El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.

El dirigente social Nelson Palomino La Serna denunció que presuntamente se estarían cobrando cupos laborales para acceder a puestos en el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM). Según indicó en declaraciones a radio Studiovraem, una persona identificada como “María” estaría vinculada a estas prácticas y afirmó contar con audios que sustentarían sus señalamientos.

Por otro lado, el exsecretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), Julián Pérez Mallqui, cuestionó la designación de Rogelio Huamani Carbajal como director ejecutivo del PROVRAEM. Aseguró que su nombramiento habría sido “apadrinado” y que la dirigencia actual de la Fepavrae tendría conocimiento de esa situación.

Asimismo, Pérez criticó el rol del sindicato de la entidad, al que acusó de mantener acuerdos con directivos designados. Ante ello, solicitó que la dirigencia de la Fepavrae convoque a una reunión con representantes de la cuenca del VRAEM para evaluar medidas frente a estas presuntas irregularidades.

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el 9 de septiembre de 2025 una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía hasta el 30 de noviembre de 2025 el plazo para que nuevos militantes puedan afiliarse a partidos políticos y postular en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026. La propuesta, respaldada por bancadas como Podemos Perú y Renovación Popular, busca incrementar la participación ciudadana y renovar los liderazgos políticos a nivel local.

El dictamen, que requiere aún la aprobación del Pleno del Congreso, permitiría postular a personas que se afilien después del plazo original del 16 de junio de 2025, siempre que no mantengan múltiples afiliaciones. La medida aplica exclusivamente para los comicios subnacionales, pues el plazo para las Elecciones Generales de abril de 2026 venció en julio de 2024.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han manifestado preocupación por posibles afectaciones al calendario electoral y a la seguridad jurídica del proceso. Ambos organismos exhortaron al Legislativo a garantizar la estabilidad de las normas electorales mientras se debate la iniciativa parlamentaria.