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Dirigentes de la cuenca del río Coralaque se reunirán para evaluar la tregua del paro indefinido por promesas incumplidas del Gobierno

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La profesora Grethel Callo Paye, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Omate, se pronunció respecto a la situación que persiste en torno a la contaminación del río Coralaque y los demás puntos de la agenda de huelga. En declaraciones recientes, señaló que, aunque se ha mantenido una tregua en el conflicto, aún queda mucho por resolver

Callo Paye informó que se llevará a cabo una reunión con los dirigentes locales antes del 15 de enero, para luego convocar a las autoridades competentes. Asimismo, el 13 de enero se emitirían un pronunciamiento en el que se decidirá si se convoca o no a una huelga indefinida. La decisión será tomada en conjunto con representantes de las tres provincias afectadas, quienes evaluarán las posibles acciones frente a esta problemática ambiental que sigue impactando gravemente a la población de la zona. La dirigente destacó la importancia de la unidad para lograr soluciones efectivas a este conflicto.

En relación con la reciente reunión de la Mesa de Diálogo sobre la cuenca del río Coralaque, celebrada el 7 de enero en Moquegua, varios actores regionales y locales expresaron su frustración y desconcierto. A pesar de algunos acuerdos, como el compromiso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de asignar S/ 31 millones para labores de mitigación y la prórroga del estado de emergencia por contaminación hídrica, las críticas al manejo estatal fueron notorias, especialmente hacia la empresa Activos Mineros SAC (AMSAC), encargada del cierre de la unidad minera Florencia Tucari, de la minera Aruntani SAC.

Mesa de Diálogo sobre la cuenca del río Coralaque, celebrada el 7 de enero en Moquegua

Uno de los puntos más críticos fue la denuncia de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, sobre la falta de comunicación del Gobierno Nacional con los alcaldes locales. Varios ediles de distritos clave, como Chojata, Matalaque y Quinistaquillas, no asistieron a la reunión por no haber sido notificados a tiempo. Gutiérrez expresó que se debe convocar de manera oportuna a los alcaldes y a la sociedad civil, reflejando la desconexión y falta de coordinación en el proceso de diálogo.

A nivel técnico, las críticas hacia AMSAC fueron igualmente contundentes. Carlos Santos, subgerente de Gestión de Medio Ambiente de Mariscal Nieto, expresó el creciente descontento por la ineficacia de la empresa en las labores de cierre de la mina. «Se ha perdido la confianza en AMSAC debido a las pocas acciones ejecutadas», indicó, un sentimiento respaldado por el alcalde de Torata, Elvis Córdoba, quien sugirió adelantar el cierre de la mina a 2027, en lugar de 2030, si el Gobierno actuara con decisión.

El exalcalde de Sánchez Cerro, Luis Concha, fue aún más crítico, sugiriendo que una empresa privada debería hacerse cargo de la remediación, dada la ineficiencia mostrada por AMSAC. Estas declaraciones reflejan un clima de desconfianza y frustración, alimentado por lo que muchos consideran la inacción del Ejecutivo frente a una grave crisis ambiental.

A pesar de los compromisos alcanzados, como la prórroga de la emergencia y la asignación de recursos, las expectativas para la próxima reunión de cierre de la mesa de diálogo, donde se conformará el Comité de Seguimiento del Plan de Acción Multisectorial Integrado, son bajas. Esta reunión, que se celebrará en Omate, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si el Gobierno cumplirá con sus compromisos y si los recursos se utilizarán de manera efectiva o si, por el contrario, se repetirá la historia de promesas incumplidas.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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