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Agricultura

Agricultores del Valle de Tambo intensifican paro indefinido contra proyectos mineros Tía María y La Tapada con apoyo de CGTP y Construcción Civil

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El paro indefinido de los agricultores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay (Arequipa), contra los proyectos mineros Tía María y La Tapada de Southern Copper Corporation, ha tomado un nuevo impulso con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato de Construcción Civil.

Este apoyo se materializará a partir del jueves 6 de febrero y se extenderá hasta el domingo 9 de febrero, en una medida que busca fortalecer la lucha contra la minería, que en la zona, amenaza impactar negativamente contra la principal actividad económica de la zona, la agricultura, al contaminar los recursos hídricos, los suelos y las personas que viven en la zona.

Tras una reunión realizada en el distrito de Cocachacra, las bases del Sindicato de Construcción Civil de la provincia de Islay acordaron sumarse al paro indefinido en rechazo a la «pretendida imposición» de los proyectos mineros. Los directivos de las diferentes bases se comprometieron a organizarse en sus localidades para brindar apoyo a los agricultores, quienes llevan más de 15 días en pie de lucha en defensa de los recursos naturales y el importante valle agrícola del departamento de Arequipa.

Firmeza en la lucha y críticas al gobierno

Los dirigentes del Valle de Tambo no han dudado en calificar de «traidora» a la presidenta Dina Boluarte, recordando que, durante su campaña como candidata vicepresidencial de Pedro Castillo en 2021, firmó un acta comprometiéndose al «retiro inmediato de Southern Perú de la provincia de Islay» y a la «cancelación definitiva del proyecto Tía María y La Tapada». Este documento, firmado en el Club Apurímac de Lima, también incluía la promesa de garantizar el desarrollo de la agricultura y el turismo en la zona.

«Ahora quiere mina. Cuando fue candidata estuvo en Cocachacra y mencionó que era importante la agricultura», señalaron los dirigentes, quienes aseguraron que mantendrán su lucha y convocarán a los agricultores a tomar acciones más contundentes.

Asamblea popular y medidas de fuerza

Miguel Meza Igme, vocero del Valle de Tambo, anunció que este miércoles 5 de febrero se realizará una asamblea popular en el sector del Boquerón a las 2:00 p.m. En esta reunión, se habrían tomado acuerdos importantes sobre la medida de huelga indefinida, que ya supera los 15 días. Entre las propuestas que se discutieron está la paralización total de la provincia de Islay durante cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo.

Preocupación por el medio ambiente y la agricultura

Luis Masco Cáceres, otro dirigente de Mollendo, reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la agricultura en el Valle de Tambo. Subrayó que la actividad agrícola es la principal fuente de sustento para los pobladores y advirtió sobre los efectos negativos que la minería podría tener en la calidad de la tierra y el agua. «La expansión minera amenaza con afectar gravemente nuestros recursos naturales», afirmó.

Por su parte, el alcalde distrital de Cocachacra, Abel Suarez Ramos, no dudó en calificar a Southern Copper Corporation como una «empresa miserable» que «ni siquiera quiere pagar impuestos». Además, denunció que la empresa no ha socializado adecuadamente su proyecto Tía María en el Valle de Tambo, lo que ha generado un rechazo generalizado en la población.

Rechazo a la minería y llamado a la unidad

El rechazo a los proyectos mineros en el Valle de Tambo sigue siendo unánime entre los agricultores y la población local. La empresa minera habría trasladado su centro de operaciones a la ciudad de Arequipa debido a la fuerte oposición en la zona. Sin embargo, los manifestantes han dejado claro que no cederán en su lucha y que continuarán defendiendo su tierra y recursos naturales.

Con el respaldo de la CGTP y Construcción Civil, el paro indefinido en el Valle de Tambo se perfila como una de las movilizaciones más significativas en la lucha contra la minería irresponsable en el sur del Perú, porque no necesariamente se cuestiona la minería en sí no, los impactos negativos que generará este tipo de explotación. La población espera que su voz sea escuchada y que se respeten sus derechos sobre un territorio que consideran vital para su subsistencia y desarrollo.

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Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

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Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.

El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.

La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.

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Agricultura

Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

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La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.

El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.

Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.

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Agricultura

La inseguridad desborda la gestión de César Acuña en Trujillo

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La noche del 4 de septiembre de 2025, una explosión en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, causada por 30 cartuchos de dinamita, dejó 11 heridos, viviendas destruidas y un vecindario sumido en el terror. Este atentado, el tercero de gran magnitud en la ciudad en lo que va del año, expone la alarmante incapacidad del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y su administración para frenar la escalada de violencia ligada al crimen organizado. Mientras las mafias de la minería ilegal y la extorsión operan con impunidad, los ciudadanos de Trujillo enfrentan un estado de indefensión que pone en entredicho las promesas de seguridad de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP).

La gestión de Acuña ha sido señalada por su falta de estrategia integral frente a la inseguridad. A pesar de los estados de emergencia declarados en Pataz y Virú, los atentados con explosivos se han vuelto recurrentes, extendiéndose incluso a zonas residenciales céntricas como Las Quintanas. Los vecinos, hartos de la inacción, protestaron airadamente, denunciando que las autoridades regionales y nacionales, encabezadas por Acuña y el ministro del Interior, Carlos Malaver, han priorizado discursos vacíos sobre medidas concretas. La captura de tres sospechosos tras el reciente atentado, aunque un avance, no compensa la ausencia de políticas preventivas que aborden las raíces del problema: el auge de la minería ilegal y las redes de extorsión que operan sin freno.

El pedido de Acuña de un estado de sitio y cadena perpetua para los responsables suena más a una reacción desesperada que a una solución estructurada. Durante su gestión, los recursos destinados a fortalecer el serenazgo, modernizar la infraestructura policial o implementar sistemas de inteligencia han sido insuficientes. En cambio, su administración ha invertido en proyectos de alto perfil mediático, mientras la población enfrenta explosiones semanales y un clima de zozobra. La promesa de bonos para los afectados de Las Quintanas, aunque necesaria, no sustituye la falta de un plan robusto para desmantelar las organizaciones criminales que, según la PNP, están detrás de estos ataques, como la banda «Los Pulpos».

La indignación ciudadana también apunta a la complicidad implícita de las autoridades locales, que han permitido que actividades sospechosas, como las reportadas en la vivienda atacada en Las Quintanas, pasen desapercibidas. Los vecinos señalan que la casa, propiedad de una empresaria minera, era escenario de fiestas ruidosas y movimientos inusuales, sin que las autoridades intervinieran. Esta omisión refleja la descoordinación entre el gobierno regional y los municipios, ambos bajo fuerte influencia de APP, que ha priorizado lealtades políticas sobre la seguridad ciudadana. La ciudadanía exige respuestas, pero la gestión de Acuña parece más enfocada en controlar el daño político que en proteger a la población.

Trujillo, otrora una ciudad vibrante, se encuentra hoy rehén de la violencia y la ineficacia gubernamental. La retórica de Acuña, quien califica estos actos como «terrorismo urbano», no basta para calmar a una población que clama por acción. Si el gobernador y sus aliados en APP no asumen la responsabilidad de implementar medidas efectivas —como mayor inversión en inteligencia policial, coordinación con las Fuerzas Armadas y un combate frontal contra la minería ilegal—, Trujillo seguirá siendo un polvorín. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo seguirá La Libertad a merced del crimen, mientras sus líderes se limitan a promesas vacías?

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