La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el 11 de septiembre de 2025, con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el informe final que propone archivar…
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Rospigliosi y su controvertida ley de impunidad: un retroceso en la justicia por las 50 muertes de las protestas de 2022-2023

Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendió hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el uso de armas contra manifestantes que atenten contra “activos críticos”, como aeropuertos o carreteras. Sostuvo que las investigaciones abiertas contra los agentes constituyen una “persecución política”.
Presentado el 31 de octubre como el Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR, la iniciativa propone modificar el artículo 20 del Código Penal para incorporar una exención explícita por acciones “reglamentarias” que causen lesiones o muerte en defensa de bienes estatales o privados. Además, incluye una disposición transitoria con efectos retroactivos para los hechos ocurridos durante las protestas posteriores al autogolpe de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Durante un homenaje a las FF.AA. y a la PNP, Rospigliosi insistió en desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la Violencia en las Protestas Sociales (EFICAVIP), integrado por 74 fiscales que investigan a más de 1.300 efectivos. Alegó que dicho grupo vulnera “los derechos humanos de los agentes del orden”, mientras —según dijo— los “provocadores de disturbios” permanecen impunes. La propuesta, actualmente en debate en las comisiones de Justicia y de Defensa, aguarda los informes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa pasa por alto los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, que registró al menos 50 civiles fallecidos por el uso directo de la fuerza durante las protestas de 2022-2023 —incluidas masacres como la de Ayacucho (diciembre de 2022, 10 muertos) y la de Juliaca (enero de 2023, 18 muertos)—. A ellos se suman 11 civiles muertos por accidentes relacionados con bloqueos, lo que da un total de 62 víctimas. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1.301 heridos civiles al 17 de febrero de 2023 —908 durante 2023 y 393 en diciembre de 2022—, mientras que la PNP contabilizó 580 agentes heridos al 20 de enero.
Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que 15 de las 18 muertes en Juliaca fueron causadas por disparos de armas letales y tres por perdigones, desmintiendo las versiones oficiales sobre “autodefensa”. Ambas entidades alertaron, además, sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en un contexto donde la mayoría de las 477 protestas registradas fueron pacíficas. La norma propuesta no diferencia entre uso proporcional de la fuerza y abusos, lo que podría derivar en el archivamiento de procesos por homicidio calificado y lesiones graves en regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho y Arequipa, que concentraron el 80% de las víctimas civiles.
Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificaron el proyecto como una “amnistía encubierta” que perpetúa la impunidad. Recordaron que guarda similitud con la ley de amnistía promulgada en agosto de 2025 —también impulsada por Rospigliosi—, rechazada por la CIDH y la Corte Interamericana por contravenir los estándares internacionales que prohíben el perdón en casos de violaciones graves, como las esterilizaciones forzadas o las ejecuciones en Accomarca y Barrios Altos.
Familiares de víctimas en Ayacucho y Juliaca denunciaron que la ley “borra la responsabilidad del Estado” por las 49 muertes de manifestantes y transeúntes documentadas por la Defensoría, obstruye el acceso a la justicia y envía un mensaje fallido respecto a la garantía de no repetición. Expertos de la ONU y de Amnistía Internacional advirtieron que medidas aplicadas de forma retroactiva contravienen la Convención Americana y podrían agravar la crisis política, profundizando la desconfianza en un Congreso ya cuestionado por su legitimidad tras la caída del gobierno de Pedro Castillo Terrones.
El debate en el Pleno, previsto para las próximas semanas, podría profundizar aún más la tensión en el país, mientras la rendición de cuentas por estas violaciones continúa pendiente ante instancias internacionales.
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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
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Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.
El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.
Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.
Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.
Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.
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El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.
En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.
El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.
Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.
Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.
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