En la cúspide del poder, rodeados de halagos, algunos mandatarios del Perú vieron su luz apagarse entre juicios, condenas y huida. Lo que en su momento fue promesa de prosperidad y desarrollo,…
Crónica
Caída de los gobernantes neoliberales del Perú

En la cúspide del poder, rodeados de halagos, algunos mandatarios del Perú vieron su luz apagarse entre juicios, condenas y huida. Lo que en su momento fue promesa de prosperidad y desarrollo, quedó manchado por una oscura sombra de corrupción, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La historia reciente del Perú parece estar marcada por un ciclo inquebrantable de escándalos que envuelven a sus expresidentes. Desde los años 90 hasta la actualidad, casi todos los jefes de Estado han sido investigados, acusados o condenados, tanto por corrupción como por violaciones a los derechos fundamentales. Es una historia plagada de traiciones al pueblo, pero también de luchas por la justicia.

Fernando Belaúnde Terry (1963-1968, 1980-1985)
Acusado de corrupción en el primer y segundo gobierno. Su segundo gobierno coincidió con el inicio de la violencia armada en el Perú. Las críticas no solo apuntaban a su incapacidad para frenar al terrorismo, sino también a su indiferencia ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometían las fuerzas de seguridad en su lucha contra los insurgentes por lo que, se cree que la represión fue una política de gobierno. En la pospresidencia, fue salpicado por el «Petroaudios», una controversia que involucraba negociaciones irregulares en torno al petróleo.
Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000)
Condenado a 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, Fujimori representa el caso más emblemático de la corrupción en el poder. Su alianza con Vladimiro Montesinos, su jefe de inteligencia, lo hundió en una serie de escándalos como el «Vladivideo», donde quedó evidenciado el pago de sobornos a políticos y empresarios. Pero más allá de la corrupción, su gobierno es recordado por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y esterilizaciones forzadas. Estos crímenes han sido considerados de lesa humanidad. Murió en el 2024 llevándose muchas incógnitas para el país.
Valentín Paniagua (2000)
Paniagua asumió el poder tras la caída de Fujimori, y si bien su gobierno no estuvo marcado por la corrupción galopante, enfrentó la difícil tarea de manejar una crisis política y económica severa. Ya falleció y su legado es uno de transición democrática, y su figura es vista como una excepción dentro del sombrío panorama de los mandatarios peruanos. Aunque, a decir la verdad, no se hizo una investigación completa de su gobierno.
Alejandro Toledo (2001-2006)
Toledo huyó del país en medio de acusaciones de haber recibido millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El «Caso Ecoteva» reveló compras irregulares de propiedades que involucraban a su familia directa. Más allá de la corrupción, Toledo también enfrentó críticas por la represión violenta de manifestaciones sociales. A pesar de su promesa de un gobierno democrático y transparente, su caída en desgracia sigue el mismo patrón que sus antecesores.
Alan García (1985-1990, 2006-2011)
García, cuyo primer mandato estuvo marcado por la hiperinflación y la represión, fue vinculado en su segundo gobierno al escándalo Odebrecht. La orden de detención preliminar en su contra por lavado de activos lo llevó a quitarse la vida en 2019. Además de los casos de corrupción, su gobierno fue denunciado por la represión brutal en las protestas de Bagua en 2009, donde murieron decenas de indígenas amazónicos. Este episodio, conocido como el «Baguazo», sigue siendo un símbolo del choque entre el Estado y las comunidades indígenas. Pero no es único, existen varias otras denuncias mas de crímenes de lesa humanidad que de no haberse quitado la vida, las investigaciones ya hubieran concluido en alguna denuncia concreta del Poder Judicial.
Ollanta Humala (2011-2016)
El caso de Humala destaca por la implicación de su esposa, Nadine Heredia, en un supuesto lavado de activos relacionado con aportes ilegales de campaña. Ambos fueron absueltos en primera instancia, aunque las investigaciones continúan. Durante su gobierno, se produjeron graves episodios de represión de protestas sociales, particularmente en las regiones mineras, donde comunidades indígenas luchaban contra proyectos extractivos que, alegaban, afectaban sus territorios y sus derechos, el mismo que en parte fue aplacado por la creación de mesas de diálogo, luego de la represión. A pesar de haber prometidos cambios estructurales, para la opinión pública fue el gobierno que se sumó a los gobernantes neoliberales que continuaron profundizando el modelo económico desigual.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
Pese a llegar al poder con la promesa de un «gobierno limpio», Kuczynski renunció en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht por contratos públicos. Aunque sigue enfrentando investigaciones, su renuncia precipitó una crisis política que no ha cesado hasta la fecha.
Martín Vizcarra (2018-2020)
Vizcarra fue destituido por el Congreso tras revelarse que había recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Además, el «Vacunagate» lo colocó en el centro de la indignación ciudadana, tras descubrirse que él y otros altos funcionarios se habían vacunado de manera secreta contra la COVID-19 antes que el resto de la población. Su mandato también estuvo manchado por el mal manejo de la pandemia y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en las protestas que marcaron su caída.
Pedro Castillo (2021-2022)
El último mandatario elegido por voto popular, Pedro Castillo, fue destituido tras intentar disolver el Congreso en lo que fue considerado un golpe de Estado por la derecha política y financiera. Castillo enfrenta múltiples investigaciones por corrupción, con acusaciones que lo señalan por presuntamente favorecer a empresas vinculadas a su entorno, sin condena alguna. Su destitución provocó violentas protestas, durante las cuales se denunciaron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Fue detenido y está en la cárcel de manera preliminar, lo que es condenado por la mayoría de peruanos porque lo consideran un secuestro injusto y artero de los enemigos de un gobierno popular.
Dina Boluarte (2022-presente)
Boluarte asumió la presidencia tras la caída de Castillo, y su mandato ha sido marcado por la represión de las protestas, que ha dejado decenas de muertos y heridos. Aunque no ha sido condenada aún por corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido bajo su gobierno han generado crecientes críticas tanto a nivel nacional como internacional, y lidia con las investigaciones fiscales y judiciales, que una vez que deje Palacio de Gobierno, definitivamente, le tocarán la puerta, muy a pesar de las leyes que sus aliados del Congreso de la República como Fuerza Popular y Perú Libre pretendan aprobar para salvarla de ser condenada por lesa humanidad y corrupción cada vez más ostensible.
Las causas de la corrupción y la violencia institucional
Las raíces del problema son profundas: moral del sistema, modelo económico, falta de transparencia, corrupción estatal y, sobre todo, impunidad y complicidad. La corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también deja una estela de pobreza y desigualdad. Cada presidente ha dejado huellas difíciles de borrar en la memoria colectiva del Perú, un país que lucha por romper este ciclo.
¿Un futuro sin corrupción?
La pregunta que queda en el aire es si el Perú podrá alguna vez superar esta “maldición” de sus mandatarios. El futuro político del país parece incierto, pero lo que está claro es que los ciudadanos han comenzado a exigir más transparencia y justicia. ¿Será suficiente para cambiar el rumbo de la historia?