El viernes 19 de abril de 2024, los dirigentes, acciones y trabajadores de las empresas azucareras Cayalti, Pomalca, Tumán y Cartavio del departamento de Lambayeque, norte peruano, agremiados en el Frente de…
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Polémico proyecto de ley de “Terrorismo Urbano” desata rechazo y críticas en Perú

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que busca tipificar el delito de «terrorismo urbano», ha generado una oleada de críticas y oposición por parte de amplios sectores de la sociedad peruana.
La propuesta, que incluye sanciones severas, como penas de hasta 30 años de prisión y cadena perpetua en casos agravados, ha sido señalada como un intento de criminalizar la protesta social y distraer la atención de la ineficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia.
La noche del jueves 03 de octubre, sorprendentemente el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista de Perú Libre, Isaac Mita, sustentó un texto sustitutorio ante el pleno del Congreso de la República recaído en los Proyectos de Ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029, 8043, 8051 y 8061; mediante el cual propuso modificar el Código Penal del Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de «terrorismo urbano», manifestando que previamente había recibido aportes de reconocidos juristas. Mientras su propia bancada Perú Libre a través de su vocero Flavio Cruz rechazaba el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, con quien su líder Vladimir Cerrón, mantiene una alianza incomprensible para sus militantes y simpatizantes.
El proyecto busca modificar los artículos 108-C, 108-D y 200 del Código Penal, e introduce el artículo 315-C, con el objetivo declarado de endurecer las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y el secuestro. La iniciativa del Ejecutivo justifica estas modificaciones por el incremento alarmante de estos delitos, que han contribuido a un clima de miedo e inseguridad en el país. Sin embargo, diversos líderes sociales, gremios y expertos en derecho penal han criticado duramente la medida.

Reacciones divididas y temores de represión social
Gustavo Minaya, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), cuestionó el verdadero propósito de la ley, señalando que el gobierno estaría utilizando la crisis de seguridad para «criminalizar las protestas sociales». “Una ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad”, sentenció Minaya, poniendo en duda la capacidad del derecho penal para resolver problemas de inseguridad mediante el endurecimiento de penas.
El Comité de Gremios, que agrupa a más de 30 organizaciones de transportistas, también se pronunció en contra del proyecto. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, advirtió que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la protesta, anunciando un posible paro nacional el próximo 10 de octubre si no se anulan normas previas que favorecen a las organizaciones criminales.

Críticas desde el ámbito académico y judicial
Desde la academia, el profesor de derecho penal José Urquizo señaló que es discutible trasladar el concepto de terrorismo al ámbito urbano, dado que este delito implica un ataque directo al funcionamiento del Estado. “El derecho penal no resuelve problemas sociales ni de seguridad pública con simples aumentos de penas”, afirmó, subrayando que la solución pasa por fortalecer el sistema de inteligencia policial y la colaboración entre las autoridades judiciales y policiales.
El magistrado Walther Huayllani Choquepuma, de la Corte de Lima, coincidió con Urquizo y aseguró que el marco legal actual es suficiente para enfrentar estos delitos. Según Huayllani, lo prioritario es mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, que actualmente carece de los recursos necesarios para responder de manera efectiva a la delincuencia.
Una ley con tinte político y consecuencias peligrosas
A pesar de las “buenas intenciones” que el gobierno alega tener con este proyecto, muchos ven en la ley un trasfondo político para socavar el derecho a la protesta y desmovilizar a sectores críticos del gobierno. Bajo este pretexto, el proyecto califica como “extorsión” acciones típicas de las manifestaciones públicas, como la ocupación de vías o la interrupción de servicios. Esta ampliación del concepto de terrorismo urbano podría afectar directamente a trabajadores, transportistas y ciudadanos que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación pacífica.
El proyecto presentado por el gobierno de Boluarte también ha sido duramente criticado por la congresista Margot Palacios, quien calificó la iniciativa de un ataque directo contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ambigüedad de términos como «perturbar el normal funcionamiento» deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias que, según Palacios, buscan reprimir protestas legítimas bajo el manto de “terrorismo”. «El nuevo Proyecto de Ley 9085 presentada por Dina Boluarte, busca introducir el delito de terrorismo urbano, sancionando a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta con penas de 10 a 15 años de cárcel» enfatizó Palacios.

La presentación de este proyecto ha abierto un profundo debate sobre los límites entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad innegable, el enfoque propuesto por el Ejecutivo parece más orientado a la represión de la protesta social que a una solución integral al problema de la inseguridad. Amplios sectores piden que el Congreso reflexione sobre las consecuencias de aprobar una norma que podría erosionar las libertades civiles en lugar de fortalecer la seguridad y justicia en el país.
Fuentes: Webs y redes de noticias
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Gobernadores regionales cuestionados expresan respaldo al presidente interino José Jeri Oré

Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.
El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.
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Alcalde de Pataz fue expulsado de la Plaza San Martín tras reunión con presidente José Jerí Oré

Lima, 12 de octubre de 2025 – Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, fue confrontado por una multitud enardecida en la Plaza San Martín de Lima tras su encuentro con el presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno. La reunión, ocurrida el mismo día, fue vista por muchos como un acto de traición, dado que Mariños había liderado una «Marcha del Sacrificio» de 45 días desde Pataz hasta Lima para exigir obras de infraestructura, salud y seguridad, demandas que no habían sido atendidas por anteriores gobiernos. Pero el movimiento popular que crece en Perú busca cambios estructurales que denotan en mensajes y discursos durante sus movilizaciones. Como se puede apreciar en el link: https://x.com/RPPNoticias/status/1977571808464298271
La multitud, compuesta por simpatizantes de partidos progresistas y de izquierda, además de ciudadanos comunes, lo acusó de «vendido» y «oportunista,» durante su presentación en la Plaza San Martín, donde aparentemente pretendía dar informe de la reunión sostenida con el presidente interino de Perú, reflejando la profunda desconfianza hacia la clase política peruana, un sentimiento exacerbado por la reciente vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de Jerí, respaldado por los mismos parlamentarios y partidos de la derecha que mantuvieron en el gobierno a Boluarte.
El incidente se produjo horas después de que Jerí invitara públicamente a Mariños a dialogar en Palacio, un gesto que el presidente calificó como una apertura al diálogo constructivo. Sin embargo, para muchos peruanos, esta reunión simbolizó un compromiso con un Congreso y un Ejecutivo percibidos como corruptos y ineficientes, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales es extremadamente baja, especialmente por las muertes producidas en el 2022 y 2023, cuyos deudos aún claman justicia.
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Alcalde de Pataz se reúne con presidente interino José Jerí en Lima y genera diversas reacciones

El alcalde provincial de Pataz, en la región La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima para sostener una reunión con el presidente interino José Jerí Oré. El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al desarrollo local, la seguridad en la zona minera y los proyectos de infraestructura pendientes en la provincia. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación de representantes del Ejecutivo y asesores municipales.
Sin embargo, el acercamiento generó críticas entre sectores del movimiento social y popular de la sierra norte y centro del país, quienes esperaban que las autoridades locales mantuvieran una posición más distante frente a un gobierno que consideran transitorio y sin respaldo popular. Algunos dirigentes señalaron que la cita con Jerí podría interpretarse como un gesto de aval político a un régimen que, según indican, no pretende impulsar ningún cambio estructural en beneficio del país profundo, porque además responde a los intereses de los que dirigen el Congreso de la República, aliados de Dina Boluarte.
Por su parte, fuentes cercanas al alcalde defendieron la reunión, argumentando que su participación responde solamente a la necesidad de gestionar recursos y proyectos urgentes para la provincia de Pataz, afectada por problemas de conectividad vial y conflictos mineros. Afirmaron además que el diálogo con el Ejecutivo no implica renunciar a las demandas históricas del pueblo liberteño, sino buscar soluciones concretas para su provincia en el marco institucional.
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