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Cardenal fujimorista y pederasta fue condecorado por el ultraderechista Rafael López Aliaga de Renovación Popular

En medio de la polémica, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, otorgó la medalla de la Orden al Mérito en grado Gran Cruz al cardenal Juan Luis Cipriani, quien enfrenta graves acusaciones de pederastia y sanciones vigentes por parte del Vaticano. La condecoración fue realizada a pesar de que la Santa Sede confirmó recientemente que Cipriani fue castigado en 2019 tras ser denunciado por abuso sexual a un menor en los años 80.
Según un informe del periódico El País, el Vaticano impuso restricciones al ex arzobispo de Lima, incluidas la prohibición de usar símbolos cardenalicios, realizar declaraciones públicas y residir en Perú. El caso salió a la luz luego de que una víctima denunciara tocamientos y abusos en un centro del Opus Dei en Lima, donde Cipriani ocupaba altos cargos. Aunque el religioso niega las acusaciones y afirma que no pudo defenderse, el Vaticano ratificó que las sanciones siguen vigentes y desmintió sus declaraciones.

La decisión de López Aliaga de premiar al exarzobispo ha generado indignación. Durante el evento, Cipriani agradeció el reconocimiento y llamó a “no odiar”, mientras que el alcalde reafirmó su respaldo a través de redes sociales, calificando las denuncias como “difamación” y destacando su amistad con el exprelado.
El vínculo entre López Aliaga y Cipriani no es nuevo. Además de compartir afinidades políticas y religiosas, Javier Cipriani Thorne, hermano del cardenal, es afiliado al partido Renovación Popular y ocupa un alto cargo en una empresa municipal de Lima. Este apoyo refuerza la percepción de cercanía entre el líder ultraderechista y la figura clerical más polémica del país.
Cipriani, conocido por su alineamiento con el fujimorismo y el Opus Dei, ha sido un personaje controvertido en la historia peruana. Su gestión en Ayacucho durante el conflicto armado interno lo vinculó con la justificación de violaciones de derechos humanos, y su rol como mediador en la crisis de la embajada de Japón en 1997 generó críticas por su aparente respaldo a las decisiones del régimen de Alberto Fujimori.

Organismos de derechos humanos y sectores críticos han cuestionado tanto a Cipriani como a López Aliaga, señalando que este tipo de actos normalizan la impunidad. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Peruana permanece en silencio frente a un caso que compromete la credibilidad de la Iglesia en el país.