El partido político Ahora Nación, que postula al exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Alfonso López Chau como candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, enfrenta cuestionamientos tras un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder de América Televisión el 1 de febrero de 2026. La investigación reveló que varios de sus postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados presentan sentencias firmes, investigaciones fiscales en curso y denuncias judiciales, según registros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el reportaje, se identificaron 11 candidatos con antecedentes penales o administrativos graves. Entre los casos destacados figura Andrés Asín Meléndez, quien encabeza la lista al Senado por Lima y fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de peculado durante su gestión como exalcalde de Nuevo Imperial (Cañete), además de registrar deudas tributarias con la SUNAT. Otros postulantes enfrentan procesos por omisión a la asistencia familiar, tocamientos indebidos y deudas coactivas con el Estado, lo que genera un contraste con el discurso de renovación ética y anticorrupción promovido por la agrupación.

El propio candidato presidencial Alfonso López Chau se encuentra bajo investigación fiscal por presunto delito de colusión agravada relacionado con irregularidades durante su gestión como rector de la UNI, según fuentes judiciales consultadas en el reportaje. Aunque el proceso se mantiene en etapa de investigación y no implica una sentencia firme, ha sido incluido en el análisis para resaltar la coherencia del mensaje partidario. López Chau, de 75 años, ha escalado en las encuestas recientes, ubicándose en el cuarto lugar con alrededor del 4,6 % de intención de voto según Datum Internacional (trabajo de campo del 16 al 20 de enero de 2026, margen de error ±2,8 %).

Ante las revelaciones, el partido Ahora Nación emitió comunicados desde diciembre de 2025 solicitando la renuncia inmediata de los candidatos cuestionados y activando su Comisión de Ética para evaluar posibles expulsiones. Alfonso López Chau declaró en entrevistas posteriores que «los delincuentes están en otros partidos» y que su organización no tolera ni encubre irregularidades, enfatizando que se actúa con rapidez para mantener la credibilidad. Algunos postulantes ya han renunciado o sido excluidos en respuesta a estas medidas internas.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de las Elecciones 2026, donde múltiples agrupaciones políticas enfrentan críticas similares por la inclusión de candidatos con procesos judiciales, según informes de organizaciones como El Poder en Tus Manos y el propio JNE. Un análisis de esta entidad reveló que 252 candidaturas a nivel nacional registran sentencias penales firmes, incluyendo delitos como corrupción, violencia familiar y hurto, distribuidas en casi todas las organizaciones políticas que compiten. La ciudadanía mantiene altos niveles de desconfianza hacia la clase política, con encuestas que indican que un porcentaje significativo prefiere opciones nuevas pese a los cuestionamientos recurrentes en casi todas las listas electorales.

La Municipalidad Distrital de Ate rechazó la autorización para el lanzamiento de la plancha presidencial «castillista» de Juntos por el Perú (JP), programado para este domingo 1 de febrero de 2026 en la zona de Huaycán, distrito de Ate Vitarte, Lima Este. El evento buscaba marcar el inicio formal de la campaña del congresista y exministro Roberto Sánchez Palomino como candidato presidencial, respaldado explícitamente por el expresidente Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo, ubicado en la misma jurisdicción.

A través de un comunicado oficial emitido el mismo día, el partido lamentó la decisión y la calificó como «discriminatoria y antidemocrática». El texto, firmado por el Dr. Walter Flores Chococo, Coordinador General del Comando Nacional de Campaña de JP, señala que la municipalidad rechazó «de forma discriminatoria» la solicitud presentada por el comité organizador. «Nos vemos obligados a suspender la presentación de la plancha presidencial castillista», indica el pronunciamiento, que denuncia un «ataque a la libertad de expresión contra la fuerza política liderada por el presidente Pedro Castillo».

El rechazo se produce en un contexto de alta polarización política rumbo a las elecciones generales de abril 2026. Huaycán es un bastión histórico del castillismo y de movimientos de izquierda en Lima Este, donde JP busca consolidar apoyo popular. El alcalde de Ate, Franco Vidal Morales —quien asumió en 2023 por Avanza País (partido de centro-derecha que postula a José Williams a la presidencia en 2026) y recientemente renunció a esa agrupación para declararse «político libre»—, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial detallando los motivos específicos de la denegación. Fuentes cercanas al evento sugieren que se invocaron razones administrativas o de orden público, aunque el comunicado de JP lo interpreta como un veto ideológico.

Juntos por el Perú anunció que próximamente comunicará la nueva fecha y lugar del evento, reafirmando su compromiso con la movilización popular y la agenda de «recuperar el gobierno para el pueblo». El partido, que integra a figuras cercanas al expresidente Castillo —como Analí Márquez y Brígida Curo en la fórmula vicepresidencial—, ha realizado lanzamientos previos en regiones como Puno (Juliaca), donde congregó a miles de simpatizantes. Este incidente en Ate resalta las tensiones en la precampaña, donde el control de espacios públicos en distritos clave de Lima se convierte en un punto de fricción entre fuerzas de izquierda y derecha.

Hasta ahora, ni la Municipalidad de Ate ni el alcalde Vidal han respondido públicamente a las acusaciones de discriminación. El caso podría derivar en acciones judiciales por parte de JP, como una acción de amparo por vulneración a los derechos de libertad de expresión y reunión, en el marco de la legislación electoral vigente que protege la igualdad en la competencia política. El episodio subraya la creciente polarización en el escenario preelectoral peruano, donde gestos como este podrían influir en la percepción pública de ambos bandos.

Lima, 30 enero 2026.- La 3° Movilización por la Educación – BECAS 2026, convocada por la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), se desarrolló el viernes 30 de enero de 2026 en el frontis del Congreso de la República (cruce de Av. Abancay con Jr. Junín, Cercado de Lima), desde las 9:00 a.m. Cientos de jóvenes postulantes a Beca 18, becarios actuales, exbecarios y familias se congregaron de forma pacífica para demandar el financiamiento integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu).

La acción protestó contra el recorte presupuestal que limita las becas nuevas a unas 10.000 plazas —frente a las 20.000 o hasta 38.000 prometidas inicialmente— y el prolongado retraso en la publicación de los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) de noviembre 2025, afectando a más de 100.000 postulantes en situación de vulnerabilidad. Los participantes, muchos con pancartas, banderas de RENAJUV y megáfonos, entonaron consignas como “Con los recursos de las becas no se juega”, “Pronabec no se negocia” y “#JuntosPorLaEducación”.

Líderes de la organización, incluido Anthony Ramos Vargas (presidente de RENAJUV), criticaron el “pase de responsabilidades” entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la falta de transparencia y el silencio oficial. Se entregó un petitorio simbólico al Congreso solicitando la publicación inmediata de la lista de preseleccionados y un aumento urgente del presupuesto para evitar que miles de jóvenes talentosos queden excluidos del acceso a la educación superior.

La marcha transcurrió sin incidentes violentos ni detenciones, concentrándose en la explanada bajo condiciones climáticas adversas. Candidatas al Senado Nacional como Margot Palacios y Mirtha Vásquez destacaron en sus redes la determinación de los manifestantes y la urgencia de respuestas concretas de parte del gobierno, señalando que varias universidades ya cerraron inscripciones mientras persiste la incertidumbre. El gobierno, ante la presión acumulada de esta y marchas previas (diciembre 2025 y 9 de enero frente al MEF y Minedu), reiteró el compromiso de al menos 10.000 becas nuevas para 2026, con la lista de preseleccionados prevista para antes de mediados de febrero —un avance parcial que los organizadores atribuyen directamente a la visibilización generada por las movilizaciones.

Esta fue la tercera concentración consecutiva de RENAJUV en defensa de las becas, enmarcada en una crisis presupuestal donde solo se asignaron cerca de S/50 millones frente a solicitudes mucho mayores. Padres y postulantes enfatizaron que el retraso no es solo técnico, sino una dilación que pone en riesgo la movilidad social de generaciones vulnerables. La protesta generó eco en redes y medios, reforzando críticas al gobierno interino por priorizar insuficientemente la educación en un contexto de desigualdad persistente en el acceso a la universidad.

RENAJUV calificó la jornada como un éxito al mantener el tema en la agenda pública y política, aunque advirtió que la lucha continúa. Los jóvenes no descartan nuevas acciones si no hay anuncios firmes en las próximas semanas. La movilización resalta la demanda colectiva por tratar la educación como un derecho real y no como promesa incumplida, en un Perú donde miles de egresados de secundaria ven truncadas sus oportunidades por barreras económicas y administrativas.