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Donald Trump regresa a Casa Blanca en medio de protestas y anuncio de políticas ultraderechistas y populistas

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Donald Trump, el expresidente republicano y figura polarizadora de la política estadounidense, juró hoy como el 47.º presidente de los Estados Unidos, marcando el inicio de su segundo mandato. En una ceremonia cargada de simbolismo nacionalista y bajo estrictas medidas de seguridad, Trump proclamó una «nueva era dorada para Estados Unidos». Sin embargo, su regreso ha generado una oleada de críticas tanto a nivel nacional como internacional, acompañadas de protestas masivas en diversas ciudades.

En su discurso inaugural, Trump lanzó propuestas ultraderechistas y de populismo global como restaurar «la grandeza americana» a través de una agenda centrada en el proteccionismo económico, la seguridad fronteriza y un enfoque estrictamente nacionalista. Entre sus primeras medidas destacaron: La declaración de una emergencia nacional en la frontera sur para acelerar la construcción del muro fronterizo contra los migrantes. La reactivación de políticas migratorias controversiales, como «Permanece en México», que obliga a los solicitantes de asilo o permanencia a esperar en territorio mexicano mientras resuelven sus casos. La firma de órdenes ejecutivas que revocan decisiones clave de la administración Biden, incluyendo la reincorporación al Acuerdo de París. Retomar los sucesos lóbregos de la invasión y apropiación del canal de Panamá y el golfo de México. Continuar con el apoyo y financiamiento a la OTAN y las guerras que siembran muerte y destrucción en Europa y Oriente. Entre otras.

Donald Trump considera que los migrantes generan un «problema de seguridad y económico»

Trump también anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, con el objetivo de reducir costos en la administración federal. Esta medida, aunque celebrada por sectores empresariales, ha desatado críticas de sindicatos y analistas, quienes advierten sobre posibles despidos masivos y una disminución en la calidad de los servicios públicos.

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha provocado tensiones a nivel global. Su apoyo a líderes ultraderechistas, como Víktor Orbán de Hungría y Giorgia Meloni de Italia, quienes asistieron a su ceremonia inaugural, generó rechazo entre los líderes de la Unión Europea. Muchos temen que la nueva administración estadounidense priorice el aislacionismo y debilite la cooperación multilateral.

Francia, bajo el liderazgo de su presidente François Bayrou, acusó a Trump de impulsar «políticas dominadoras» que amenazan la estabilidad del continente europeo. Asimismo, la decisión de retirar nuevamente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido criticada por expertos en salud pública, quienes advierten que podría debilitar la respuesta global ante futuras pandemias.

Las manifestaciones en contra de Trump marcaron su primer día en el poder. En Washington D.C., más de 20,000 personas se congregaron cerca del Capitolio para expresar su rechazo a las políticas del presidente, calificadas por los manifestantes como autoritarias y divisivas. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago también fueron escenario de multitudinarias protestas.

Trump también expresó su intención de «retomar» el control del Canal de Panamá

A nivel internacional, se registraron movilizaciones en Londres, Berlín y Ciudad de México. Activistas y organizaciones de derechos humanos criticaron la cercanía de Trump con gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos y su respaldo a medidas consideradas discriminatorias. Las redes sociales amplificaron las protestas globales, consolidando un movimiento de resistencia internacional contra el populismo autoritario.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó las declaraciones, afirmando que el Canal sigue siendo administrado por Panamá y que no permitirá interferencias de otros países en su soberanía. Además, Panamá planteó preocupaciones ante la ONU, argumentando que el uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad de un Estado es inaceptable.

El inicio del segundo mandato de Donald Trump plantea un escenario de polarización tanto en el ámbito nacional como internacional. Mientras sus seguidores celebran su regreso como una victoria del conservadurismo populista, sus detractores temen que sus políticas profundicen las divisiones sociales y erosionen las bases democráticas.

En los próximos meses, el mundo estará atento a las acciones del presidente, cuyo liderazgo promete ser tan controvertido como decisivo para el rumbo de Estados Unidos y el equilibrio geopolítico global.

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

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El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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