La intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató protestas en Paraguay. La oposición presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.

Anunción, 4 de noviembre de 2026.- La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank amenaza con convertirse en una de las mayores turbulencias políticas del Gobierno de Santiago Peña. El colapso de la entidad, que afecta a cerca de 2,9 millones de clientes, provocó protestas de ahorristas, cuestionamientos a las autoridades financieras y la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario paraguayo.

La oposición formalizó la acusación el miércoles 4 de noviembre, con el respaldo de 35 diputados, y solicitó convocar a una sesión extraordinaria para debatir la continuidad de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa busca establecer responsabilidades políticas por la crisis bancaria y por los presuntos vínculos entre el Gobierno y el grupo empresarial propietario de la entidad.

El escenario representa un desafío para el Ejecutivo, aunque la salida del presidente todavía no está definida. Para que el juicio político avance, la Cámara de Diputados necesita reunir 53 votos de sus 80 integrantes. Posteriormente, el Senado tendría que alcanzar una mayoría de dos tercios para disponer la destitución.

Ueno Bank: una crisis que golpea a millones de paraguayos

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa financiera.

La decisión dejó fuera de servicio las operaciones de la entidad, incluidas las tarjetas, las aplicaciones digitales y las sucursales. Cerca de tres millones de personas quedaron sin acceso inmediato a sus cuentas, lo que generó incertidumbre entre trabajadores, comerciantes, empresas y ahorristas.

La situación también alcanzó al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, la entidad financiera gestionaba el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Sin embargo, la exposición de esos recursos no significa que los fondos previsionales hayan desaparecido. La situación de las inversiones deberá esclarecerse durante el proceso de resolución y las investigaciones correspondientes.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante. Las autoridades paraguayas también anunciaron medidas para acelerar la devolución de parte de los ahorros y reducir el impacto sobre los usuarios afectados.

Los vínculos de Santiago Peña bajo cuestionamiento

Uno de los principales cuestionamientos políticos apunta a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno. El mandatario fue accionista de ese grupo hasta marzo de 2025, según información difundida por Reuters.

También se encuentra bajo escrutinio la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay, debido a que anteriormente había encabezado Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en banco.

Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis, mientras que las autoridades judiciales iniciaron investigaciones para determinar posibles responsabilidades en el deterioro financiero de la institución.

Los cuestionamientos contra Peña fueron incorporados al pedido de juicio político, que incluye acusaciones de presunto conflicto de intereses, irregularidades regulatorias y exposición de recursos previsionales. Estas imputaciones corresponden a los argumentos de los legisladores que impulsan la destitución y deberán ser examinadas por las instancias correspondientes; no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judiciales demostradas.

Protestas y creciente descontento social

La crisis bancaria también trasladó el conflicto a las calles. En Asunción, ahorristas y ciudadanos afectados protagonizaron manifestaciones para exigir respuestas de las autoridades y reclamar la devolución de su dinero.

Las protestas reflejan la preocupación de miles de familias que utilizaban Ueno Bank para recibir sus salarios, realizar pagos y administrar sus ahorros. Entre los reclamos también aparecieron exigencias de transparencia y responsabilidades políticas por la situación de la entidad.

La indignación social aumentó con las denuncias sobre el uso de recursos públicos y previsionales en operaciones financieras con el banco. La crisis dejó de ser un problema exclusivamente bancario y pasó a convertirse en un cuestionamiento a los mecanismos de supervisión y control del Estado.

¿Está en riesgo la continuidad de Santiago Peña?

La presentación del pedido de juicio político abre un nuevo frente de confrontación para el Gobierno paraguayo. Aunque la oposición consiguió reunir 35 firmas, todavía necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados para formular formalmente la acusación y remitirla al Senado.

El Partido Colorado mantiene una posición mayoritaria en el Congreso, aunque algunos legisladores disidentes respaldaron la iniciativa contra Peña. Ese escenario podría generar tensiones dentro del oficialismo y convertirse en un factor determinante para el futuro político del mandatario.

Mientras tanto, el presidente ha pedido priorizar los intereses de los ahorristas y ha anunciado medidas para acelerar la devolución de los depósitos. También sostuvo que las irregularidades que se determinen deberán ser investigadas y sancionadas.

La crisis de Ueno Bank, sin embargo, ya ha debilitado políticamente al Ejecutivo y puesto bajo presión a las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.

La continuidad de Santiago Peña dependerá ahora de la evolución de las investigaciones, de la respuesta del Gobierno a los afectados y, especialmente, de los votos que consiga la oposición en el Congreso. Lo que comenzó como una crisis bancaria amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad en Paraguay.

La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.

Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas

El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.

Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.

Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.

Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.

El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.

Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación

La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.

La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.

La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.

La paralización está convocada para el 16, 17 y 18 de noviembre. El gremio reclama por el alza del diésel, la insuficiencia del subsidio estatal y la falta de soluciones frente a la informalidad en el transporte de carga.

Lima, 3 de noviembre de 2026.- Los transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, en protesta por el incremento del precio del diésel, la insuficiencia de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y la falta de respuestas frente a la informalidad en el sector. La medida, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, podría afectar el traslado de mercancías en Lima y distintas regiones del país.

Alza del diésel y subsidio insuficiente

Martín Ojeda, vocero de la organización gremial, confirmó la convocatoria y cuestionó el incremento del precio de los combustibles. Aunque reconoció que el encarecimiento del petróleo responde también a factores internacionales, sostuvo que el subsidio anunciado por el Gobierno no alcanza para compensar los mayores costos que afrontan los transportistas. El dirigente también cuestionó la falta de una partida presupuestal adecuada para atender esta problemática.

Otro de los principales reclamos es la creciente informalidad en el transporte terrestre de mercancías. Los transportistas exigen que el Estado adopte medidas efectivas de fiscalización y promueva condiciones de competencia que eviten que los operadores formales tengan que competir en desventaja frente a quienes trabajan al margen de las disposiciones legales.

Exigen implementar el Observatorio de Transporte Terrestre

Entre sus demandas también figura la implementación efectiva del Observatorio de Transporte Terrestre, establecido mediante la Ley 31886, que busca transparentar información sobre tarifas, precios, fletes y condiciones del servicio de transporte de mercancías. Esta herramienta debe contribuir a identificar distorsiones del mercado y promover la competencia en el sector formal.

Al respecto, existe un antecedente normativo importante: el Gobierno aprobó el reglamento de esta ley mediante el Decreto Supremo 020-2025-MTC y, posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó, en julio de 2026, una programación operativa para su implementación progresiva. El reclamo gremial pone en discusión la aplicación efectiva de estos instrumentos y sus resultados para los transportistas.

Bases regionales respaldarían la paralización

Según Martín Ojeda, la convocatoria cuenta con el respaldo de bases gremiales de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana, entre otras localidades. El dirigente estimó que alrededor de 20.000 transportistas de camiones y otras unidades de carga podrían participar en la medida de fuerza, aunque esta cifra corresponde a una proyección de la dirigencia.

Una paralización de esta magnitud podría repercutir en el traslado de alimentos, productos agrícolas, combustibles, materiales de construcción e insumos industriales. También podría generar retrasos en las cadenas de abastecimiento y mayores costos logísticos, con posibles consecuencias para comerciantes, productores, empresas y consumidores. La magnitud de estos efectos dependerá del nivel de acatamiento y de las rutas y actividades que resulten comprometidas.

Transportistas esperan respuesta del Ejecutivo

Pese al anuncio de la medida de fuerza, los dirigentes aseguran que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno y esperan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones atienda sus demandas antes del 16 de noviembre. La apertura de una negociación permitiría evaluar soluciones sobre el precio de los combustibles, la formalización y la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación del transporte terrestre.

Por ahora, la paralización permanece anunciada y su eventual suspensión dependerá de los resultados de las conversaciones y de las respuestas concretas del Ejecutivo. Mientras tanto, miles de transportistas esperan que sus reclamos sean atendidos y que el Gobierno presente medidas que permitan sostener sus actividades y garantizar condiciones más equitativas en el mercado nacional de transporte de carga.