enero como el punto de partida de una ola de protestas contra el Decreto de Urgencia N° 010-2025, promulgado el 31 de diciembre por el gobierno interino de José Jerí. La norma permite la reorganización patrimonial de Petroperú, dividiendo sus activos en bloques independientes y facilitando su transferencia a operadores privados mediante ProInversión, con la Nueva Refinería de Talara —una de las infraestructuras más modernas de América Latina y con vida útil proyectada de 70 años— como activo estrella en la mira.

La congresista Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú, candidata al Senado con el número 8) encabeza la convocatoria nacional, calificando la medida como una «privatización encubierta» y una amenaza a la soberanía energética. Su experiencia al frente de la comisión que investigó el derrame de Repsol en 2022 -donde se determinó responsabilidad de la transnacional y se impulsaron normas pendientes de resarcimiento y descontaminación- refuerza su argumento: entregar activos estratégicos a privados podría replicar vulnerabilidades ambientales y sociales vistas en el litoral del mar peruano.

El decreto responde a supuesta crisis financiera de Petroperú, que el Ejecutivo presenta como indispensable para evitar el colapso y asegurar el abastecimiento en zonas remotas. No obstante, sindicatos como la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros lo tildan de «descuartizamiento» de la empresa, anunciando plantones desde el 14 de enero en Lima y regiones, más un paro nacional de 72 horas a partir del 19, acciones que se desencadenan luego del anuncio de movilización de la parlamentaria Palacios en año nuevo.

En el Congreso ya circulan al menos cuatro proyectos de ley para derogar el decreto, impulsados por bancadas progresistas y de izquierda, incluido uno presentado por Palacios. A meses de las elecciones generales de abril 2026, la resistencia en Talara refleja un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, el control de precios de combustibles y la soberanía nacional, cuyo desenlace dependerá de la intensidad de la presión social y la respuesta política en las próximas semanas.