En un hito para el distrito más populoso del Callao, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.º 10874, impulsado por la congresista ayacuchana Margot Palacios, que propone la creación de la Universidad Nacional de Ventanilla. Esta iniciativa, que beneficiará a más de 28 mil jóvenes que egresan anualmente del quinto de secundaria, despierta una renovada esperanza entre los pobladores, quienes ven en esta futura institución una oportunidad para acceder a educación superior de calidad sin alejarse de sus hogares. La noticia ha generado entusiasmo en las autoridades municipales y en las calles de Ventanilla, donde familias y estudiantes de nivel secundaria vislumbran un futuro con mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional.

La aprobación del dictamen es un paso crucial, por lo que, la congresista Palacios ha instado al Pleno del Congreso a agendar cuanto antes el debate y votación de la ley. La creación de esta universidad no solo responde a una demanda histórica de la juventud ventanillense, sino que también promete impulsar el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo carreras alineadas con las necesidades locales, como ingenierías, ciencias de la salud y administración. En un distrito donde la falta de acceso a la educación superior ha sido una barrera constante, esta iniciativa representa un faro de esperanza para miles de familias que sueñan con un mejor porvenir para sus hijos.

El distrito de Ventanilla, conocido por su espíritu de progreso, ha recibido la noticia con optimismo, pero también con expectativa. Estudiantes como María Quispe, de 17 años, expresan su emoción: “Siempre soñé con estudiar en una universidad, pero el costo y la distancia eran un problema. Ahora siento que sí puedo lograrlo”. La congresista Palacios, firme en su compromiso con la educación pública superior, ha reiterado su llamado a los legisladores para que prioricen este proyecto en el Pleno, asegurando que “la educación es el motor del cambio para nuestra juventud”. Con el apoyo ciudadano y de sus colegas, Ventanilla está más cerca de contar con una universidad que transforme vidas y fortalezca el tejido social del distrito.

Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.

El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.

Lima, 4 de noviembre de 2025 – Un nuevo paro de transportistas urbanos sacudió Lima y Callao este martes, afectando a millones de usuarios ante la paralización de más de 8,000 buses de más de 250 empresas. Convocado por gremios como Transportistas Unidos y CONET Perú, el «apagado de motores» respondió a la escalada de inseguridad, con 47 choferes asesinados en 2025 por extorsiones y sicariato. Marchas pacíficas desde Carabayllo, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho exigieron mayor protección policial y reuniones con el gobierno, mientras la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) garantizó el funcionamiento pleno del Metropolitano, Metro Líneas 1 y 2, y corredores complementarios.

El paro, iniciado a las 6:00 a.m., generó aglomeraciones en paraderos y un alza de hasta cuatro veces en los precios de pasajes informales. Instituciones como EsSalud reprogramaron citas médicas, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso clases virtuales en colegios. Aunque gremios como la Cámara de Transporte Urbano (60% del sector) no se sumaron, el impacto fue severo en conos Norte, Sur y Este. La Policía Nacional desplegó operativos en puntos críticos como la avenida Néstor Gambetta (Callao) y la Panamericana Sur, evitando bloqueos pero reportando tensión en algunos sectores.

Tras diálogos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, los gremios levantaron parcialmente el paro al mediodía, restableciendo el servicio de manera progresiva. Sin embargo, líderes como Martín Ojeda advirtieron que las protestas podrían reactivarse si no se implementan medidas efectivas contra el crimen organizado. El estado de emergencia vigente desde el 22 de octubre en Lima y Callao no ha frenado los ataques, y la ciudadanía exige soluciones urgentes para un sector clave de la economía limeña.