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Congreso Peruano Promulga Ley de Impunidad Para Librar a acusados de Crímenes de Lesa Humanidad

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Lima, Perú – 21 de agosto de 2024 – En un giro controvertido y de amplio impacto, el Congreso de Perú ha promulgado la Ley 32107, conocida como la ley de impunidad. Esta legislación ha generado un intenso debate al buscar liberar a un grupo reducido de militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país, que han sido calificados por los tribunales como crímenes de lesa humanidad. La medida ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, planteando serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia en Perú.

La Ley 32107 y su Contenido

La Ley 32107, aprobada con una mayoría en el Congreso, se enfoca en liberar a ciertos militares condenados por violaciones graves a los derechos humanos. Desde la creación del subsistema penal de derechos humanos en septiembre de 2004, se han dictado 108 sentencias relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. De estas, aproximadamente un 60% han resultado en condenas, y 25 de estos casos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional.

Fuerza Popular y aliados del Congreso del Perú impulsaron dicha Ley

Estos crímenes incluyen eventos atroces como la masacre de Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y violaciones sexuales en Manta y Vilca. Los tribunales han determinado que estos hechos no son delitos comunes, sino crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto.

Controversia y Críticas

La promulgación de la ley ha sido defendida por sus promotores bajo el argumento de que fiscales y jueces han violado el principio de legalidad al calificar hechos históricos como crímenes de lesa humanidad, alegando que estos delitos no estaban tipificados en el momento en que ocurrieron. Esta interpretación ha sido rechazada por diversos sectores, que consideran que los crímenes de lesa humanidad, reconocidos internacionalmente como una norma de ius cogens, están sujetos a persecución y sanción independientemente de las leyes locales vigentes en el momento de la comisión de los delitos.

La ley ha provocado una reacción inmediata de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra las autoridades peruanas por los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando 49 personas murieron durante las protestas sociales. Estas denuncias argumentan que existió un ataque sistemático contra la población civil, lo que califica estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Reacciones Nacionales e Internacionales

La denuncia ante la CPI ha sido respaldada por Harold Forsyth, exembajador peruano ante la OEA, quien aclara que el objetivo no es dividir más a los peruanos, sino buscar justicia. Forsyth subraya que el Perú, como Estado parte del Estatuto de Roma, tiene la obligación de perseguir y sancionar estos crímenes. La denuncia se suma a una creciente preocupación sobre la impunidad y la falta de avances en la justicia para las víctimas de las protestas.

Óscar Vidarte, internacionalista y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la demora en las investigaciones a nivel nacional justifica la intervención de la CPI. Según Vidarte, la naturaleza de los crímenes perpetrados durante las protestas cumple con el criterio del artículo 7 del Estatuto de Roma, que define el asesinato como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque sistemático contra una población civil.

Posición de la Corte Suprema y de los Oficiales Militares

El juez supremo César San Martín ha indicado que la Ley 32107 presenta un desafío legal significativo, dado que los crímenes de lesa humanidad están regulados por el derecho internacional penal. San Martín destaca que la Corte Suprema deberá decidir si aplicar o no las disposiciones de esta nueva ley, mientras que la Sala Penal Permanente aún no ha abordado un caso similar.

Por otro lado, los oficiales militares implicados en las violaciones han cuestionado las afirmaciones de los fiscales sobre la vulneración de la autonomía judicial, argumentando que dicha autonomía está sujeta a las normas legales que deben cumplirse.

Los deudos de las víctimas del régimen de Dina Boluarte esperan justicia

Situación Política y Social en Perú

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra una alta insatisfacción con la democracia en Perú, con más de la mitad de los encuestados expresando falta de apoyo al sistema democrático actual. Este descontento refleja una creciente demanda por una democracia más genuina y participativa.

En un contexto de crisis política y social, la promulgación de la Ley 32107 añade una capa de complejidad al ya fracturado panorama peruano. La ley no solo afecta a los militares condenados, sino que también plantea serias preguntas sobre el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia internacional. A medida que la comunidad internacional observa de cerca, Perú se enfrenta al desafío de reconciliar su historia reciente con los estándares globales de derechos humanos.

Fuente: Webs y redes de noticias

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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

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Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.

El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado

El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.

El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.

Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.

Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?

El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.

Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.

Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada

La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.

Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.

Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.

Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.

Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.

En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.

Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.

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Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

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Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.

El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.

Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

Líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se dirije a los presentes

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.

Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.

Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.

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El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

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Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.

En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.

El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.

Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.

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