A pesar de ser apurimeña y de haber sido recibida con los brazos abiertos en estas tierras, Dina Boluarte no cumple con sus promesas y ahora los alcaldes de los 85 distritos…
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Dina Boluarte: ¡Desaprobada!

Según la más reciente encuesta de Datum, el 94% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, mientras que solo un 4% la respalda. Este resultado refleja el profundo malestar ciudadano hacia su administración, marcada por una serie de crisis políticas, sociales y económicas que han erosionado su ascenso producto de una maniobra derechista orquestada por la inexperiencia del ex presidente Pedro Castillo y falta de apoyo de los sectores progresistas y de izquierda.
Entre las principales razones de su desaprobación destacan:
Crisis social y represión: Desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo, Boluarte ha enfrentado masivas protestas en regiones del sur del país, que exigen su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas. La respuesta del gobierno, con un uso desmedido de la fuerza, ha dejado más de 70 fallecidos, según reportes de la Defensoría del Pueblo, lo que ha generado indignación nacional e internacional.

Falta de diálogo: Los críticos señalan que su administración no ha sabido construir puentes con las regiones más afectadas por la exclusión y la pobreza, lo que ha profundizado la brecha entre el Gobierno y la ciudadanía, situación que en las últimas semanas pretendieron resolver, intentado exponer a la población en algunas regiones, pero las estrictas medidas de seguridad ante las protestas, empañaron por completo la intentona de lavado de cara del régimen.
Descontento económico: La inflación, el alza de precios y la falta de medidas efectivas para reactivar la economía han agravado la percepción de una gestión ineficaz, que gestiona a favor de un sector minotario privilegiado del país y el exterior, olvidando las grandes necesidades de los que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.
A pesar de este escenario, Boluarte se mantiene en el cargo gracias al apoyo del Congreso de la República y las Fuerzas Armadas del Perú, respaldado por el poder financiero y político nacional e internacional que se beneficia con su permanencia. Además, la falta de consenso para convocar a elecciones anticipadas y la fragmentación de la oposición han permitido que continúe en el poder, aunque con una legitimidad cada vez más cuestionada.

La ciudadanía continúa exigiendo cambios profundos y una salida a la crisis que atraviesa el país, que incluye la caída del régimen a cargo del gobierno peruano.La presión social se mantiene en aumento, con organizaciones civiles y movimientos sociales liderando manifestaciones que demandan una transformación profunda del sistema político y la renuncia de Boluarte. Los ciudadanos, hartos de una gestión que parece sorda a sus demandas, han encontrado en la protesta una forma de visibilizar su descontento y exigir una agenda que priorice el bienestar de la población por encima de los intereses de elites económicas.
La represión estatal, lejos de amilanar las voces disidentes, ha generado un efecto de polarización que ha llevado a muchos a cuestionar no solo la capacidad de la presidenta para gobernar, sino la legitimidad misma del sistema democrático en su conjunto. A medida que las muertes en protestas continúan siendo registradas, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno, lo que ha producido un eco de condenas a nivel internacional.
El contexto se complica aún más ante la inminencia de nuevos conflictos sociales, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde los reclamos por la defensa del territorio y los recursos naturales se suman a las exigencias políticas. La falta de una política inclusiva y respetuosa de los derechos humanos ha colocado al régimen en la mira de diversas organizaciones a nivel mundial, que no dudan en expresar su preocupación por la situación de los derechos fundamentales en Perú.
En este entorno de creciente descontento, la solución a la crisis política se ve cada vez más distante. La polarización entre lo que consideran un gobierno ilegítimo y una oposición fragmentada ha propiciado un estancamiento que beneficia a aquellos que encuentran en la inestabilidad un terreno fértil para implementar políticas que favorecen intereses corporativos, dejando a la sociedad civil mirando hacia un futuro incierto.

Ante tal escenario, las voces de la ciudadanía resuenan con fuerza. Los jóvenes, cada vez más involucrados en la lucha por un cambio real, han hecho del uso de las redes sociales un aliado para organizarse y articular su resistencia. La era digital ha permitido que las narrativas sobre la realidad peruana se expandan rápidamente, generando un clima de solidaridad que trasciende fronteras y sensibiliza a la comunidad internacional sobre el grave estado de las cosas.
La presión por elecciones anticipadas se ha convertido en un grito colectivo que no se apacigua, mientras que el riesgo de una eventual escalada de la conflictividad social se cierne sobre el horizonte. Aunque la presidenta Boluarte se aferra al poder, el clamor popular apunta hacia un cambio de dirección que desafíe el statu quo y proponga un nuevo pacto social que incluya a todos los peruanos y peruanas en la construcción de una nación más justa y equitativa. Sin embargo, el desafío es monumental y las instituciones deberán demostrar su capacidad para responder a una ciudadanía que está decidida a no retroceder en su búsqueda de una democracia plena.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

















