Puno, julio de 2025. La provincia de Melgar, en la región Puno, vive una crisis ambiental de graves proporciones debido a la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, la única fuente de agua para las comunidades rurales de la zona. Frente a la inacción del Ejecutivo, pobladores de distintos distritos realizaron esta semana una movilización pacífica en la ciudad de Puno para exigir la ejecución de los compromisos asumidos por el Gobierno Central y la declaratoria de emergencia ambiental.

Los manifestantes, encabezados por autoridades locales y dirigentes comunales, señalaron que la contaminación —atribuida a los pasivos mineros de la empresa Aruntani S.A.C.— ha provocado un incremento alarmante en la mortandad de animales, así como la pérdida de cultivos y forraje, pilares de la economía agropecuaria en la provincia.

“El agua que consumen nuestras familias y nuestros animales tiene niveles de acidez altísimos. Esto está matando lentamente nuestra ganadería y nuestra salud”, denunció Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo.

El alcalde de Melgar, Russell Nilver Mamani, confirmó que los 61 millones de soles comprometidos por el Ejecutivo para la remediación ambiental aún no han sido ejecutados, pese a haberse anunciado hace varios años. “El gobierno nos ha fallado. Nos prometen soluciones pero no hacen nada. La situación es insostenible”, afirmó.

La protesta también se motivó por la inexplicable ausencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes habían sido convocados a una reunión con los dirigentes comunales para abordar la emergencia. Ante ello, las organizaciones otorgaron un **plazo de cinco días hábiles** para que las autoridades nacionales se trasladen a la provincia de Melgar y sostengan un diálogo en territorio.

De no obtener respuesta, las comunidades han advertido que retomarán una protesta indefinida a fin de visibilizar la situación y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones.

La cuenca del Llallimayo —ubicada en la zona altoandina de Puno— ha sido afectada durante más de una década por residuos mineros que han contaminado el agua, el suelo y los ecosistemas. Las consecuencias han sido devastadoras: pérdidas económicas irreparables, retroceso en la producción agropecuaria y riesgos crecientes para la salud pública.

Durante la movilización, los pobladores también exigieron la reactivación inmediata de la mesa técnica de la cuenca Llallimayo, que permanece inoperativa, así como un cronograma claro para la ejecución del proyecto de remediación ambiental. “No pedimos limosnas, exigimos justicia ambiental y respeto a nuestros derechos”, enfatizó uno de los dirigentes.

Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.

Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.

El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.

“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.

“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.

Cusco, 6 de junio de 2025 – Más de 6,000 comunidades campesinas del Perú, representando a unos 2 millones de campesinos, han iniciado una movilización nacional para exigir la derogatoria de la Ley 32293, promulgada el 8 de abril de 2025, que permite la formalización de posesiones informales sobre tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015. Organizaciones como la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco (FARTAC) denuncian que esta norma vulnera los derechos territoriales de las comunidades, facilitando el despojo de sus tierras en favor de traficantes de terrenos y grandes empresas.

La Ley 32293, que modifica la Ley 24657, ha generado indignación por contradecir el artículo 89 de la Constitución, que protege la imprescriptibilidad de las tierras comunales, y por omitir la consulta previa exigida por el Convenio 169 de la OIT. Según AIDESEP y expertos de CEPES e IDL, la norma legaliza ocupaciones informales, exponiendo a las comunidades a la pérdida de sus territorios ancestrales y a nuevos conflictos sociales. “Esta ley es un ataque directo a nuestra identidad y sustento”, afirmó un líder de la FARTAC.

En respuesta, las comunidades campesinas, lideradas por organizaciones como la FARTAC, han tomado la iniciativa de impulsar la derogatoria de la Ley 32293. La congresista Margot Palacios apoya esta lucha con el Proyecto de Ley 11394, presentado para anular la norma y restaurar la soberanía de las comunidades sobre sus tierras. “Las comunidades son las protagonistas de esta lucha; nuestro proyecto es una herramienta para respaldar su justa demanda”, declaró Palacios.

Las organizaciones campesinas han anunciado marchas, asambleas y acciones legales a nivel nacional para presionar al Congreso por la aprobación del Proyecto de Ley 11394. El 5 de junio, un conversatorio virtual en Cusco, titulado “Derogatoria de todas las leyes Boluarte que perjudican al pueblo”, reunió a líderes campesinos para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley 32293 y planificar estrategias de resistencia. “No permitiremos que nos arrebaten nuestras tierras”, enfatizó un representante de la FARTAC.

El impacto de la Ley 32293 va más allá de lo territorial, amenazando la identidad cultural y los medios de vida de las comunidades. La norma podría facilitar proyectos extractivos y especulación inmobiliaria, mientras criminaliza a líderes comunales que defienden sus territorios. AIDESEP ha propuesto demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, señalando la falta de consulta previa como una violación de los derechos fundamentales.

El Proyecto de Ley 11394, disponible en www.congreso.gob.pe y en https://goo.su/cZEYozJ, espera ser debatido en comisiones como la Agraria y la de Pueblos Andinos. Su aprobación depende del apoyo político y de la presión de las comunidades, que están decididas a proteger su patrimonio. Las organizaciones campesinas llaman a la ciudadanía a unirse a su causa, difundiendo información y participando en las movilizaciones.

La lucha por la derogatoria de la Ley 32293 es un clamor por justicia y dignidad. Con las comunidades campesinas al frente y el respaldo de aliados como la congresista Palacios, esta movilización busca revertir siglos de despojo y garantizar que las tierras comunales sigan siendo el corazón de la vida campesina en el Perú.