Lima, 15 de septiembre de 2026.- El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori llega a una etapa decisiva en la Cámara de Diputados, después de que siete comisiones se pronunciaran contra la delegación solicitada por el Ejecutivo. La propuesta, que busca otorgar facultades para legislar durante 120 días en 66 materias, será materia de definición parlamentaria en los próximos días, en un escenario marcado por posiciones divergentes dentro de los grupos de trabajo.

Según el pronunciamiento desfavorable de la mayoría de las comisiones, la delegación de facultades debería desaprobarse en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, pero podría cambiar, por eso la ciudadanía sigue de cerca la actuación de cada uno de los parlamentarios de la oposición (OBRAs, Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú), que buscan no repetir lo ocurrido con el voto de la senadora Silvana Robles en la elección de la Mesa Directiva.

Siete comisiones rechazaron la delegación

Las comisiones de Energía y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Infraestructura, Vivienda y Transportes, Producción, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos declararon no viable el otorgamiento de facultades al Ejecutivo. El último pronunciamiento correspondió a Defensa del Consumidor, que se sumó este martes al bloque de informes desfavorables.

El rechazo no se limita a una sola materia. En Justicia, por ejemplo, el informe contrario alcanzó los ámbitos de seguridad, justicia y orden interno y fue aprobado con 11 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. Días antes, Energía y Minas, Ciencia y Tecnología, Producción, Infraestructura y Trabajo también habían recomendado no delegar facultades al Ejecutivo en sus respectivas áreas.

Seguridad y economía concentran las diferencias

El Gobierno sostiene que la delegación permitiría acelerar medidas frente a la criminalidad y atender otros problemas considerados prioritarios. El primer ministro Luis Galarreta acudió a la Comisión de Constitución acompañado de ministros para explicar el contenido del pedido y defender la necesidad de contar con estas herramientas legislativas.

La principal controversia está en el alcance de las facultades solicitadas. Mientras algunas bancadas plantean limitar la delegación a materias específicas, como seguridad ciudadana y gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño, otras cuestionan que el Ejecutivo solicite un paquete amplio de competencias. Tres bancadas —Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú— incluso solicitaron al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto concentrado en esas dos áreas.

En contraste, las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno y Medio Ambiente y Sostenibilidad emitieron opiniones favorables al otorgamiento de facultades. La Comisión de Desarrollo Agrario también aprobó un informe favorable sobre las materias de su competencia, con 11 votos a favor y ocho en contra. El resultado evidencia que el Congreso no mantiene una posición uniforme frente al paquete presentado por el Ejecutivo.

La decisión pasa a la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, es la encargada de integrar las posiciones de las comisiones y elaborar el dictamen correspondiente. La discusión ha quedado condicionada por los informes sectoriales y por las diferencias entre las bancadas sobre qué materias deberían ser delegadas y cuáles deberían quedar fuera.

El escenario que llega a la Cámara de Diputados es, por tanto, el de una delegación parcialmente respaldada y ampliamente cuestionada en las comisiones. El pedido original comprende 66 materias y un plazo de 120 días, pero los informes parlamentarios han planteado restricciones y rechazos en sectores estratégicos. La jornada legislativa prevista para este miércoles 16 de septiembre será clave para establecer hasta dónde avanzará la propuesta del Ejecutivo.

La disputa no solo definirá si el Gobierno obtiene facultades, sino también qué materias podrían quedar finalmente habilitadas y con qué límites. Cualquier autorización deberá continuar luego el procedimiento correspondiente en la Cámara de Senadores, por lo que el texto que eventualmente aprueben los diputados no necesariamente será el resultado definitivo del proceso.

El pedido del Ejecutivo por 120 días y unas 66 materias aún no llega al Pleno. Varias comisiones de Diputados han rechazado o cuestionado la propuesta y plantean limitarla a asuntos urgentes.

Lima, 9 de setiembre de 2026.- La solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el gobierno de Keiko Fujimori enfrenta observaciones serias en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo busca recibir autorización para legislar durante 120 días calendario sobre alrededor de 66 materias, pero el pedido todavía no ha sido sometido a votación en el Pleno y encuentra resistencia en varias comisiones parlamentarias.

El trámite se encuentra en una etapa decisiva. Las comisiones especializadas deben emitir sus opiniones y la Comisión de Constitución deberá elaborar el predictamen que determine qué materias podrían llegar finalmente al Pleno. Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto, este deberá continuar su recorrido en el Senado.

Oposición cuestiona amplitud del pedido

Las principales objeciones están relacionadas con la amplitud y falta de precisión de determinadas materias. Durante las sesiones de las comisiones, diputados de oposición han cuestionado que el Ejecutivo pretenda concentrar en una sola delegación asuntos que abarcan seguridad ciudadana, control migratorio, reforma penitenciaria, economía, minería, producción, transporte, vivienda, trabajo, modernización del Estado y transformación digital, entre otros.

El cuestionamiento no implica necesariamente un rechazo a todas las facultades. Una posición que viene ganando espacio consiste en aprobar únicamente aquellas medidas consideradas urgentes, especialmente las vinculadas con seguridad ciudadana sin afectar las libertades personales y colectivas, y la respuesta frente al fenómeno El Niño. Mientras tanto, los ciudadanos que apoyaron opciones diferentes que las propuestas de Keiko Fujimori mantienen atentos al desarrollo de las negociaciones, posturas y observaciones.

La discusión, por tanto, empieza a trasladarse desde la pregunta de si el Congreso otorgará facultades al Ejecutivo hacia otra más concreta: qué facultades estaría dispuesto a delegar y bajo qué límites.

Varias comisiones plantean observaciones de fondo

El escenario resulta especialmente complicado para el oficialismo porque algunas de las objeciones se han producido incluso en comisiones presididas por integrantes de Fuerza Popular.

En la Comisión de Energía y Minas, el informe adverso al pedido del Ejecutivo fue aprobado por una clara mayoría. Los parlamentarios cuestionaron la delegación en materias vinculadas con minería, hidrocarburos, electricidad y otros asuntos sectoriales que consideran de especial trascendencia.

En Producción, el informe favorable tampoco consiguió los votos necesarios. La propuesta fue rechazada por 10 votos contra 8, con una abstención.

Una situación similar se produjo en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, donde el informe fue rechazado por 11 votos contra 6, mientras que la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital también rechazó el informe favorable.

La Comisión de Trabajo se sumó igualmente a las posiciones críticas frente a la delegación solicitada por el Ejecutivo. Este es uno de los temas de cuestionamiento más serio, agravado por la desconfianza que inspira el gobierno de corte capitalista neoliberal, que ahora pretende alinear al país a favor de EEUU olvidando otro socio internacional igualmente importante como China.

El patrón resulta políticamente relevante: Fuerza Popular no cuenta con una mayoría automática en todas las comisiones para aprobar sin modificaciones el paquete planteado por el Gobierno.

Constitución, el principal escenario de negociación

El 9 de septiembre, el premier Luis Galarreta acudió a la Comisión de Constitución acompañado de ministros para sustentar la solicitud.

Durante la sesión, distintos diputados pidieron al Ejecutivo precisar y delimitar las materias sobre las cuales pretende legislar. El debate puso especial atención en aquellas propuestas que exceden los ámbitos considerados de emergencia, como la seguridad ciudadana y la atención de los efectos del fenómeno El Niño.

La Comisión de Constitución se convierte así en un punto clave para determinar el contenido que finalmente podría llegar al Pleno. Se sabe que el líder de Buen Gobierno Jorge Nieto Montesinos sostuvo reuniones poco públicas con sectores conservadores del gobierno de Keiko Fujimori, ante la atenta vigilancia ciudadana. Pronto se sabrá a cambio de qué sus parlamentarios votaron a favor de las facultades solicitadas por el fujimorismo.

Su predictamen tendrá que recoger las opiniones de las comisiones especializadas, pero también establecer los límites jurídicos y materiales de la delegación.

Seguridad sí, cheque en blanco no

La resistencia parlamentaria no significa necesariamente que exista una oposición generalizada a otorgar herramientas extraordinarias al Ejecutivo. Pero existen observaciones de fondo por las generalidades planteadas y la desconfianza fundada en un gobierno hereditario del régimen fujimontesinista de los 90.

La seguridad ciudadana aparece como uno de los ámbitos con mayores posibilidades de alcanzar consenso. También existe mayor receptividad frente a medidas relacionadas con la prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño.

El problema surge cuando el Ejecutivo pretende incorporar dentro del mismo paquete reformas económicas, tributarias, laborales, productivas, mineras y de modernización estatal.

Para sectores de la oposición, estos asuntos requieren mayor discusión parlamentaria y no deberían ser incluidos dentro de una delegación amplia y poco delimitada.

Economía todavía puede modificar el escenario

La Comisión de Economía todavía debe definir su posición sobre las materias económicas y tributarias.

El debate adquiere especial importancia porque una eventual opinión favorable o desfavorable puede modificar el equilibrio que se viene construyendo en torno al pedido presidencial.

Por ello, el resultado de las próximas sesiones será determinante para conocer si el Ejecutivo tendrá que negociar una versión sustancialmente reducida de su solicitud.

El Gobierno enfrenta una negociación política

Hasta el 9 de septiembre, no existe una votación definitiva en el Pleno de Diputados. Tampoco existe, por tanto, una decisión del Senado. El proceso continúa en comisiones y la Comisión de Constitución deberá definir el predictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido por el Pleno.

El Ejecutivo ha defendido la necesidad de contar con facultades para acelerar medidas frente a la inseguridad y otros problemas urgentes. Sin embargo, las votaciones registradas hasta ahora muestran que el Congreso no parece dispuesto a otorgar automáticamente las 66 materias solicitadas, porque se pretende modificar las normas sobre los recursos naturales, concesiones privadas y extranjeras, derechos laborales, flexibilización para la banca y las finanzas, y no así para acabar con los factores de la inseguridad.

El escenario apunta a una negociación política en la que el Gobierno deberá decidir cuánto está dispuesto a recortar de su propuesta para conseguir los votos necesarios.

ambién pretenderían utilizar las asignaciones presupuestales en el marco de la Ley de Presupuesto 2027 y los cargos públicos en el Ejecutivo para lograr la aprobación de las facultades solicitas, que conforme se pronuncien los líderes y el sentido de los votos de los parlamentarios de OBRAS, Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú, los peruanos se enterarán cómo le dieron carta blanca a pesar de las observaciones y cuestionamiento públicos, renunciando a las facultades legislativas del que gozan.

La batalla que viene

La discusión sobre las facultades legislativas será también una primera prueba de la relación entre el nuevo Ejecutivo y el Congreso bicameral. El pueblo peruano, sobre todo los trabajadores, los campesinos, pueblos originarios e indígenas serán testigos de qué lado están los congresistas de «oposición».

Si la oposición consigue mantener la actual correlación de fuerzas, el pedido podría llegar al Pleno con una cantidad considerablemente menor de materias que las planteadas originalmente.

Para el gobierno de Keiko Fujimori, el desafío será conseguir facultades suficientes para implementar sus prioridades sin que la amplitud de la solicitud termine convirtiéndose en el principal obstáculo para su aprobación.

Por ahora, no hay facultades aprobadas. Hay una negociación abierta y un Congreso que está poniendo límites al pedido del Ejecutivo.

Santiago, 7 de setiembre de 2026.- Miles de personas volvieron este domingo 6 de septiembre a las calles de Santiago para participar en la tradicional romería hacia el Cementerio General, en el marco de las actividades por el 53° aniversario del golpe de Estado de 1973. La movilización fue convocada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y organizaciones de derechos humanos.

La jornada de memoria ocurre en un escenario político especialmente tensionado por la llegada al poder del presidente José Antonio Kast, cuyo Gobierno de derecha enfrenta críticas de organizaciones sociales y sectores de oposición por su agenda de seguridad, sus políticas económicas y su posición frente a la memoria histórica.

Memoria frente a un Gobierno de derecha

Las movilizaciones de septiembre tienen como eje la memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero también se han convertido en un espacio de cuestionamiento político al actual Gobierno. Sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos vinculan las posiciones de Kast con una tradición política de derecha que, según sus críticos, mantiene una relación problemática con el legado de la dictadura.

Kast, sin embargo, decidió no realizar actos oficiales del Gobierno por el aniversario del golpe. El mandatario señaló que las fechas forman parte de la historia de Chile, pero descartó programar homenajes institucionales desde La Moneda y optó por mantener su agenda habitual.

Protestas y agenda de seguridad

La conmemoración se produce después de varias semanas de movilización social contra políticas del Ejecutivo. Las protestas estudiantiles han cuestionado los recortes presupuestarios y, especialmente, las propuestas de seguridad que amplían las facultades del Estado frente al crimen organizado.

La agenda de seguridad constituye uno de los principales puntos de tensión. Una encuesta Cadem de agosto mostró que existe amplio respaldo ciudadano a varias medidas contra el crimen organizado, pero el apoyo es mucho menor cuando se trata de restringir libertades públicas: 49% respaldaba un nuevo estado de excepción, frente a 44% que lo rechazaba.

Kast llega debilitado a septiembre

El contexto político también juega un papel relevante. La aprobación presidencial cayó a 30% en la medición Criteria del 6 de septiembre, mientras la desaprobación llegó a 58%, el peor registro de Kast desde el inicio de su administración.

Cadem había registrado pocos días antes una aprobación de 34% y una desaprobación de 61%, además de un aumento de la percepción de que Chile marcha por un mal camino: 63% de los encuestados compartía esa opinión.

La combinación de baja aprobación, conflicto social sectorial, debate sobre seguridad y una fuerte disputa sobre la memoria histórica configura un escenario complejo para el Gobierno. Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten hablar de un nuevo estallido social comparable al de 2019.

La memoria vuelve al centro del debate

La movilización hacia el Cementerio General muestra que la memoria de la dictadura continúa siendo un componente activo de la política chilena. Este año, además, adquiere una dimensión adicional: por primera vez en el actual ciclo político, las organizaciones de derechos humanos conmemoran el 11 de septiembre bajo un Gobierno encabezado por Kast.

El desafío para Chile no se limita a recordar el golpe y a sus víctimas. La discusión actual pone nuevamente sobre la mesa qué relación debe mantener el Estado con la memoria histórica, cómo deben equilibrarse seguridad y libertades públicas y hasta dónde puede avanzar un Gobierno de derecha en una sociedad todavía marcada por las consecuencias de la dictadura.