La Marcha de Sacrificio por Justicia «Uyariy», impulsada por familiares de las víctimas fallecidas y heridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, avanza por la Panamericana Sur rumbo a la capital. Delegaciones provenientes de regiones como Puno (principalmente Juliaca), Ayacucho, Apurímac, Cusco y otros puntos del sur y centro del país partieron entre el 23 y 25 de enero, con convergencia en San Vicente de Cañete como punto clave antes de ingresar a Lima. Organizaciones como la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero lideran esta movilización, que busca visibilizar el dolor de más de 50 familias afectadas por hechos documentados por entidades de derechos humanos. Video gracias a «24 Noticias en vivo».

La fecha culminante del 28 de enero de 2026 responde a su significado simbólico: marca el tercer aniversario del fallecimiento de Víctor Santisteban Yactayo, joven de 22 años que perdió la vida por impacto de perdigones policiales en el centro de Lima durante las movilizaciones de 2023. Los principales reclamos incluyen la reactivación inmediata del EFICAVIP (Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas en protestas), desactivado recientemente por resolución del Ministerio Público, así como avances en investigaciones penales, reparaciones integrales a las familias y garantías de no repetición de hechos similares.

Durante el trayecto, se han reportado denuncias de hostigamiento y vigilancia policial en zonas como Chala, Nazca y Cañete, lo que ha motivado llamados a las autoridades para respetar el derecho a la protesta pacífica. La marcha cuenta con el apoyo de colectivos juveniles de la Generación Z, organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y medios aparentemene neutrales vienen difundiendo las exigencias de la marcha. Figuras políticas progresistas han expresado solidaridad, incluyendo denuncias públicas sobre el trato a los marchantes, aunque los organizadores enfatizan que la iniciativa surge directamente del dolor y la autonomía de las familias de las regiones más impactadas, sin adscripción partidaria explícita.

Esta movilización representa un esfuerzo sostenido por memoria, verdad y reparación por parte de las familias afectadas, que insisten en demandas concretas ante el estancamiento judicial. La concentración prevista para el 28 de enero en Lima se perfila como un momento significativo para renovar el llamado a la justicia, en medio de un escenario político polarizado. Las autoridades han sido instadas a garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la actividad, mientras la sociedad observa el impacto de estas voces regionales en el debate nacional.

La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.

Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.

La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.

Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.

Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.

La drástica caída del precio del limón en Piura ha vuelto a golpear con fuerza a miles de pequeños y medianos agricultores, quienes hoy venden su principal producto por debajo de los costos de producción. Mientras los intermediarios continúan imponiendo precios en un mercado desordenado, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limitado su rol a explicar la situación como un fenómeno “estacional”, sin asumir responsabilidades por la falta de planificación agrícola, ordenamiento de la oferta ni protección efectiva al productor.

Lejos de ser un problema exclusivamente climático o de mercado, la actual crisis evidencia una ausencia sostenida de políticas públicas orientadas a garantizar calidad, productividad y acceso a mercados. La falta de fertilizantes, semillas certificadas y asistencia técnica permanente ha deteriorado la calidad del limón piurano, reduciendo su competitividad y su demanda. Estas funciones recaen directamente en el MIDAGRI y sus organismos adscritos, cuya débil presencia en el campo ha dejado al agricultor expuesto a pérdidas económicas, endeudamiento y abandono de sus parcelas.

Sin mecanismos de regulación, precios de referencia ni estrategias para diversificar mercados o impulsar la agroindustria, el peso de la crisis recae nuevamente sobre el eslabón más vulnerable de la cadena: el productor. Organizaciones agrarias advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y estructurales, la situación podría profundizar la precarización del agro regional. La defensa del limón no es solo una demanda sectorial, sino una exigencia para que el Estado cumpla su rol y evite que los pequeños agricultores sigan llevando la peor parte.