Cercado de Lima, 9 de julio 2026.- La discusión del proyecto que busca mejorar los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político y presupuestal en el Congreso de la República. Miles de servidores públicos agrupados en sindicatos nacionales mantienen la presión para que se reconozca el pago completo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las gratificaciones equivalentes a una remuneración íntegra, rechazando cualquier esquema que postergue estos beneficios durante varios años.

El principal punto de controversia surgió tras conocerse una propuesta de trabajo debatida en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que planteaba una aplicación progresiva de estos derechos laborales. Según la iniciativa discutida, el reconocimiento de la CTS y las gratificaciones comenzaría con un 10% durante el presente año, alcanzando el 100% recién en el año 2030. Para los gremios estatales, este cronograma mantiene la desigualdad entre trabajadores del propio Estado y prolonga una situación que consideran discriminatoria frente a otros regímenes laborales públicos.

Las organizaciones sindicales, que representan a trabajadores CAS de sectores como Salud, Educación, gobiernos regionales, municipalidades y entidades administrativas, sostienen que la implementación debe realizarse en un plazo considerablemente menor. Argumentan que miles de servidores cumplen funciones permanentes desde hace varios años sin acceder plenamente a beneficios laborales equivalentes a los de otros trabajadores estatales, pese a desempeñar labores esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.

La presión también se refleja en las calles. Diversas federaciones nacionales han realizado plantones y movilizaciones frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso de la República para exigir una solución durante el debate legislativo. En paralelo, dirigentes sindicales mantienen reuniones con congresistas y representantes técnicos con el objetivo de incorporar modificaciones al texto sustitutorio antes de que la iniciativa retorne a discusión en la Comisión Permanente.

En las regiones, el escenario también comienza a tensarse. En Cusco, Arequipa y Puno, sindicatos de trabajadores de salud y educación han advertido que podrían convocar paros preventivos si se mantiene la progresividad hasta 2030 para el pago íntegro de la CTS y las gratificaciones. Los dirigentes sostienen que el incremento del costo de vida y las condiciones económicas en las zonas altoandinas hacen urgente acelerar el reconocimiento de estos derechos laborales.

Situaciones similares se reportan en Junín y Ayacucho, donde gremios del sector educación y trabajadores de municipios provinciales permanecen en asamblea permanente. Entre sus demandas figura que los recursos provenientes de los saldos de balance regionales, considerados dentro del debate del crédito suplementario y de la descentralización financiera, incluyan partidas de contingencia destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal contratado bajo el régimen CAS.

Mientras el Congreso mantiene en cuarto intermedio el análisis del proyecto y el Ejecutivo evalúa su viabilidad presupuestal, la expectativa se centra en encontrar una fórmula financiera que permita acelerar el reconocimiento de estos beneficios sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas. La decisión que adopten la Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista Alejandro Soto, y el Ministerio de Economía y Finanzas será determinante para definir si miles de trabajadores CAS logran una mejora inmediata de sus derechos laborales o si el conflicto social continúa escalando en las próximas semanas.

Puno, 8 de julio 2026.- La creciente escasez de lluvias en las provincias altoandinas de Puno ha encendido las alarmas entre productores, gremios agrarios y especialistas, quienes advierten que la ganadería alpaquera enfrenta una de sus mayores amenazas en los últimos años. La disminución de las precipitaciones ha reducido la disponibilidad de bofedales, manantiales y pastizales naturales, afectando directamente la alimentación y supervivencia de miles de alpacas, actividad que constituye el principal sustento económico de numerosas comunidades campesinas.

Representantes de organizaciones de productores alpaqueros señalaron que la crisis climática está alterando el ciclo hídrico de las zonas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, donde la falta de agua ya provoca pérdidas en la producción de fibra, menor peso del ganado y una mayor mortalidad de crías. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Perú concentra alrededor del 87 % de la población mundial de alpacas, de las cuales más del 40 % se encuentran en la región Puno, considerada el principal centro de producción del país.

Frente a este panorama, gremios agrarios, técnicos y especialistas en recursos hídricos han propuesto la ejecución de un megaproyecto regional de siembra y cosecha de agua, que contemple la construcción de qochas, reservorios, zanjas de infiltración, recuperación de bofedales y reforestación con especies nativas. La iniciativa busca almacenar agua durante la temporada de lluvias para garantizar su disponibilidad en los meses de estiaje, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la inversión en infraestructura natural resulta más rentable que atender de manera permanente las emergencias provocadas por sequías y heladas. Asimismo, solicitaron al Gobierno Central, al Gobierno Regional de Puno y a las municipalidades priorizar recursos para la implementación de un plan integral que involucre a las comunidades campesinas, universidades, organismos técnicos y programas de desarrollo rural, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la actividad alpaquera.

La preocupación también alcanza al sector exportador, debido a que la fibra de alpaca peruana representa uno de los productos textiles de mayor valor en los mercados internacionales. Los productores advirtieron que, de no ejecutarse medidas estructurales para garantizar la disponibilidad de agua en las zonas altoandinas, la producción podría verse seriamente afectada en los próximos años, comprometiendo la economía regional y la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen directamente de la ganadería alpaquera.

Las tensiones sociales y las emergencias que afectan al turismo han colocado nuevamente a Cusco en el centro de la agenda nacional. Diversas organizaciones sociales, gremios y colectivos de la región vienen impulsando un paro macro regional para mediados de julio en rechazo a las adendas del proceso de masificación del gas vinculadas a la empresa Cálidda, medida que coincide con una serie de hechos que han encendido las alertas sobre la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros.

Los dirigentes sostienen que las modificaciones al proyecto de masificación del gas no responden a las necesidades del sur del país y demandan que el Gobierno priorice el reinicio del Gasoducto Sur Peruano, obra considerada estratégica para garantizar el acceso al gas natural en Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna y Madre de Dios. Las organizaciones advierten que, de no obtener una respuesta concreta, las protestas podrían incluir bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas.

El anuncio del paro ha generado preocupación entre empresarios, operadores turísticos y ciudadanos, debido a que una paralización de gran magnitud podría afectar el transporte, el comercio y la llegada de miles de visitantes durante una temporada considerada clave para la economía regional. Las autoridades vienen exhortando a mantener el diálogo para evitar un nuevo escenario de conflictividad social que perjudique a la población.

A esta coyuntura se suma la investigación por el fallecimiento de un turista estadounidense, cuyo cuerpo fue encontrado luego de permanecer desaparecido durante varios días en la ruta hacia la Montaña de Siete Colores. La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras continúan las recomendaciones para que los visitantes realicen estas caminatas con operadores autorizados y bajo condiciones climáticas favorables.

Otro hecho que ha causado conmoción es la muerte de un turista francés en la llaqta de Machu Picchu, caso que también viene siendo investigado por las autoridades competentes para determinar las causas del deceso. Ambos sucesos han reabierto el debate sobre los protocolos de prevención, la capacidad de respuesta ante emergencias y la necesidad de reforzar la asistencia médica y la seguridad en los principales destinos turísticos de la región.

Asimismo, un grupo de turistas extranjeros tuvo que ser trasladado a establecimientos de salud luego de presentar malestares en el Centro Histórico del Cusco, presuntamente como consecuencia de una fumigación realizada en la zona. Las autoridades sanitarias evalúan las circunstancias del incidente y determinarán si se cumplieron los protocolos de seguridad antes de ejecutar este tipo de intervenciones en espacios con alta concentración de visitantes.

Frente a este panorama, especialistas consideran indispensable que las autoridades nacionales, regionales y locales actúen con rapidez tanto para atender las demandas sociales vinculadas al desarrollo energético del sur como para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta en los principales atractivos turísticos. La estabilidad social y la seguridad de los visitantes serán determinantes para preservar la imagen del Cusco como uno de los destinos más importantes del Perú y de Sudamérica.