Bolivia atraviesa su peor crisis política desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos violentos y una coalición de sindicatos, campesinos, mineros y maestros que ha convergido en una sola demanda: la renuncia del presidente.

A seis meses de asumir el cargo, el presidente Paz se encuentra asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política del país. Tras dos semanas de cortes de rutas liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros, el ingreso de alimentos y combustible a La Paz continúa paralizado.

Desde inicios de mayo de 2026, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas se han levantado contra el Gobierno, exigiendo aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas estatales e incluso la renuncia del presidente.

Los actores y sus demandas

La protesta es de naturaleza multisectorial. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza las movilizaciones. Su máximo dirigente, el minero Mario Argollo, señaló que la preocupación de su sector ya no es el incremento salarial del 20%, sino las reformas y nuevas leyes anunciadas por el Ejecutivo que, según el sindicalista, servirán para privatizar las empresas estatales y servicios básicos.

Estas organizaciones han reducido sus exigencias a un solo punto: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La COB ratificó la continuidad del paro movilizado indefinido, instruido en un Cabildo Nacional, y convocó a federaciones, centrales obreras departamentales (COD) y regionales (COR) a participar en jornadas de marchas y bloqueos.

A las protestas también se sumaron los maestros en Santa Cruz, que realizaron huelgas y se encadenaron en oficinas públicas para exigir mejoras salariales y participación en una nueva ley educativa.

En cuanto a los campesinos, el dirigente Alejandro Yura declaró a la agencia EFE que su sector ya no busca el diálogo con el Gobierno, sino la renuncia del mandatario, algo por lo que, según afirmó, pelearán hasta las últimas consecuencias.

El impacto humanitario y económico

Los manifestantes han cerrado casi todos los accesos a La Paz e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos. Según el Gobierno, como consecuencia de los bloqueos, hasta el momento han muerto tres personas, incluida una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica oportuna. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que las protestas y bloqueos generan pérdidas económicas de entre 50 y 60 millones de dólares al día.

El operativo del 16 de mayo

Desde la madrugada del sábado 16 de mayo, más de 3.500 policías y militares intentaron dispersar las manifestaciones. Al menos 57 personas fueron detenidas en ese operativo. Las fuerzas estatales intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes; sin embargo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que en la madrugada del domingo aún persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz.

La posición del Gobierno y la respuesta internacional

El Ejecutivo rechaza categóricamente las demandas de renuncia. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero que hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia. El Gobierno de Paz denunció además un supuesto plan diseñado por el expresidente Evo Morales para romper el orden constitucional, financiado presuntamente por el narcotráfico. Morales rechazó esas declaraciones y respaldó públicamente a los manifestantes.

En el plano internacional, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta sobre la situación humanitaria en Bolivia, rechazando toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y exhortando a los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo y la paz social. El gobierno boliviano agradeció además el apoyo del presidente argentino Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules para tareas humanitarias.

Contexto: el fin de dos décadas del MAS

Rodrigo Paz puso fin a casi 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia, mostrando una línea muy distinta a la del expresidente Evo Morales. Como primera medida, puso fin al subsidio a los combustibles, lo que hizo subir el precio de la gasolina y el diésel. Pero el gobierno importó gasolina de baja calidad que desató protestas de los transportistas por daños a sus vehículos, lo que forzó la renuncia del ministro de Hidrocarburos. La falta de dólares sigue castigando a la economía y las reformas prometidas por Paz están demoradas.

Los productores de arroz de distintas regiones del país anunciaron la realización de un paro nacional agrario para el próximo 18 de mayo, en protesta por la grave crisis económica que afecta al sector. Los dirigentes señalan que la caída de los precios en chacra, el incremento de los costos de producción y el ingreso de arroz importado han puesto en riesgo la sostenibilidad de miles de agricultores.

La medida de fuerza es impulsada principalmente por gremios arroceros del norte del país, quienes aseguran que el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos en anteriores mesas de diálogo. Los agricultores advierten que la reducción de aranceles ha favorecido el ingreso de arroz extranjero a menores precios, generando una competencia que consideran desigual frente a la producción nacional.

Emilio Ruesta Zapata, exdirigente de la Junta de Usuarios del Bajo Piura, cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para proteger al sector agrícola peruano. “Han bajado los aranceles en lugar de subirlos. Eso permite que ingrese arroz barato del extranjero y perjudica directamente al productor nacional, que no recibe subsidios”, sostuvo.

Los gremios también denunciaron el incumplimiento de proyectos vinculados a infraestructura hídrica, mantenimiento de canales y mecanismos de comercialización para garantizar precios justos. Según indicaron, la falta de avances en las negociaciones ha generado malestar entre las más de 200 mil familias que dependen del cultivo de arroz en regiones como Piura, Lambayeque, San Martín y la selva central.

Entre las principales demandas del pliego de reclamos figuran la revisión del Sistema de Franja de Precios para incrementar los aranceles al arroz importado, la priorización de compras estatales de arroz nacional para programas sociales y la implementación de subsidios para fertilizantes e insumos agrícolas. Asimismo, solicitan mayor inversión en obras de infraestructura y prevención ante eventos climáticos.

Los dirigentes advirtieron que, de concretarse el paro con bloqueos en vías estratégicas como la Panamericana Norte y carreteras de acceso a la selva, podría verse afectado el abastecimiento de arroz en mercados mayoristas de Lima y otras ciudades del país durante la segunda quincena de mayo.

Ante este escenario, los productores hicieron un llamado a la unidad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y exhortaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a instalar una mesa de diálogo con soluciones concretas. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida anunciada.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido político Fuerza Popular con una multa de S/198 mil tras detectar presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo (FPD), recursos que el Estado entrega a las organizaciones políticas para actividades específicas establecidas por ley.

Según la resolución administrativa, la agrupación liderada por Keiko Fujimori habría destinado parte de estos fondos al pago de defensa legal de dirigentes y miembros de su cúpula partidaria, un uso que excede los fines permitidos por la normativa electoral vigente.

La ONPE precisó que el Financiamiento Público Directo debe emplearse exclusivamente en actividades de capacitación, investigación, fortalecimiento institucional y funcionamiento ordinario del partido. Sin embargo, la fiscalización detectó desembolsos vinculados a honorarios de abogados que participaron en procesos judiciales personales de dirigentes de Fuerza Popular, incluida la propia Fujimori.

El organismo electoral consideró que estos gastos constituyen una infracción grave al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, debido a que los recursos públicos no pueden ser utilizados para afrontar contingencias legales de carácter individual.

Fuerza Popular apelará sanción

Tras conocerse la medida, Keiko Fujimori cuestionó duramente a la ONPE y calificó a la institución como “desacreditada”. Además, sostuvo que la sanción responde a una supuesta persecución política contra su agrupación.

La lideresa de Fuerza Popular también criticó los criterios aplicados por el ente electoral para evaluar los gastos partidarios y afirmó que buscan perjudicar a su organización de cara a futuros procesos electorales.

En esa línea, la personería legal del partido anunció que presentará un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar y resolver el caso en definitiva.

La defensa de Fuerza Popular argumenta que los gastos en asesoría legal forman parte del funcionamiento ordinario del partido, especialmente en un contexto que consideran de “judicialización de la política”.

Especialistas advierten precedente

Especialistas en derecho electoral señalaron que esta sanción podría marcar un precedente importante en la supervisión del uso de recursos públicos asignados a los partidos políticos.

Recordaron que el Financiamiento Público Directo tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad democrática mediante la formación de cuadros técnicos, la elaboración de propuestas y el funcionamiento administrativo de las organizaciones políticas, y no para cubrir gastos judiciales personales.

La resolución también advierte que, de repetirse este tipo de conductas, Fuerza Popular podría enfrentar sanciones más severas, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos públicos.

De confirmarse la multa en segunda instancia, el partido deberá asumir el pago correspondiente o aceptar que el monto sea descontado de futuras asignaciones presupuestarias.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y el control sobre el uso de recursos provenientes del Estado.